El Defensor del Pueblo de Navarra multará cada 20 días con 1.500 euros a las administraciones que no colaboren

El Defensor del Pueblo de Navarra tendrá la potestad para imponer multas coercitivas de hasta 1.500 euros a las administraciones que no respondan a sus reiterados requerimientos. Esto será posible tras la aprobación este jueves por unanimidad del pleno del Parlamento foral de una modificación legal que lo permite. Fue el propio Defensor, Javier Enériz, presente en la tribuna del hemiciclo durante el debate, quien solicitó a la cámara esta iniciativa legislativa que le permitiera sancionar luego de encontrarse con algunos organismos que no colaboraban con sus peticiones de información. De esta manera, la proposición aprobada modifica la ley foral 4/2000 de 3 de julio del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral, y habilita a la institución a reiterar una multa cada veinte días hasta cumplirse de forma íntegra lo requerido.

La modificación legal requería de mayoría absoluta para salir adelante y ha sido aprobada finalmente por unanimidad sin haber presentado ningún grupo enmiendas a la misma. De esta manera, con la novedad introducida se permite también a la institución señalar y hacer pública qué administraciones o entidades responsables incumplen sus requerimientos tanto en su página web, informe anual o especial, como en los medios de comunicación, además de tener que dar traslado de las conductas al Parlamento de Navarra. En su memoria anual de 2020, Javier Enériz, aunque reconoce la colaboración mayoritaria a sus requerimientos, sí señala “su preocupación por la persistente, incluso en algunos ejercicios creciente, falta de colaboración de algunas Administraciones públicas” con la institución “garante de los derechos de los ciudadanos”. En este sentido, se quejaba las medidas insuficientes y vigentes hasta el momento para hacer frente a esa falta de colaboración.

Asimismo, consideraba la vía penal como “la última ratio del derecho”, por no ser el método más adecuado al resultar desproporcionada. Por ello, solicitaba “una medida efectiva y proporcionada”, como medidas coercitivas mediante multas periódicas a las administraciones que no respondieran o se demoraran en exceso. En dicho informe, destaca precisamente las administraciones menos colaboradoras en sus peticiones de información el pasado año. Encabezan la lista el departamento de Educación del Gobierno foral, en hasta 18 ocasiones. Le sigue el Ayuntamiento de Aranguren, con 12 peticiones de información, el Ayuntamiento de Pamplona (11) y el departamento de Salud (8). Este último, señala en su memoria, fue además el menos colaborador en la respuesta recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales en hasta 14 ocasiones, seguido del consistorio pamplonés (13).

Apoyo unánime del pleno a la modificación

Durante el debate, el parlamentario de Navarra Suma (la coalición que aglutina UPN, Ciudadanos y PP) Juan Luis Sánchez de Muniáin ha apoyado la modificación de la norma para que el Defensor del Pueblo pueda actuar “cuando se produzca una falta de colaboración contumaz” de las administraciones. “El Código Penal puede tipificar como delito la falta de colaboración si es reiterada, pero en principio parece que es desproporcionado acudir al Código Penal”, ha señalado para considerar después “necesario” modificar la ley.

Por su parte, la parlamentaria del PSN Virginia Magdaleno se ha mostrado partidaria de “dar fuerza” al Defensor del Pueblo. “Hay que darle las herramientas suficientes, porque lo más importante es la función que tiene, que es salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos”, ha remarcado para añadir que se trata ésta de “una proposición de ley sencilla que da una gran respuesta a una problemática creciente”.

También la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha valorado la unanimidad alcanzada por todos los grupos en la cuestión para abordar un cambio legal que supone dotar de “mayor fortaleza y capacidad a la institución para requerir a las diferentes entidades el cumplimiento de los requerimientos que se le encomiendan en materia de colaboración”.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha destacado también la mayoría alcanzada por los grupos para “mejorar la eficiencia del trabajo del Defensor del Pueblo”. “Esperamos que este instrumento sea eficaz en el cumplimiento de las obligaciones de las Administraciones públicas a las que va dirigidas”, ha confiado.

Por su parte, el parlamentario de Podemos Mikel Buil ha valorado que con esta modificación se aumente la “capacidad coercitiva” del Defensor. “Siempre hemos considerado sus informes una guía de acción política y a partir de ahora también habrá que hacer un seguimiento de su capacidad más ejecutiva”, ha señalado dirigiéndose a Eznériz.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha confiado en que las sanciones “tengan un efecto positivo y disuasorio respecto a no cumplir con la obligación”.