La huelga de letrados provoca la suspensión en Navarra de más de 350 juicios

La huelga de letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que se inició el pasado 24 de enero, ha provocado hasta el momento la suspensión de más de 350 juicios así como de “actuaciones de todo tipo”, según afirman desde la Unión de Letrados Progresistas (USPJ) y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), después de que este viernes se celebrase una Asamblea de LAJ de Navarra.

Según indican en un comunicado, recogido por Europa Press, “el apoyo a la huelga sigue creciendo tanto en España (84%) como en Navarra” y aseguran que “más del 50% de los juzgados de Navarra están totalmente paralizados”, sumándose Tafalla a los de Pamplona, Tudela y Aoiz. Así, han destacado que “los juicios suspendidos ya superan los 350” en Navarra, “con múltiples actuaciones de todo tipo también suspendidas sine die: declaraciones, recursos, actos de conciliación, actuaciones del Registro Civil, asuntos de familia, concursos, embargos, subastas”. Igualmente, “casi cuatro mil escritos y demandas están en las bandejas pendientes de que los LAJ los admitan y acuerden darles curso”.

“Desatascar todo ello puede suponer, por ahora, aumentar hasta cuatro meses más la tramitación de esos asuntos”, han subrayado desde estas organizaciones, que cifran el impacto económico de la huelga en Navarra en “3 millones de euros en la cuenta de los juzgados, pendientes de ser entregados a sus beneficiarios por indemnizaciones, fianzas, pensiones alimenticias, impagos, costas, etc”. Han criticado que el Ministerio de Justicia “sigue incumpliendo su obligación legal de negociar” con el comité de huelga y han asegurado que “cada día son más las instituciones” que instan al Ministerio y al Gobierno para que negocie. Por todo ello, se ha acordado continuar con las “medidas de presión” y el martes realizarán una concentración ante el Palacio de Justicia de Pamplona.

Finalmente, han lamentado “las graves consecuencias que la huelga está teniendo sobre los particulares más vulnerables así como sobre los profesionales que intervienen en los procesos judiciales”, y que ha achacado a “la irresponsable inactividad del Ministerio que rechaza cualquier tipo de diálogo incluso a través de mediadores como el CGPJ o el Decano del Colegio de Abogados de Madrid, que se han ofrecido expresamente a tal fin”.