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La ley del Convenio Económico divide al Gobierno foral y lo retira antes de votarlo por falta de apoyos suficientes

Elma Saiz, consejera de Hacienda, durante el debate del pleno de presupuestos

elDiario.es Navarra / Europa Press

23 de diciembre de 2021 19:15 h

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El Gobierno de Navarra ha decidido retirar este jueves del pleno del Parlamento foral la modificación de la ley del Convenio Económico que había pactado con el Estado al no tener garantizada la mayoría de la Cámara. Geroa Bai, socio del Gobierno, y EH Bildu, habían anunciado su abstención, mientras que Navarra Suma no ha garantizado el apoyo a la norma durante su debate. De esta forma, ante el riesgo de que el acuerdo fuera rechazado, la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha anunciado justo antes de la votación la retirada de este punto. “Los navarros no merecen que esta ley corra peligro de ser tumbada”, ha afirmado Saiz, que ha añadido que el Gobierno foral buscará el “diálogo” y volverá “más adelante” por el acuerdo.

Tal y como recoge Europa Press, la decisión del Ejecutivo se ha producido tras un duro debate en el que PSN y Geroa Bai, socios de Gobierno, han cruzado acusaciones. Navarra Suma y EH Bildu también han sido muy críticos con el Ejecutivo y sólo PSN, Podemos e I-E han apoyado el acuerdo. Elma Saiz ha destacado que “el trabajo más difícil ya está hecho”, que es el acuerdo con el Estado, y ha apelado a la responsabilidad de los grupos para aprobar esta actualización que “es buena para Navarra”. Ha subrayado la importancia de la defensa del autogobierno de Navarra, su régimen foral y, en especial, del Convenio Económico “tan denostado muchas veces desde fuera”.

La consejera ha afirmado que la actualización del Convenio acordada con el Estado “supone una mejora importante y un refuerzo de las competencias fiscales y tributarias de Navarra” que va a poder “recaudar nuevos impuestos, aumenta determinadas competencias en inspección y control tributario, mejoras simplificando la gestión de las empresas y mejoras que afectan a los flujos financieros con el Estado”. “¿Puede algún grupo político que defienda la autonomía financiera de Navarra no estar a favor de esta actualización?”, se ha preguntado. Sin embargo, ha criticado que se ha producido, por parte de algunos grupos políticos, una “argumentación que no puede estar más alejada de la realidad”, al señalar que la modificación del Convenio “hurta al Parlamento en relación con la determinación del índice de imputación”. “Nada más lejos de la realidad”, ha remarcado la consejera, que ha asegurado que el texto “no conlleva ninguna modificación” sino que elimina una disposición transitoria “totalmente caducada al referirse a los años 2005 y 2009”.

Durante el turno de intervención de los grupos parlamentarios, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha considerado que la actualización del convenio es “una oportunidad perdida” por “falta de valentía política” para abrir un debate con el Gobierno de España sobre las cargas del Estado respecto a la aportación. Igualmente, ha criticado que sobre la actualización del quinquenio “ni está ni se le espera”. Así, Esparza ha señalado que se trata de un “acuerdo técnico que no afecta a nada sustancial” y ha considerado “sorprendente” que Geroa Bai, integrante del Gobierno, y EH Bildu hayan anunciado su abstención, lo que “deja a las claras la falta de cohesión” del Ejecutivo foral. En su opinión, “es más relevante lo que carece que lo que aporta” esta propuesta, “lo que esconde que lo escrito y firmado”. “Lo que no nos cuenta son los acuerdos políticos porque son inexistentes, el impulso decidido de la defensa del régimen foral que no se ejerce, el silencio ante los retos, el vacía de compromiso para mirar al futuro que a todos nos debería importar”, ha criticado.

Por su parte, el portavoz socialista, Ramón Alzórriz, ha remarcado que esta actualización “aprueba más competencias y más autogobierno” para la Comunidad foral, ha acusado a Geroa Bai y EH Bildu de “traicionar nuestros fueros y dan una puñalada al autogobierno” al abstenerse, y ha acusado a Uxue Barkos de traer el Convenio a la “arena política” ahora que no está en la Presidencia del Ejecutivo foral. La ley del convenio, ha resaltado, “es el ADN” del régimen foral. “No se pude decir que se apoya y se defiende y hoy borrarse de la votación de esta ley”, ha criticado. Alzórriz ha reconocido la necesidad de los votos de Navarra Suma para sacar adelante esta actualización, pero al mismo tiempo ha sido claro: “No nos pida que nos arrodillemos porque no lo vamos a hacer”. “Cuando necesitaron nuestro apoyo en un momento complicado en el que también los partidos nacionalistas votaron en contra”, el PSN estuvo “a la altura”, ha señalado.

En un debate duro, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha contestado a Alzórriz remarcando el desacuerdo de su partido en la forma establecida para calcular la aportación de Navarra a las cuentas generales del Estado. “Para mi grupo y para mí, mi Gobierno era aquel -el de la legislatura pasada- y este, pero cuando creo que el Gobierno no lo ha hecho bien estoy obligada a decirlo”, ha considerado, para añadir que esta reforma es un “punto de inflexión de legislatura” que tiene “mucho de positivo”, como la actualización de los ajustes del IVA, pero también tiene cuestiones “claramente negativas”. Así, ha indicado que Geroa Bai no comparte la reforma de un artículo donde “se propone incluir entre las competencias de la Comisión Coordinadora la determinación del índice de imputación”. Para Barkos, atribuir esta competencia a esta comisión “supone de facto eliminar esta facultad de la competencia del Parlamento de Navarra”. “A nuestro entender, debilita la Ley del Convenio”, ha criticado, para señalar asimismo que “una parte del Gobierno se ha negado no ya a la negociación sino tan siquiera a una explicación cuando ya era tarde”.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha sido también muy crítico. “Si no votamos a favor de esto estamos en contra del Convenio, una mentira de cabo a rabo”, ha señalado, para acusar a Alzórriz de recuperar “el dar el carné de buenos y malos navarros”. Sobre la modificación del Convenio ha admitido que comparten la mayoría del contenido, como las medidas de modificación de armonización tributaria, la asunción de nuevos impuestos o la ampliación de competencias inspectoras. No obstante, ha resaltado que “hay un 1% que es muy importante cualitativamente” que es que la Comisión Coordinadora acuerde “posiciones políticas que deberían llegar a este Parlamento”. Por ello, ha llamado a “no dejar en manos de unos técnicos una decisión con un calado político impresionante” como es el índice de imputación. Araiz ha admitido que no tiene la “plena seguridad” de que sea una competencia de la comisión negociadora pero ha criticado que en la modificación “lo quieren poner expresamente”.

Por su parte, el representante de Podemos, Mikel Buil, ha opinado que se trata de un acuerdo que “mejora las competencias de Navarra” y avanza en autogobierno. Ha señalado que “lo que se objeta es que el índice de imputación se tiene que debatir en el Parlamento y en el Congreso”. Buil se ha preguntado que “si esto ha sido así en algún momento, ¿ha servido de algo a los navarros y navarras? ¿Es útil? Nosotros creemos que no”. Y ha pedido a la Comisión Coordinadora “el mayor grado de concreción técnica” a la ahora de fijar este índice que “ha sido acordado de forma bilateral entre gobiernos”.

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha considerado que el acuerdo “mejora las competencias de Navarra y refuerza el autogobierno”. Y ha valorado la incorporación de la tasa Google y Tobin que supondrá “un aumento de la recaudación”. Ha esperado, además, que se alcance un acuerdo sobre la actualización del quinquenio que “sea justo para Navarra y solidario con el resto de comunidades autónomas”. De Simón ha lamentado que “se está convirtiendo en una costumbre trasladar los debates propios en el seno del Gobierno a este Parlamento”. Al respecto, ha señalado que “lo que se vota en el Parlamento nunca ha sido la cuantía de la aportación económica anual al Estado, esto siempre lo ha calculado la Comisión Coordinadora” que “tiene que actuar por consenso y tiene que ser un cálculo teniendo en cuenta parámetros y variables de tipo técnico”.

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