Navarra reclama al Estado 1,6 millones para la lucha contra la violencia de género

Pese a que el Convenio Económico y la cierta autonomía fiscal de que goza Navarra suelen citarse como ventajas derivadas de su condición foral, ser diferente no siempre sale a cuenta. Por eso el Gobierno de Navarra va a reclamar en la Comisión coordinadora del Convenio Económico que se tenga en cuenta el reparto de fondos económicos para la ejecución de las medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, reparto en el que Navarra no participa por contar con un sistema de financiación propia. El Ejecutivo calcula que la cifra podría rondar los 1,6 millones.

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, ha expuesto la reclamación en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada hoy en Madrid, presidida por la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo.

La consejera ha expresado que la financiación económica del Pacto de Estado -1.000 millones en cinco años, 500 de ellos para las comunidades autónomas- pretende impulsar medidas adicionales y por lo tanto supone una “financiación extraordinaria”. “Consideramos que si bien Navarra no participaba hasta ahora de los repartos de fondos del Ministerio a las comunidades autónomas por tener un régimen económico específico, el carácter extraordinario de las medidas propuestas en el Pacto de Estado requieren que Navarra participe en este reparto de fondos. Debemos recibir también fondos económicos por parte del Estado para su impulso y ejecución”, ha reclamado Ollo.

Navarra planteará la reclamación a través de la Comisión coordinadora del Convenio Económico, donde se va a solicitar que en los ejercicios 2018 y siguientes del actual quinquenio 2015-2019, el importe previsto, que según cálculos del ejecutivo rondaría los 1,6 millones de euros, será objeto de minoración en el cálculo de la Aportación provisional de Navarra a satisfacer al Estado.

Protección a las víctimas y denuncias

Durante la reunión, las diferentes administraciones han debatido en torno a los procedimientos básicos para acreditar la condición de víctima de violencia de género y poder acceder al estatuto integral de protección, otra de las medidas que plantea el Pacto de Estado de Violencia de Género.

La intención es que las víctimas puedan acogerse a los beneficios sin que deba existir una denuncia previa, objetivo ya pretendido en la modificación de la Ley Orgánica de medidas de protección integral frente a la violencia de género a partir del Real Decreto Ley de agosto del año pasado. Se ampliarán los criterios y los organismos habilitados para la acreditación de la condición de víctima, de manera que deje de condicionarse esa acreditación al hecho de disponer previa denuncia, de una orden de protección o sentencia condenatoria para el acceso a las prestaciones y medidas de ámbito laboral.