Navarra recurre la sentencia que le obliga a aplicar en los colegios concertados las mismas ratios que en los públicos

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha anunciado que el Departamento ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso de casación respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que obligaba a aplicar a los centros concertados las reducciones de ratios de alumnado establecidas para la enseñanza pública, según ha informado Europa Press.

En pasado mes de junio, Gimeno lamentó que el fallo que daba la razón a la patronal de la red concertada. “¿Un centro concertado en Navarra, de los de más prestigio, presenta las mismas necesidades educativas de un colegio público de Pamplona, o de la Comarca, o de la ciudad de Tudela, con cuatro veces más necesidades educativas?”, planteó antes del verano.

“Yo entiendo que la ratio que se aplica en los centros públicos por parte del Departamento de Educación es una medida de protección y de compensación ante las necesidades que tiene la escuela pública”, declaraba. Además de que la aplicación de la sentencia supondría un “caos organizativo en el sistema educativo absolutamente ostensible”.

En respuesta a los medios de comunicación, este martes ha explicado que el recurso se debe, entre otras cuestiones, a que “si no se recurre, la sentencia hubiese adquirido firmeza, habría que haberla ejecutado y habría que haber hecho una readmisión de todo el alumnado”, ya que “cualquier persona afectada podría haber presentado un recurso”.

“Por otra parte, la sentencia argumenta que no aplicar las mismas ratios a la red vulnera el principio constitucional de igualdad. Pues yo no sé por qué en el País Vasco hay una norma que fija ratios diferentes entre la pública y la concertada, concretamente el decreto 21/2009. Eso es una cuestión que ocurre en la Comunidad Autónoma Vasca y no pasa nada. Nadie ha recurrido esta cuestión”, ha añadido.

“Entendiendo que no hay jurisprudencia” al respecto, ha afirmado el consejero de Educación. “A nosotros nos parece interesante que un órgano jurisdiccional único se pronuncie al respecto. Nos interesa conocer la postura del Tribunal Supremo, al margen de que no estamos de acuerdo con la sentencia, la respetamos, pero no estamos de acuerdo con el principio de igualdad”, ha manifestado, tras añadir que “no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una materia supone una infracción”.