UAGN importa para Navarra el discurso que mezcla pobreza, fraude en las ayudas sociales e inmigración
Las particularidades histórico-políticas de Navarra la han mantenido al margen de las emergentes corrientes políticas de ultraderecha que se hacen fuertes en el resto del mundo desarrollado: de EEUU a Italia, pasando por Francia, Alemania y, cada vez con menos disimulo, en España. La denuncia del sindicato agrario UAGN de que la Renta Garantizada supone “un freno brutal a la hora de encontrar trabajadores” para las campañas agrarias, y coloca a los agricultores en una situación “desesperante” porque “demandan trabajadores y no los encuentran por las políticas subsidiarias que está implantando este Gobierno” ha generado una tormenta política desmentida con datos por el Departamento de Derechos sociales y muy criticada por las asociaciones que luchan contra la exclusión, que consideran “inadmisible” un discurso que mezcla sin datos y con medias verdades pobreza, fraude e inmigración.
La espoleta explotó el pasado viernes 5 de octubre, cuando el presidente de UAGN, Félix Bariáin, aseguró que “hay productos que corren el peligro de quedarse en las fincas sin poder ser recolectados; hay agricultores que han labrado superficies de hortaliza por la falta de esos trabajadores y hay agricultores que se van a inclinar por ir a cultivos extensivos para no tener que depender de esa mano de obra asalariada”. Una denuncia que esquivó en todo momento la cuestión de los salarios de los temporeros y se centró en las “escasas” medidas de control del Gobierno foral a los perceptores de Renta Garantizada y en su origen extranjero.
Tras tildar de “fracaso absoluto” la política social del Gobierno foral, Bariáin matizó que UAGN “desea y exige que todo el mundo que de verdad necesite la ayuda la tenga, pero no podemos tolerar el fraude en el cobro de esas subvenciones. Se rechaza el trabajo”. Y remarcó que “hoy una persona que cobra Renta Garantizada, parte de la base de 610 euros, cerca de 1.000 si son dos personas, con ayudas de alquiler, escolarización y dinero que no tributa”, informa Europa Press.
“Es muy difícil, prácticamente imposible, que alguien, si no existe un control, que no existe, vaya a trabajar prácticamente por el mismo dinero. Nos dicen o pagas en B, que no lo hacemos, o si no, no trabaja”, denunció Bariáin, quien añadió además que el perfil de trabajadores que rechazan los empleos es “en un alto porcentaje” inmigrante.
Frente a la andanada del sindicato agrario, el Departamento de Derechos Sociales recordó en una nota que la contratación de personas perceptoras de Renta Garantizada ha crecido en lo que va de año de media mensual un 57% respecto a 2016, “gracias a los estímulos al empleo que contempla la nueva regulación” y apeló a la “colaboración y la responsabilidad de todos para no extender rumores que dañan la convivencia”.
Durante el presente año se llevan suscritos ya 14.500 contratos a cerca de 6.000 perceptores de estas ayudas. Según el departamento dirigido por Miguel Laparra, que “haya casos puntuales de irregularidad, que lógicamente se trabaja para intentar erradicar, no debería llevarnos a sacar conclusiones generalizables que alimentan prejuicios sociales, especialmente contra las personas de origen extranjero”. Y añadió que “hoy se revisan en torno al 80% de los expedientes, y tan solo en un 6% se detectó algún tipo de irregularidad”.
“De hecho, durante el pasado año 2017, de los más de 17.000 contratos a perceptores de Renta Garantizada, un 14% de ellos fueron realizados en el sector primario, un porcentaje muy superior al del peso de dicho sector en el conjunto de la contratación”, apuntaron. Además, recordó que “el 38% de las personas acogidas a la Renta Garantizada son niños y niñas que de otra manera carecerían de ningún ingreso y, probablemente, de ningún futuro, si no se ponen mecanismos para combatir la pobreza y reforzar la cohesión social e inclusión sociolaboral de toda la sociedad”.
El también sindicato agrario EHNE enmendó el discurso de su homólogo, al considerar que la Renta Garantizada “no es el problema para cubrir la mano de obra en el sector primario” y calificó de “inmoral e insolidario desviar la atención hacia una crítica artificial de la renta garantizada por criterios e intereses puramente políticos”.
La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social defendió también la gestión de la Renta Garantizada y pidió “una reflexión” sobre discursos que “pueden derivar en discriminaciones y culpabilizaciones hacia las personas más vulnerables, las personas perceptoras”. En su opinión, “no es permisible este tipo de discursos que criminalizan a toda una población” y ha invitado a UAGN a mantener una reunión “de carácter urgente”.
La red señaló en una nota que “la Renta Garantizada nace desde la demanda social y política para hacer frente a una brecha de desigualdad injusta que sufre un 13% de la población en Navarra, en situación de pobreza, y de la cual, en ningún caso, es culpable”.
En la misma línea, Sos Racismo denunció que UAGN “se permita señalar el origen extranjero de un gran porcentaje” de los supuestos defraudadores. Un discurso “de odio” asentado ya en parte de la sociedad que entremezcla conceptos como fraude y efecto llamada. La ONG denuncia la “criminalización” de una parte de la población, “como si el empobrecimiento, la precariedad laboral o la exclusión social fuesen algo individual y no lo que son: estructurales, consecuencia lógica del actual modelo desarrollo económico-social insostenible, que expulsa a las personas a los márgenes para seguir experimentando con los límites normativos y la exclusión”.
Los partidos políticos, divididos
En el terreno político, UPN, PSN y PPN trataron de calmar los ánimos y pidieron al Gobierno de Navarra que escuche y compruebe la advertencia del sindicato agrario. Junto a las organizaciones sociales se situaron Geroa Bai, Izquierda-Ezkerra y Podemos, que se mostraron abiertamente críticos con estas declaraciones.
El portavoz de UPN, Javier Esparza, recordó que UAGN es una organización “con una trayectoria de décadas, que representa un sector importantísimo de esta tierra, que conoce el día a día”. “No sé si hay efecto llamada o no por la Renta Garantizada, pero Cáritas dijo hace un año que había efecto llamada. ¿No será bueno hablar con UAGN y reunirse con ellos?”, planteó en el pPleno del Parlamento.
El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, recordó que “gracias a la Renta Garantizada la media mensual de personas contratadas ha aumentado un 57% y la tasa de pobreza ha disminuido en Navarra un 7,8%, mientras en el Estado ha bajado solo un 3,2”.
Incidió en que la ley de renta garantizada exige que los perceptores tengan que aceptar un trabajo “adecuado” cuando se les ofrezca y ha negado que exista “efecto llamada” para percibir esta ayuda en Navarra. “Para recibir la renta garantizada se necesitan dos años de domiciliación en Navarra y un años si la familia tiene menores. Difícilmente puede haber efecto llamada”, subrayó.
El parlamentario de Podemos Mikel Buil consideró que “arremeter contra los derechos humanos y la agenda 2030 no es propio de asociaciones profesionales que defienden el interés común” y ha planteado a UAGN que “prueben a subir salarios y mejorar las condiciones de los trabajadores de campo e igual se soluciona el problema”.
La portavoz del PSN, María Chivite, señaló que su grupo pidió hace casi un año un informe a la Cámara de Comptos sobre la renta garantizada y afirmó que “más allá de que las declaraciones de UAGN hayan podido ser políticamente correctas o no, el Gobierno debería escuchar más, porque no es la primera organización que habla de la renta garantizada, incluso Cáritas dijo hace meses que percibía cierto efecto llamada”. La dirigente socialista consideró que la inserción laboral de los perceptores de renta garantizada “no funciona bien” y ha explicado que sólo se ha ejecutado el 7% de la partida destinada a subvenciones para la contratación de personas que perciben la renta garantizada. También planteó que cabría preguntarse si los sueldos en la agricultura podrían ser mayores.
La portavoz del PPN, Ana Beltrán, reclamó “solidaridad con los necesitados, pero justicia también frente a quienes hacen un uso fraudulento de ella, que además hacen un daño terrible a quienes verdaderamente necesitan esa renta”.
Finalmente, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha considerado que UAGN hace “discurso de odio a los pobres” y ha defendido “la incidencia de la renta garantizada en el descenso de la tasa de pobreza”.
La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, zanjó el debate al considerar “absolutamente inaceptables” las declaraciones del sindicato UAGN, y crticó que “se utilicen los mismos argumentos que utiliza la ultraderecha en el conjunto de Europa tratando de enfrentar el sector primario con los perceptores” de estas ayudas. Afirmaciones “gravísimas e inadmisibles” para la presidenta.
Su vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, afirmó “con rotundidad” en el pleno del Parlamento que la Renta Garantizada “está cumpliendo con sobresaliente los objetivos para los que fue diseñada: mejorar la inclusión social y laboral de los colectivos con dificultades con más incentivos al empleo; proteger a las familias con hijos y reducir la pobreza; y reforzar los derechos de la ciudadanía sin eludir el control y el cumplimiento de las obligaciones”.
