El estigma de asociarse con EH Bildu
Ser socio de EH Bildu sigue siendo un estigma político de graves consecuencias. Lo está aprendiendo en sus propias carnes estos días el Gobierno de Uxue Barkos, quien todavía no ha tenido tiempo ni de lamerse las heridas que le ha provocado el zarpazo ministerial de Fomento al anunciar, por sorpresa, que el Ejecutivo foral ya no pincha ni corta en la construcción del TAV navarro.
El mismo Gobierno del PP que pacta los Presupuestos Generales del Estado con el PNV, le niega a su marca en Navarra (Geroa Bai, partido en el que milita la presidenta Barkos) la firma de un nuevo convenio para la construcción del corredor ferroviario de alta velocidad a su paso por Navarra. ¿Por qué esta diferencia? Porque el PNV en Euskadi está limpio de asociaciones ominosas, pero Geroa Bai gobierna en Navarra gracias al apoyo de EH Bildu.
Barkos ha calculado mal la inquina de sus enemigos políticos hacia Bildu. El apoyo de la coalición abertzale para que una mujer nacionalista sustituya en el Palacio de Navarra a la primera mujer que UPN consiguió situar como presidenta foral es una mácula difícil de ocultar en su currículum, una falta imperdonable por la que los enemigos políticos de Barkos intentan que pague cada día mientras siga al frente del poder de la Comunidad foral.
La sombra de 20 años de UPN a los mandos de Navarra es muy alargada, se extiende en forma de complicidades, contactos, amistades e influencias que alcanzan, mucho más allá del territorio foral, gobiernos autonómicos y municipales, ministerios, empresas, fundaciones y una larga serie de entidades que participan del poder en España.
Barkos no lo ha tenido en cuenta. Bastante lío tiene a diario para intentar que las discrepancias del cuatripartito que sustenta su Gobierno no lo hagan saltar por los aires, como para preocuparse además de que sus enemigos políticos estén tejiendo tramas en su contra fuera de Navarra.
El extemporáneo comunicado del Ministerio de Fomento, que llegó a manos del Gobierno foral cerca de las nueve de la noche en la misma jornada en que se aprobada el techo de gasto para los presupuestos de Navarra del próximo año, ha conseguido abrir los ojos de la presidenta Barkos a la cruda realidad que tiene frente a sí: El Estado no firmará un convenio con el Gobierno foral mientras éste se valga del apoyo de Bildu. Ha ocurrido con el tren, de cuya gestión el ministerio de Fomento se va a hacer cargo “de forma integral” asumiendo plenamente sus competencias; y puede volver a ocurrir con el instrumento de autogobierno más importante para la Comunidad Foral, el Convenio Económico que regula la aportación de Navarra a las cargas generales del Estado, y cuya renovación negocia actualmente con la Administración central el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu.
Del éxito o del fracaso de estas negociaciones depende en buena medida el futuro político de Uxue Barkos y su ‘Gobierno del cambio’. A su favor, Aranburu cuenta ahora con el esclarecedor precedente de la fallida negociación del convenio del tren para sopesar mejor el alcance de sus decisiones. En su contra, el consejero sigue necesitando de los votos del Bildu para mantener en pie al Gobierno foral.
Reunión entre Navarra y el Gobierno central
El ministro Iñigo de la Serna ha respondido con rapidez a la petición del vicepresidente foral Manu Ayerdi para que convocase una reunión de la comisión de seguimiento del convenio del TAV, compuesta por representantes de ambas administraciones, estatal y foral. El secretario de Estado de Infraestructuras presidirá la cita en representación del ministro, mientras que por la parte foral acudirá el propio vicepresidente Ayerdi en persona. Se trata de una reunión urgente en la que este último ha depositado muchas expectativas, ya que quedan unas cuantas dudas por despejar en torno al corredor ferroviario después del abrupto anuncio del Ministerio de que no habrá convenio con Navarra.
Vistas las cartas de Fomento, y sabiendo Ayerdi que el ministerio le considera “atrapado en un pacto político con Bildu”, en palabras de De la Serna, al vicepresidente le corresponde ahora descubrir con qué margen de maniobra cuenta para influir en que las decisiones que tome el Estado sobre la obra se acerquen lo máximo posible a la propuesta de convenio que tenía preparada para firmar con Fomento. Es decir, hasta dónde está dispuesto el ministerio a ceder para que, por ejemplo, el dinero que adelante Navarra se descuente anualmente de su aportación al Estado; o para que la conexión del corredor navarro con Zaragoza se construya en ancho internacional, en lugar de adaptar temporalmente el tramo con un tercer carril; o para llegar a una solución consensuada para resolver el bucle ferroviario de Pamplona; o para decidir entre las dos alternativas de trazado para la conexión con la ‘Y’ vasca del TAV.
Pero la cuestión más perentoria que deben resolver las delegaciones foral y estatal es de carácter jurídico. Cuando Fomento anunció que asumía la gestión integral del corredor ferroviario, UPN se apresuró a criticar al Gobierno porque había cedido ante sus socios del cuatripartito y había roto el convenio vigente entre Navarra y el Estado para la construcción del corredor, firmado en 2010. Pero el vicepresidente Ayerdi estuvo ágil para detener a tiempo este mensaje. Informe jurídico en mano, aclaró que el convenio que firmaron el presidente Miguel Sanz y el ministro José Blanco hace 7 años sigue formalmente vigente.
¿Cuál era el interés de Ayerdi en proclamar la vigencia de un convenio largamente criticado por su partido y que hasta el propio ministro De la Serna había calificado de obsoleto y superado por la realidad? El dinero. Las adjudicaciones de estudios y de trabajos. La capacidad de licitación. El motor de cualquier obra pública. Con el convenio de 2010 vigente, la capacidad de licitación está “claramente” atribuida al Gobierno de Navarra, desveló el vicepresidente Ayerdi.
Las prisas de UPN
Cuando, en mayo de este año, UPN anunció que sus dos diputados apoyarían los Presupuestos Generales del Estado presentados por el presidente Rajoy, justificó su respaldo al PP porque éste se había comprometido, entre otras cuestiones, a licitar en 2017 los dos tramos de obra del corredor ferroviario entre Villafranca y Olite. Aunque, días después, el inicio de las negociaciones entre Navarra y el Estado para firmar un nuevo convenio sobre el TAV eclipsaron públicamente el pacto entre UPN y PP, el contenido de dicho acuerdo ha influido decisivamente en la marcha posterior de las negociaciones.
UPN intenta con todos los medios a su alcance que se licite obra este año. Contenta así a las constructoras que aspiran a la adjudicación de obra pública para sanear sus maltrechas cuentas, pero logra además otro objetivo político de capital importancia en su batalla por desalojar a Barkos del poder. Si se licita obra este año, es preciso que Navarra adelante dinero público en sus presupuestos. Y Bildu, Podemos e Izquierda Unida han anunciado que no apoyarán un proyecto presupuestario que incluya financiación para el TAV.
Así que, si UPN conseguía forzar para este año las licitaciones del tren, lograba al mismo tiempo poner a la presidenta Barkos en la disyuntiva de elegir entre acordar el tren con el Estado o aprobar sus presupuestos con el cuatripartito.
El ministerio de Fomento ha estado durante estas semanas muy bien informado de las declaraciones de cualquier miembro del gabinete de Barkos que hablase sobre el proyecto de presupuestos forales para 2018. Puntualmente, hasta las palabras recogidas al vuelo en un “canutazo” a la salida de cualquier acto oficial, y que se refiriesen a la inclusión o no de financiación para el TAV en los presupuestos, llegaban de forma textual hasta el propio ministro.
Estas informaciones, que no han tenido hueco en prácticamente ningún medio nacional, alcanzaban el ministerio en forma de advertencia: Barkos dice no va a incluir un euro para el TAV en sus presupuestos, Barkos está cediendo a la presión de sus socios de Bildu, Barkos prefiere mantenerse en el Gobierno a costa de que Navarra no tenga corredor ferroviario. “Barkos tenía que tomar una decisión entre mantener el acuerdo con sus socios o el TAV, y prefirió el acuerdo”, terminó afirmando el ministro De la Serna.
El propio vicepresidente Ayerdi contribuyó sin saberlo a conformar la opinión del ministro, cuando le comunicó telefónicamente que Navarra ya tenía lista su contrapropuesta de convenio, pero que antes de remitírsela tenía que “ordenar la casa”, en referencia a las sonoras discrepancias de sus socios del cuatripartito hacia el TAV. Ayerdi había solicitado al ministro reiterados aplazamientos en la negociación y este último terminó por confirmar a De la Serna que, como le estaban advirtiendo reiteradamente, Barkos estaba cediendo a la presión de Bildu para retrasar el tren. Si su ministerio accedía a la petición de Ayerdi de volver a suspender el asunto, estaría cediendo también a las presiones de Bildu.
Razones de Estado
Así que el ministro se invistió de razones de Estado para romper la negociación con el Gobierno de Barkos: “Podemos o Bildu pueden condicionar cuáles son las prioridades del Gobierno de Navarra, pero no las del Gobierno de España”, señaló Iñigo de la Serna en una entrevista concedida dos días después de romper la negociación.
UPN ha conseguido tensar tanto la cuerda entre el Gobierno foral y el Estado que el latigazo de la ruptura ha terminado por inutilizar también su propia herramienta de presión: ahora que Ayerdi ya no está obligado a firmar un acuerdo con el ministerio para la construcción del tren, ya no tiene problemas para aprobar con sus socios del cuatripartito un presupuesto sin financiación para el TAV.
De hecho, las negociaciones entre las cuatro formaciones políticas que sustentan el Gobierno ya han comenzado, y el consejero Aranburu ha manifestado su optimismo poniendo la fecha del 31 de octubre como plazo máximo para que el proyecto esté, acordado por el cuatripartito, listo para pasar el trámite parlamentario.
No es este precisamente el resultado que buscaban los regionalistas. Aunque el desenlace de las negociaciones entre Navarra y Fomento les pone en bandeja el discurso para todo el curso político (“Barkos ha preferido mantener sus sillones a que Navarra tenga TAV”, sentenció el líder de UPN, Javier Esparza), también les obliga a prolongar su estrategia de estigmatizar al Gobierno de Barkos a los ojos del Estado durante un año más. “Son los socios de Bildu”, van a tener que recordar permanentemente a cualquier interlocutor estatal del Gobierno de Barkos.
Además, los regionalistas se van a encontrar con la dificultad añadida de tener que reclamar al PP el cumplimiento de su acuerdo para licitar obra este año. Pero la capacidad legal de sacar obra a concurso parece seguir en manos del Gobierno foral, que ya ha advertido de que no es una de sus prioridades. Para cuando la comisión de seguimiento del acuerdo del tren pueda resolver jurídicamente a quién compete licitar, lo más probable es que el Gobierno de Barkos tenga ya su proyecto de presupuestos para 2018 aprobado con el respaldo de Bildu, Podemos e Izquierda Unida y sin partida que financie las obras.
Por mucho que el ministerio de Fomento quiera “pisar el acelerador” de la construcción del tren en Navarra, sin dinero disponible en los presupuestos forales no habrá trabajo efectivo sobre el terreno. Esto da al cuatripartito un plazo de un año de paz interna entre socios, al menos en lo relativo a la financiación del tren, y acerca al Gobierno de Uxue Barkos al horizonte de su tercer año de legislatura. Pero no borra de la imagen del Ejecutivo foral el estigma de seguir siendo socio de Bildu. Y con esa marca tendrá que abordar Barkos la negociación del Convenio Económico.
