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El metal y el sector público concentran la conflictividad tras el efecto 7-J

Solo en estos dos sectores, los trabajadores afectados por los conflictos colectivos que han llegado al Preco en julio y agosto superan los 184.000.

El número de conflictos colectivos en estos dos meses se eleva a 579, mientras que en ese periodo en 2012 fueron solo 46.

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Los sindicatos advierten de un otoño caliente en Euskadi. Pero el verano no lo ha sido menos. El efecto del 7-J, con el decaimiento de los convenios, y la aplicación de la reforma laboral del PP han elevado la conflictividad en las empresas vascas.  El Preco, el organismo en el que se sientan las patronales y los sindicatos para intentar reconducir los conflictos colectivos que surgen en el seno de las empresas, ha constatado ese aumento de la conflictividad en los dos meses que han transcurrido desde que el pasado 7 de julio decayeron los convenios por el fin de la ultraactividad recogida en la última reforma laboral. Por sectores, el metal (siderometalúrgica), el sector público y la Iniciativa social (educación) concentran la mayor parte de los conflictos solicitados ante el Preco, organismo que depende del Consejo de Relaciones Laborales. En julio y agosto de 2012 se presentaron 46 conflictos, mientras que este año se han presentado 579. El crecimiento es exponencial.

Solo en las empresas del metal de Euskadi han solicitado un total de 252 conflictos que afectan a 154.000 trabajadores. Este sector ya estaba en guerra antes de que el pasado 7 de julio decayeran los convenios y había vivido una huelga general en las tres provincias. Los conflictos solicitados del metal los encabeza Bizkaia, con 140 conflictos y más de 71.000 afectados, mientras que en Gipuzkoa son 89 y más de 56.000 obreros afectados. Álava tiene 23 conflictos y un total de 26.540 trabajadores afectados. La semana pasada, varios sindicatos llevaron el conflicto del metal a los tribunales después de que hayan dado por fracasadas las negociaciones en el Preco y ELA ha anunciado una semana de "movilizacion y lucha" en el País Vasco y Navarra del 21 al 25 de octubre con el fin de incluir convenios de empresa que incluyan cláusulas para blindarlos de los efectos de la reforma laboral. ELA, sindicato mayoritario en Euskadi, espera que esa semana sea el "punto de llegada de toda la intensa conflictividad que existe en este momento".

El otro sector en el que se han disparado los conflictos es el Público. Por un lado, los cuatro conflictos solicitados en Álava hay afectados 30.528 trabajadores. Finalmente, las empresas vinculadas al sector de la Iniciativa social (educación) conforman la tercera pata de la conflictividad en el País Vasco. En Bizkaia han presentado ante el Preco 57 conflictos colectivos, con un total de 67.515 trabajadores implicados. En este sector, el número de conflictos en Gipuzkoa es muy importante -31 en total- pero en número de trabajadores es menor ya que afectan solo a 1.831 empleados. Uno de los sectores que ya está también en los tribunales desde julio es el de la Educación concertada, gracias a la demanda planteada por CC OO tras el fracaso de las negociaciones con la patronal del sector en el seno Preco.


Jueces de lo Social

A más distancia estarían los sectores de Artes Gráficas en Bizkaia (13 conflictos que afectan a 9.323 trabajadores), el de Limpieza de edificios en Gipuzkoa (con 18 conflictos solicitados ante el Preco y 7.466 trabajadores afectados) y, finalmente, el de Conservas de pescado en Bizkaia, con 9 conflictos y 2.753 empleados, la mayor parte de ellos en las empresas conserveras de Bermeo.

El problema es que, por regla general, en el Preco patronal y sindicatos no están alcanzando acuerdos y la mayoría de los conflictos colectivos acaban en los tribunales (los juzgados de lo Social), como ya ha pasado en la educación concertada o en algunas empresas del sector de Artes Gráficas vizcaínas, entre otras. Muchas empresas han dejado en papel mojado algunas cláusulas de los convenios firmados con anterioridad al 7-J en las que se fijaba que mientras no se acordara un nuevo convenio se mantenía la vigencia del mismo, algo que muchos empresarios han rechazado argumentando que la reforma laboral les permite, con el fin de la ultraactividad, no prorrogar las condiciones laborales. Serán los jueces de lo Social los que determinen ahora quién tiene razón.

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