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El Gobierno vasco echa balones fuera sobre la responsabilidad en la multa de la UE

El Ejecutivo trata de ganar tiempo y esperará a conocer cómo va a derivar la multa el Gobierno español a las instituciones vascas antes de tomar una decisión.

El Gobierno vasco ha eludido cualquier tipo de responsabilidad en la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto a España por las conocidas como 'vacaciones fiscales' vascas. El Tribunal ha condenado al pago de una multa de 30 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas ilegales concedidas a varias empresas. El consejero de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria, se ha limitado a pedir "prudencia y cautela" a la espera de conocer la decisión del Gobierno central sobre la multa. Según el consejero, el procedimiento se encuentra "perfectamente pautado", por lo que ahora "solo" queda esperar a ver cómo el Gobierno central deriva la multa a las instituciones vascas. Una forma de echar balones fuera y evitar entrar en un rifi-rafe con las diputaciones, especialmente con las de Álava y Gipuzkoa, que están gobernadas por el PP y  EH Bildu, respectivamente. Ambos ejecutivos forales ya se han descolgado pidiendo al Ejecutivo de Urkullu que asuma sus responsabilidades: "si ha recibido el 70% de lo recaudado, lo justo es que pague la multa en la misma proporción", ha espetado el diputado general de Álava, Javier de Andrés.

Según Gatzagaetxebarria, la sentencia es "excesiva y desproporcionada", sobre todo, "teniendo en cuenta que las cantidades ya han sido recuperadas en su totalidad". De momento, "no se pueden avanzar acciones futuras", ha reiterado ante la insistencia de los medios por conocer cuáles van a ser los movimientos del Gobierno de Vitoria. Una vez conocidas las decisiones del Gobierno central (para lo que puede pasar hasta seis meses teniendo en cuenta las alegaciones), "se actuará con una actitud responsable. Para eso existe un órgano que es el Consejo Vasco de Finanzas", ha recalcado el consejero.

España ya ha recuperado el 100% de estas subvenciones ilegales (alrededor de 500 millones de euros), pero la mayor parte de ellas se reembolsaron fuera de plazo, con un retraso de hasta 12 años.

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