El Gobierno oculta si ha recuperado el dinero de las informaciones pagadas
La voluntad del Gobierno vasco es cumplir el acuerdo parlamentario del pasado 7 de julio en el que, entre otras cosas, se exigía al Ejecutivo a recuperar el dinero destinado a pagar informaciones en medios afines del Grupo Noticias. Pero su estrategia actual, tras conocer que la jueza ha admitido a trámite la demanda de UPyD por este escándalo y que la magistrada investiga ya un “posible delito” de malversación de dinero público de hasta 46.000 euros, pasa por ganar tiempo.
En la sesión de julio pasado, hace ahora justo un mes, en la que se reprobó al lehendakari por este tema, la mayoría de la Cámara acordó requerir al Gobierno para adoptar “cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para restablecer la legalidad vulnerada y recuperar el dinero público que se ha destinado a publicidad encubierta”. Justo una semana después, los socialistas registraron una batería de iniciativas parlamentarias en las que preguntaban al lehendakari, Íñigo Urkullu, por las medidas que había tomado para recuperar el dinero público regalado al Grupo Noticias para comprar informaciones para difundir propaganda gubernamental. Tanto UPyD como EH Bildu también han planteado iniciativas parlamentarias similares y la coalición soberanista ha solicitado la comparecencia de nuevo de Urkullu en la Cámara vasca.
Y es precisamente a estas iniciativas a las que se agarra el Gobierno para evitar aclarar los pasos que ha dado para cumplir el mandato parlamentario. En el punto número cuatro del acuerdo se instaba además al lehendakari a que “asuma y depure las responsabilidades correspondientes en relación con el destino de recursos públicos para la compra de espacios de noticias, reportajes o entrevistas, para encubrir auténticas campañas de publicidad y propaganda del Gobierno, contraviniendo claramente la legalidad”.
Fuentes de la Lehendakaritza explicaron los tiempos del Gobierno. Indicaron que, en principio hay preguntas parlamentarias sobre este tema y lo “primero será contestarlas”. Por ahora, el Ejecutivo no tiene previsto hacer ninguna valoración sobre la admisión a trámite de la demanda de UPyD, aunque los servicios jurídicos y los departamentos implicados llevan tiempo preparándose para recabar toda la información que vaya solicitando la jueza instructora del 'caso Grupo Noticias'.
Comisión de Ética Pública
Sobre la recuperación del dinero, el Gobierno ha evitado pronunciarse de manera pública a lo largo de este mes. En el Ejecutivo se sigue defendiendo su actuación en este caso, una polémica que además de a la Lehendakaritza, salpica en la investigación judicial también a los Departamentos de Educación y Salud. El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, reiteró la defensa de “la legalidad de las actuaciones en esta materia”.
En realidad, en la sesión en la que fue reprobado por este escándalo, el propio lehendakari defendió que se ha cumplido con la legalidad, que no ha habido un “uso indebido” de fondos públicos y que tampoco ha habido un “trato de favor” a un grupo de comunicación. Con todo, Urkullu admitió no estar “satisfecho con lo ocurrido con estos cuatro casos” y reconoció que se han cometido “errores”, que se ha comprometido a subsanar, aunque también censuró la “utilización desproporcionada de casos puntuales para intentar desprestigiar políticamente la honestidad del Gobierno”.
El Ejecutivo se ha limitado a señalar en las últimas semanas que cumplirá el mandato parlamentario en relación a informar a la Comisión de Ética Pública -creada al calor de la aprobación del Código Ético y de Conducta- de los hechos. La oposición pedía en su acuerdo que se “analice la actitud de todos los responsables políticos que han intentado justificar la concesión de dinero público a un grupo de comunicación para la difusión de propaganda con apariencia de informaciones, mezclándola con la prácticas habituales y legales de difusión de publicidad y comunicación institucional”.
