Seguridad afirma que el pago de dietas en la Ertzaintza se aplica con “absoluta rigurosidad”

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha defendido que su Departamento está aplicando con “absoluta corrección y rigurosidad” las dietas a los altos cargos de la Ertzaintza, como establece la normativa vigente aprobada en el año 2012, y espera que se archiven las causas por las que se ha imputado a la directora de Recursos Humanos del Departamento de Seguridad, Miren Karmele Arias.

Beltrán de Heredia ha comparecido este miércoles, a petición propia, ante la Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia del Parlamento vasco para informado sobre la imputación de Arias, acusada en los procesos abiertos a instancias del Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SIPE) de malversación de caudales por unos pagos de dietas que podrían haber supuesto un sobresueldo para algunos mandos policiales.

El sindicato Sipe denuncia que entre los años 2012 y 2013, los ejercicios investigados, fueron unos 140 los altos funcionarios -escalas ejecutiva y superior del cuerpo- quienes cobraron estas dietas por un coste cercano a los 800.000 euros el primer año y a los 90.000 euros el segundo.

La titular de Seguridad ha destacado que su Departamento está “colaborando” tanto con la Administración de Justicia como con el Tribunal de Cuentas del Estado que se encuentran analizando la actuación de Arias, “trasladándoles la información requerida y  aclarando cuantas consultas se nos han planteado”.

Asimismo, ha subrayado que tanto la directora de recursos Humanos como el resto del personal que tramita en la Ertzaintza las liquidaciones de los gastos indemnizables, está aplicando con “absoluta corrección y rigurosidad” lo que dicta la normativa vigente en aplicación del Decreto 5/2012 acordado por los sindicatos ErNE, Esan y Euspel.

Según ha explicado, el decreto vigente establece un régimen propio de dietas para el colectivo de funcionarios de la escala ejecutiva y superior, con un régimen de disponibilidad absoluta, por lo que ha señalado que esta “singularidad” en sus condiciones de trabajo “justifica sus peculiaridades en el régimen de indemnización”.

“El Departamento está aplicando este Decreto estrictamente desde que nos hicimos cargo del mismo, exactamente de la misma manera en que se aplicaba desde enero de 2012, fecha de aprobación del decreto”, ha insistido.

Beltrán de Heredia espera que “tras las indagaciones oportunas, el juez instructor acuerde el archivo de la causa”. No obstante, ha  recordado que Sipe también presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas del Estado, que ha decidido el pasado 27 de mayo continuar con el procedimiento.

“Los dos procedimientos judiciales están analizando si el departamento de Seguridad ha hecho en los últimos 30 años una interpretación correcta de la normativa aplicable en cada momento, y más concretamente, de la aplicación del decreto 5/2012 desde año 2012”, ha resumido.

Tras insistir en que el Decreto es el que regula y define “perfectamente” qué tipo de gastos de un hertziana debe ser indemnizado, en qué cuantías y situaciones, ha indicado que su departamento ha hecho los pagos “de acuerdo a lo que establece” este Decreto aprobado en enero de 2012. “Desde este punto de vista, existe una regularidad absoluta en el pago de las indemnizaciones, de acuerdo al decreto”, ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que no tiene “ninguna duda” sobre la legalidad del decreto pero ha mostrado su disposición a trabajar para “adecuar” el decreto. Respecto a las cantidades abonadas, ha informado de que en 2013 se abonaron alrededor de 900.000 euros en concepto de estas dietas, cifra que descendió hasta los 700.000 euros en 2014 gracias a la reducción en el número de mandos y a otro tipo de medidas como la sustitución del pago del kilometraje por la disponibilidad de vehículos oficiales.

Por otro lado, ha recordado que la Comisión de Ética del Gobierno vasco determinó que la imputación de Arias en el proceso judicial “no supone un motivo para la separación automática de sus funciones, hasta que en, su caso, el tribunal competente dicte un auto acordando la apertura de juicio oral”.

Finalmente, el viceconsejero de Administración y Servicios, Joseba Guturbai, ha aclarado que desde el punto de vista fiscal estos pagos no se han cuestionado, y ha explicado que el decreto de indemnizaciones recoge un “gran número” de supuestos que en unos casos tributan y en otros no, como establece la normativa fiscal.