Sólo un 28% de las personas con el derecho reconocido ocupa ya una vivienda social
Euskadi es el único lugar de España donde se ha desarrollado legalmente la previsión constitucional de que la Administración garantice el derecho a una vivienda digna de alquiler a todo aquel que reúna unos requisitos económicos. En este arranque de mayo, el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola (PSE-EE), ha enviado al Parlamento vasco un informe con el número de beneficiarios del nuevo derecho subjetivo, que entró en vigor en 2015. En total, 2.509 personas cumplen los requisitos, pero únicamente 703 (28%) ocupa ya un alojamiento del parque público.
Según estas estadísticas, el 72% restante se reparte entre 247 titulares de la prestación sustitutoria (se abonan 250 euros cuando no hay una vivienda adecuada en el lugar de la solicitud) y, sobre todo, 1.559 personas que han declinado la prestación y prefieren esperar a que haya oferta de viviendas. Fuentes del Gobierno vasco explican que este grupo con “prioridad de adjudicación” frente a las futuras demandas está en su mayoría cubierto con otros programas sociales como la renta de garantía de ingresos o salario social para las personas sin ingresos o con rentas y pensiones bajas, que hasta la promulgación de la Ley de Vivienda ofrecía complementos de vivienda también estipulados en 250 euros.
Los datos muestran que la concesión del derecho a la vivienda para todos aquellos que no superen unos umbrales económicos ha alcanzado velocidad de crucero en los últimos meses. En 2015 apenas hubo cuatro casos por más de 1.500 en 2017. En el primer trimestre de 2018 se han sumado 250 beneficiarios hasta alcanzar los 2.509 desde que se puso en marcha el programa.
La realidad muestra que la prestación económica alternativa es realmente excepcional, como se preveía. Menos del 10% de los beneficiarios la cobran. Sin embargo, el sistema no garantiza oferta suficiente de alquileres sociales para todos los demandantes. El 62% de las personas está formalmente en lista de espera o en “prioridad de adjudicación” para cuando haya alojamientos disponibles ajustados a su perfil familiar y a su lugar de residencia.
Además, existe un enorme desequilibrio territorial. En Álava y en su capital, en Vitoria, la aplicación de la Ley de Vivienda está respondiendo más o menos a la filosofía con la que nació. De 366 solicitantes, 348 están ya ubicados en viviendas públicas por tan sólo un perceptor de los 250 euros alternativos y 17 familias en espera. El problema está en Bizkaia. Con casi 2.000 demandantes, apenas 259 han sido alojados en el parque público. Hay casi otros tantos, 227, percibiendo la ayuda económica para alquilar en el mercado libre.
Pero, sobre todo, hay 1.471 con el derecho reconocido pero sin un lugar en el que sean ubicados, unas cifras que no se prevé que mejoren en el futuro inmediato, ya que el volumen de potenciales beneficiarios de la ley llegará a 18.000 en toda Euskadi en 2025. En Bilbao hay 767 personas esperando casa por 93 que ya la han logrado. En Barakaldo esa proporción es de 144 a 20 y en Getxo de 61 a 4.
Igualmente, se ha detectado una menor demanda del derecho a la vivienda en Gipuzkoa. Apenas ha habido 186 solicitudes en tres años, la mitad que en Álava con más del doble de población. “Hay una mayor concentración de necesidades en el área metropolitana de Bilbao y en Vitoria”, explican desde el área de Vivienda.
En todo caso, Arriola ha explicado a la Cámara que se han remitido 4.450 cartas a personas que cumplirían los requisitos y que podrían acceder al derecho a la vivienda. Los envíos son algo más equilibrados territorialmente, con 2.754 a Bizkaia, 995 a Gipuzkoa y 701 a Álava. Alrededor de la mitad de estas personas (2.162) ya perciben complementos de vivienda a cargo de la renta de garantía de ingresos que gestiona el Departamento de Empleo y Políticas Sociales a través de Lanbide.
