Las defensas de los acusados vuelven a la carga contra la investigación de la Ertzaintza en el 'caso De Miguel'

“Déjenme acabar, por favor, me mezclan unas cosas con otras y no sé cuál es la pregunta”, ha protestado ante las preguntas de un abogado la ertzaina 15421, una de las cuatro agentes que conformaron en marzo de 2010 el núcleo duro en el que se apoyó el magistrado que lideró la investigación del 'caso De Miguel', Roberto Ramos, tras la detención de el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, los también dirigentes nacionalistas Aitor Tellería y Koldo Ochandiano y otras cinco personas. La policía, que ya en otra ocasión denunció cómo la trama manipuló un contrato en el parque tecnológico de Miñano en 25 minutos, comparecía en el juicio que se celebra desde enero en la Audiencia Provincial de Álava para presentar las conclusiones de su análisis de los correos electrónicos y otros archivos informáticos decomisados a los imputados en aquel ya lejano 2010. Y una vez más las defensas de los acusados han criticado la labor de la Ertzaintza y han extendido la sombra de sospecha en torno a una posible manipulación de la investigación, aunque en esta ocasión sin formular afirmaciones concretas y enfadando a la funcionaria.

El interrogatorio a 15421 lo ha iniciado el fiscal, Manuel Pedreira, que ha querido establecer que en los correos electrónicos revisados queda claro que el control de la mercantil Kataia Consulting y, en general, de toda la red de sociedades que la rodeaban recaía en De Miguel. También ha destacado que por la forma de escribir los 'emails' y recoger contactos en las agendas había una cierta familiaridad entre los acusados. “Llevo unos años dedicándome a la investigación y sé que en la agenda hay matices. No es igual encontrarse nombre y apellidos o un diminutivo. Eso me pareció interesante, por si podía servir”, ha valorado la policía. Pedreira le ha pedido un ejemplo y ha indicado que al empresario imputado “Prudencio María Hierro” De Miguel lo tenía referenciado como “Pruden”, lo que “parece una relación más allá de lo profesional”. Hierro abonó la factura de la reforma de la casa familiar de De Miguel en Gorliz (Bizkaia), aparentemente después de recibir un contrato presuntamente manipulado a su favor en el Industrialdea de la Llanada Alavesa.

Tras el fiscal, han intervenido los defensores. Han querido saber con detalle dónde trabajaron los policías -se les habilitó una sala especial en el juzgado-, si “departían” con el juez Ramos, si éste les entregaba documentos originales del sumario o si accedían al material informático real y no a los clonados. La agente ha repetido que el material de la causa “nunca salió de la sala de trabajo” y que la operación siempre tuvo el control del juez instructor y del secretario judicial. A lo largo de este juicio, los agentes de la Ertzaintza intervinientes se han quejado en privado y en público de que se han sentido juzgados.

Asimismo, durante sus interrogatorios los abogados han logrado detectar dos errores en el informe policial sobre los correos electrónicos, si bien en ambos casos relacionados con temas colaterales. En uno de ellos se hace alusión a que De Miguel lo recibe en su cuenta oficial de la Diputación cuando, en verdad, esa comunicación es previa a su nombramiento (abril de 2007). En otro caso se malinterpreta una referencia a “Iñaki” como el 'número dos' de De Miguel en la institución, Iñaki Nafarrate, cuando en realidad era Iñaki Gerenabarrena, presidente del PNV alavés y vicepresidente de la Caja Vital Kutxa. EL mensaje versaba sobre la subvención de un concierto de Koteron. En los otros 'emails' recogidos -en el sumario los hay con referencias a pagos en B, a facturas presuntamente falsas o a los contratos con el Gobierno- las defensas nunca han entrado a intentar desmontar su contenido.

“La mano de De Miguel”

Antes que la ertzaina 15421 han intervenido los agentes 5044 y 5094. Ellos se encargaron de cotejar la autoría las anotaciones manuscritas halladas en el domicilio de De Miguel y que hacían alusión a las operaciones económicas investigadas. Para ello, hicieron que el político escribiera de su puño y letra una serie de pruebas. ¿A qué conclusión llegaron? “Se nos entregó un documento que tenía texto manuscrito y la prueba dio positivo con la mano A”, han indicado. ¿Quién era esa mano A? “Alfredo de Miguel”.