¿Acaso están 'aforados' los responsables del fiasco de Epsilon?
Las comisiones parlamentarias de investigación siempre son terreno abonado para la trifulca partidista y pocas veces sirven para su objetivo primigenio: buscar la verdad. Pero, a veces, lo básico ya está bastante claro desde el punto de partida de sus trabajos. Y la verdad inapelable en el caso de los proyectos fallidos de Epsilon e Hiriko es que 64 millones de euros repartidos en ayudas, subvenciones, avales y demás inyección de dinero público han sido dilapidados bajo el manto de dos proyectos de Innovación y Desarrollo vinculados a la Fórmula 1. Proyectos singulares en los que la iniciativa privada ganaba sí o sí y los riesgos recaían sobre las instituciones, esto es, sobre la ciudadanía si -como ocurrió al final- la cosas se torcían definitivamente.
No lo digo yo, lo señala el presidente de la comisión parlamentaria en el dictamen definitivo aprobado con los votos de todos los partidos, salvo el PNV, al referirse a Epsilon, la escudería vasca de Fórmula 1 que un día soñó el Ejecutivo del lehendakari Ibarretxe. “Si el proyecto funcionaba, porque los ingresos eran principalmente públicos, sus promotores se hacían con una empresa que al menos estaba tasada en más de 22 millones de euros, habiendo desembolsado 92.333 por el 90% de la empresa. Si el proyecto fracasaba, el Parque Tecnológico de Álava debía adquirir la deuda con las entidades financieras” en la polémica cesión de rango hipotecario en los créditos de 16 millones de euros.
La cuestión ya no es recordar una vez más las “situaciones de grave quebranto económico” para el erario público en ambos proyectos, algo que también apunta el informe aprobado por amplísima mayoría -todos los grupos de la oposición- y que deberá ser discutido y votado en un pleno a la vuelta del verano. Ni la falta de diligencia de las Administraciones central y vasca a la hora de supervisar el dinero que alegremente fluía como si del maná bíblico se tratara.
De lo que se trataba entonces en los trabajos parlamentarios era de dilucidar, constatar y atribuir las “responsabilidades políticas” de una “mala gestión” del dinero público. Y así se ha hecho. El informe es claro a la hora de apreciar esas responsabilidades. “Las personas que formaban parte del Consejo Vasco de Promoción Económica” que el “28 de noviembre de 2007 declararon a lo presentado por Epsilon Euskadi SL como proyecto estratégico y propusieron al Consejo de Gobierno la concesion de una subvención de Fondos Estratégicos”. Y “las personas que formaban parte del Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Álava SA”, que en su reunión del 16 de marzo de 2009 “y en relación con las operaciones de cesión de rango hipotecario y de compromiso de participación en ejecuciones hipotecarias manifestaron su conformidad con las referidas operaciones”. A ellos apunta el dictamen.
Hasta aquí el informe. EH Bildy y UPyD querían ir más lejos, pretendían con sus alegaciones que el dictamen definitivo recogiera los nombres y apellidos de los que se sentaban entonces en esos órganos. No por aplicar la pena de banquillo (o tal vez sí), sino por no diluir las responsabilidades. Y no carece de sentido porque, además, al menos seis de ellos tienen en estos momentos responsabilidades en el Ejecutivo que lidera Íñigo Urkullu, entre ellos la consejera de Desarrollo y Competitividad, Arantza Tapia, y la viceconsejera de Justicia y exconsejera de Industria en la etapa de Epsilon, Ana Agirre.
El parlamentario socialista Vicente Reyes tuvo que esforzarse para explicar que aunque el PSE no tenía ningún problema en que aparecieran los nombres de todos ellos, no apoyó las alegaciones de la coalición soberanista y de Gorka Maneiro porque no las habían consensuado entre ellos. El grupo parlamentario socialista debatió internamente qué hacer en la votación y se escucharon voces favorables a sacar adelante esas alegaciones. Pero se optó por quedar retratados junto al PNV en este asunto, lo que sin lugar a dudas da aire a las acusaciones de contubernio con los jeltzales, no tanto para tapar el asunto, como para no hacer más sangre de la debida.
Lo importante, destacan los socialistas -que niegan cualquier pacto con el PNV y menos para tapar este escándalo- es que las “responsabilidades políticas” están ahí. No estaría de más que dieran un paso más allá del de esperar a que sea el Gobierno el que “tome las decisiones que considere”, en palabras de Vicente Reyes. Desde luego reforzaría su posición y alejaría la sombra del pacto con los peneuvistas que no han dejado de airear EH Bildu y UPyD desde el minuto cero de la constitución de la comisión de investigación. El ejecutivo de Urkullu tiene herramientas para que esas responsabilidades políticas no se diluyan como un azucarillo: El Código Ético y de Conducta aprobado por el Gobierno vasco en mayo de 2013 prevé el cese de altos cargos que hayan podido incurrir en responsabilidades políticas por su gestión. Si realmente se quiere contar con altos cargos ejemplares e íntegros es el momento de activar una herramienta que dota de credibilidad a quien la aprueba si se utiliza, como ya ha ocurrido con el 'caso Elizegi'. No si se convierte en papel mojado cuando las cosas vienen mal dadas. El Gobierno destituyó a Agustín Elizegi de su cargo de director general de la sociedad pública Ejie por haber adjudicado un contrato a una empresa del Grupo Versia para el que había trabajado hasta su incorporación al Ejecutivo.
¿Acaso están 'aforadas' las personas señaladas en el informe sobre Epsilon e Hiriko? ¿Tienen bula? Lo parecería si el Gobierno no toma decisiones tras leer el dictamen, tal y como le han sugerido socialistas y populares, grupos que no se han sumado a la petición de dimisiones realizada por el resto de partidos de la oposición. Y a tenor de sus primeras declaraciones, la cuestión no huele a ceses. El portavoz Josu Erkoreka ya ha dicho que el informe es “sectario” y parcial porque “el 80% de los fondos públicos empleados en esos proyectos procedía del Gobierno central” y, sin embargo, el dictamen pone “el énfasis exclusivo en las instituciones que aportaron el 20% restante”.
Parece un comienzo poco ejemplar.
