El modelo de protección social, ante su hora más difícil

A finales de la década de 1980, Euskadi puso en marcha un plan de lucha contra la pobreza, cuyo principal exponente era lo que dio en llamar el salario social. Hoy, ese salario social es la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), una ayuda que se concede A todas aquellas familias sin recursos que reúnan una serie de requisitos, entre ellos el empadronamiento en el País Vasco. Se trata del mejor sistema de rentas mínimas de España y comparable a los impulsados en los estados socialmente más avanzados de la Unión Europea. Esa es la opinión de los expertos, quienes también resaltan que gracias a este sistema, Euskadi se aleja por completo de las tasas y el riesgo de pobreza del resto de España. Sin embargo, este sistema de ayudas sociales se acerca a su hora más difícil.

Alrededor de 61.600 beneficiarios cada mes de la RGI; 36,5 millones de euros de gasto mensual por parte del Gobierno vasco en prestaciones; 414 millones de gasto en 2012......Las cifras son de vértigo y no dejan de crecer. La RGI es un derecho subjetivo y, por lo tanto, no está sujeta a la discrecionalidad técnica, económica o política de las instituciones. Nunca se acaba la partida.

La persistencia de la crisis, la caída del empleo, las restricciones en el acceso a las ayudas sociales, el recorte en las cuantías y la desafección de una parte de la población hacia las ayudas a los más pobres conducen al modelo hacia una encrucijada. Luis Sanzo, responsable del servicio de estadística del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y uno de los mayores conocedores del sistema, advierte de que si se consolidan estos factores se podría “llegar de forma relativamente rápida a una situación nueva. Ésta vendría caracterizada por la ruptura del proceso de mejora observado hasta 2008”. Así lo ha expresado en la ponencia sobre pobreza que se constituyó en las Juntas Generales de Gipuzkoa.

“La consolidación del sistema de prestaciones”, añade, “no solo ha sido compatible con la mejora de la situación social de la mayor parte de la población, sino con un incremento sustancial de los niveles de ocupación”. A la vista de estos datos, le llama la atención que socialmente el sistema de garantía de ingresos se asocie directamente a “cronificación o fraude, insistiéndose en paralelo en su inviabilidad financiera en caso de mantenimiento de los actuales niveles de atención”.

Gran parte del problema se vincula, según Sanzo, al “enorme” salto adelante que se observa entre 2004 y 2010 en los niveles de acceso a la prestación y al paralelo incremento del gasto. Esta evolución se relaciona con la aceptación del acceso de la población inmigrante al sistema, la aplicación de estímulos al empleo, la ampliación de las cuantías de protección a los pensionistas. El aumento de la demanda debido a la crisis ha contribuido a consolidar al alza las partidas de gasto asociadas a la RGI, a pesar de que se han introducido medidas restrictivas en los últimos años.

Beneficios sociales

¿Es factible no contar con un sistema de este tipo? El director del Centro de Documentación y Estudios-SiiS, Joseba Zalakain, asegura que los beneficios sociales (en términos de cohesión social, reducción de la pobreza, etc.) e incluso económicos del sistema están “más que demostrados y lo que verdaderamente debería preocuparnos es el impacto que tendría un recorte drástico en ese sistema. No hay más que comparar la situación del conjunto de España con la Euskadi: si bien es evidente que una parte de la diferencia se debe a la existencia de modelos productivos diferentes, la contención de la pobreza en Euskadi también se explica por el efecto de la RGI. España, al carecer de un sistema sólido, se aleja de los países civilizados. No hay más que ver las cifras de la pobreza en España para valorar el efecto de la RGI en Euskadi”.

Respecto a los cambios que resultan necesarios introducir para seguir haciendo viable el modelo, Zalakain apunta en primer lugar a la capacidad de gasto de las administraciones y, por tanto, a la presión fiscal. “Se están dando pasos en ese sentido, pero quizá insuficientes: no se trata de recuperar el nivel de ingresos anteriores a la crisis, sino de establecer un sistema que dote a las administraciones de los ingresos que precisan para abordar las políticas que, mediante una serie de leyes, se ha decidido hacer. Eso obliga a una presión fiscal superior a la que existía en Euskadi antes de la crisis, y a revisar aspectos como la progresividad, el fraude, las deducciones y exenciones, etc”.

Al margen de la cuestión de la financiación, cree que también es importante abordar “la cuestión de la aceptación social del sistema, especialmente entre las clases medias. Creo que cada vez hay una mayor desafección de ciertos grupos sociales respecto a algunos sistemas de protección social, especialmente los que atienden a la población pobre, y se deberían aplicar medidas para que esa desafección se reduzca, y las clases medias asuman como propio ese sistema”. Además, señala que hay que dar respuesta a un problema del que ya son muy conscientes en otros países, y que también se da en Euskadi: el elevado número de personas que, aun teniendo derecho a ellas, no piden estas prestaciones. “Se trata de un problema más grave que el del fraude, a mi juicio, pero algunos políticos y, en general, la opinión pública, prefieren centrarse en el tema del fraude”.

Reinventar el modelo

Reinventar el modeloFernando Fantova, ex viceconsejero de Asuntos Sociales la anterior legislatura y en la actualidad consultor social, considera que el verdadero reto que tiene el sistema de protección social (entendiendo además de las ayudas sociales, la sanidad, pensiones....) es el de “reinventarse” ante el enorme cambio social que, en buena medida, es “la consecuencia del propio éxito del sistema de protección social. Fenómenos como la ampliación de la esperanza de vida, la incorporación creciente de las mujeres al empleo remunerado, la extensión de los métodos para el control de la natalidad, la facilitación de la movilidad geográfica de la población, la incorporación de tecnologías cada vez más avanzadas a los procesos productivos… configuran un tipo de sociedad, con nuevas necesidades y riesgos sociales a los que no se ajusta el sistema de protección social del que disponemos”.

En ese contexto, sostiene que resulta “erróneo y disfuncional fijarse en uno u otro de los dispositivos de protección social aisladamente, pues nuestro éxito como sociedad y nuestra capacidad de reformar el sistema de protección social para hacerlo cada vez más eficaz y sostenible va a depender de nuestra capacidad para elaborar estrategias complejas, inteligentes y compartidas al respecto”.

La pregunta, según Fantova, no es si es sostenible nuestro sistema de protección social sino si “nuestra sociedad es sostenible si consentimos que una mezcla de agresiones ideológicas, comportamientos corporativistas, reacciones insolidarias, recortes indiscriminados, conductas incívicas, torpezas institucionales, insuficiencias técnicas… nos conviertan en incapaces de reinventar nuestro sistema de protección y refundar nuestro contrato social”.

Las cuestiones de fondo a las que tiene que enfrentarse la sociedad vasca en materia de garantía de ingresos siguen siendo fundamentalmente las mismas que tuvieron que abordar las personas que diseñaron en sus orígenes las prestaciones del plan de lucha contra la pobreza, indica Sanzo. Es decir, ¿Considera o no necesario la sociedad vasca garantizar a toda la población unos ingresos mínimos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas? Y en caso de respuesta positiva, ¿En qué condiciones y con qué cuantías?.

“El futuro de Euskadi”, enfatiza, “dependerá más de las soluciones que se alcancen para el problema del desempleo, en especial el de los jóvenes, y de la capacidad social por repartir el trabajo disponible, que de un posible y suicida debate sobre las limitaciones y, hasta el sentido, de su sistema de garantía de ingresos. Nadie debería olvidar que este sistema ha contribuido, junto con otras muchas medidas, a que Euskadi haya dejado de ser la sociedad con cerca de un 30% de población en situación de pobreza y ausencia de bienestar que dejaba la reconversión industrial, y el territorio con mayor nivel de paro y peores perspectivas de crecimiento económico de España”.