El futuro de los trabajadores de Arcelor Zumarraga se dirime esta semana

Es cuestión de días. Y la negociación entre los representantes de los trabajadores está viviendo sus últimos coletazos. El comité de empresa de Arcelor Mittal de Zumarraga (Gipuzkoa) ha pedido a la multinacional que amplíe el plazo tope, fijado en el próximo viernes día 15, para que los trabajadores decidan si optan por su traslado a Asturias o por la baja voluntaria.

El Comité se vuelve a reunir el lunes con la dirección de empresa, que ha anunciado dará por finalizado el periodo de consultas abierto el 9 de junio. Está por ver si la multinacional da su brazo a torcer o mantiene el viernes como fecha tope para que los trabajadores decidan sobre su futuro. El cierre de la planta es ya un hecho y, a diferencia del futuro de la ACB en Sestao, no hay ninguna posibilidad de arrancar de nuevo.

En una rueda de prensa en Zumarraga, donde decenas de trabajadores de Arcelor se han concentrado bajo el lema 'Por una política industrial. Recolocaciones no son soluciones', el presidente del Comité, Leo Bote (CCOO), acompañado del representante de LAB en el mismo, Aitzol Cajaraville, leyó este fin de semana un comunicado en el que los trabajadores denuncian la actitud de la empresa de “impedir”, transcurridos más de tres meses desde el inicio del procedimiento para el cierre, que pueda intentarse cualquier opción alternativa a éste.

Bote ha señalado que no se puede afirmar que “es imposible negarse a estudiar cualquier alternativa industrial” y a la vez decir que “se ha hecho todo lo posible para mantener la actividad”. A su juicio, es posible un proyecto “viable” para la planta, pero ello requiere “apostar” por ella.

El presidente del Comité ha denunciado que “la verdadera intención de Arcelor Mittal es deslocalizar la producción” de Zumarraga y así “ha convertido un acuerdo para facilitar la salida a las personas que se quieren desvincular de la empresa en un dramático chantaje”.

En este sentido, ha criticado que los trabajadores tienen que decidir “en una semana”, ya que el “insuficiente” plazo concluye el día 15, “una decisión que marcará sus vidas”, al tener que elegir entre “una indemnización que no soluciona nada” o “la indertidumbre total” de un traslado “sin saber a dónde, cuándo, ni las condiciones, ni el salario” y “con la amenaza de quedarse luego sin nada”.

Por ello, Bote ha pedido “sensibilidad social” a la dirección y ampliar ese plazo hasta el día 15 “porque una decisión tan importante no se puede tomar en tan poco tiempo”.

En este sentido, ha censurado que los afectados “ni siquiera pueden matricular a sus hijos” para el próximo curso lectivo, ya que si optan por el traslado, aún no saben “ni en qué ciudad” vivirán. “Arcelor Mittal quiere que casi todos nosotros optemos por el despido”, ha apuntado.

Críticas a la consejera Tapia

Por otro lado, ha señalado que la consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha “abandonado a su suerte” a los 350 trabajadores de Arcelor Zumarraga, una “respuesta vergonzosa que no está a la altura de lo que tiene que hacer un Gobierno”.

“Si el Gobierno no puede incidir legalmente en las injusticias que comete una multinacional habría que cambiar la legislación pero no aceptamos que el Gobierno vasco se escude en eso”, ha apuntado.

Al respecto, ha recordado que desde el Comité de empresa de Arcelor Zumarraga se han hecho “propuestas concretas” que han sido “aceptadas” por el Ejecutivo vasco y que “solo dependen de la voluntad de llevarlas a cabo” y que “luego no se han concretado”. A su juicio, la respuesta de Tapia diciendo que se “desentendían” de la situación de la plantilla es “la gota que ha colmado el vaso”.

“No se nos ha presentado la solicitud de una auditoría externa como se nos prometió, no se ha cambiado el plan del Gobierno vasco presentado a la empresa, no han adoptado ningún compromiso de oponerse jurídicamente al cierre, no han encargado la elaboración de ningún plan de viabilidad alternativo”, ha destacado.

Para el Comité, Arcelor Mittal y Gobierno vasco “se retroalimentan con su actitud” y ambos buscan que la plantilla dé “su brazo a torcer” y que “acepte el cierre de la planta con el grave destrozo que supone para la comarca”. En este contexto, Bote ha exigido al Ejecutivo vasco que “no financie a Arcelor Mittal hasta que no garantice un proyecto industrial en todas sus plantas”, porque no se entiende que “el dinero público se pudiera utilizar para pagar los despidos” de Zumarraga.

Frente a ello, ha advertido de que los trabajadores se niegan a aceptar este cierre “injusto e injustificado” que supone “un gran daño” para la comarca y seguirán “peleando hasta el final”.

En cuanto a la última reunión con la empresa celebrada el pasado martes, Bote ha recordado que se alcanzó un acuerdo con la dirección para la prejubilación o jubilación parcial de 21 personas, que abarca a trabajadores nacidos entre los años 1955 y 1959.

Además, Arcelor Mittal ha propuesto la indemnización a la salida voluntaria legal por despido improcedente que establece la normativa, de 45 días hasta el 2012 con un tope de 42 mensualidades, y de 33 días desde febrero de ese año, mientras que sería de 20 días con un tope de 20 mensualidades en caso de rescisión de contrato.

En cuanto al recurso a la vía judicial, desde el Comité han indicado que primero esperarán a ver qué ocurre en la reunión de este lunes antes de tomar una decisión al respecto.