Cuando Stéphane Hessel lanza en 2010, a la edad de 92 años, la consigna “indignaos”, coreada por José Luis Sampedro con 93 años, los pensionistas españoles no se sienten aludidos. Tras la muerte de Hessel y Sampedro, aquellos pensionistas, entonces reserva de votos del PP, inician una revuelta que hace temblar al endeble gobierno de Mariano Rajoy. La causa de esa inesperada rebeldía, promovida desde un colectivo de 10 millones de personas, es el recorte de las pensiones, provocado por las reformas laborales y de la Seguridad Social que en 2011 y 2013 impusieron los gobiernos del PSOE y del PP a los actuales y futuros pensionistas. En realidad la ofensiva contra las pensiones públicas comenzó en 1995 al desvincular las cuentas de la Seguridad Social de los Presupuestos Generales del Estado.
El retorno de los viejos rokeros
A poco que se analice la composición social de ese núcleo población deja de asombrar que se indignen y rebelen. Se trata de una generación bipolar, con comportamientos dispares: mientras una parte se atrincheró en el silencio y el miedo provocado por la dictadura, otra se comprometió en la lucha antifranquista, hizo realidad la conquista de las libertades y posibilitó el estado de bienestar, ahora amenazado. Este colectivo es el que está protagonizando la lucha contra el recorte de las pensiones.
Los partidos políticos, los que gobiernan y el resto, habían olvidado que dentro del núcleo de población menos politizado, el de mayor edad, se encuentra el más combativo e ideologizado, el que lleva toda la vida defendiendo causas propias y ajenas. Se equivocaron quienes impusieron las reformas contando con el miedo y la sumisión de los pensionistas. Tampoco aciertan los partidos que renuncian a la experiencia política y la capacidad organizativa de tanta gente, centrando su actividad en la juventud.
Entre el espontaneísmo y el organicismo
Las formas organizativas y métodos de coordinación que adoptan las movilizaciones de pensionistas son múltiples, dependiendo en particular de la incidencia sindical. A diferencia de otros territorios, en el País Vasco, sobre todo en Bizkaia, ni partidos ni sindicatos participan de forma directa. Por exigencia de los propios pensionistas no se admiten pancartas de ninguna organización. La coordinación se lleva a cabo desde la base, mediante plataformas ciudadanas o a través de asociaciones donde están los sindicatos, aunque sin hacer ostentación de sus siglas. Las convocatorias generales parten de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, ajena a los sindicatos. En Euskadi, al tomar la iniciativa los pensionistas, pese a la división sindical el apoyo a las movilizaciones es unánime.
Los sindicatos venían convocando movilizaciones en defensa de las pensiones, sin alcanzar el auge actual hasta entrar en acción los métodos de coordinación y de agitación propios de los movimientos sociales. En fechas previas al 17M circulaba por la redes una extensa variedad de carteles y viñetas llamando a la manifestación. Así que han confluido los procedimientos de difusión tradicionales y los virtuales ajenos al sistema. Y como ocurrió el 8M, los medios de comunicación han ejercido de caja de resonancia. No ha sido necesario empapelar las calles para movilizar a la ciudadanía.
Luchar por el respeto y la dignidad
La clave de las movilizaciones es la determinación de rechazar el incremento anual del 0,25%, planteando como alternativa revalorizar las pensiones en base al IPC. Esa subida, equivalente a una limosna, ha encendido los ánimos de los pensionistas, licuando su sangre mejor que el Sintrom. Las concentraciones semanales, el reencuentro con colegas de pasadas militancias, ayudan a rejuvenecer. Mal augurio para el maltusianismo que ciñe la problemática de las pensiones a cuestiones demográficas; va a resultar que el activismo social alarga la esperanza de vida.
Recortar las pensiones o revalorizarlas son decisiones políticas. Los gobiernos determinan cómo y cuándo distribuir la riqueza. Establecen prioridades basadas en criterios más ideológicos que económicos. Rescatando a la banca en vez de a la gente que se arruinó con las hipotecas basura de la banca, se intensifican las desigualdades, aumenta la precariedad y la exclusión social. Por eso, no queda más opción que cambiar de política económica, o sea, de gobierno. Los pensionistas han aprendido la lección, gritando cada día con mayor decisión: “Los recortes de pensiones se pagarán en las elecciones”, “Ni un día más de gobierno del PP”, “Rajoy dimisión”.
Ofensiva contra las pensiones públicas
Mariano Rajoy comparece en el Congreso para recordar sus planes en materia de pensiones. Confirma que no está dispuesto a revalorizarlas. Esa obstinación contrasta con la decisión de incrementar los sueldos de los funcionarios públicos el 1,75% en 2018, llegando al 8% hasta 2020. Es un agravio comparativo que no pasa desapercibido entre los pensionistas. Tratándose de una medida electoralista sorprende que Rajoy no utilice el mismo método con los pensionistas. Todo apunta a que los recortes de las pensiones públicas encajan en el proyecto para sustituirlas con planes de pensiones privados.
Se intenta convertir esos productos financieros en el negocio más prospero de la banca. El País Vasco es pionero: las EPSV (entidades de previsión social voluntaria) manejan el 34% del PIB, siendo el 10% a nivel estatal. Ese modelo de pensiones privadas esté promovido por instituciones controladas por el PNV (Gobierno Vasco, diputaciones, ayuntamientos, Kutxabank), lo negocian en los convenios sindicatos que cobran por su gestión, se financian con impuestos, tienen bonificaciones fiscales y no tributan a la Seguridad Social. Es decir, se compite de forma desleal con las pensiones públicas.
Resurgir de las movilizaciones ciudadanas
Las concentraciones de pensionistas, manifestaciones del 22 de febrero, movilizaciones feministas del 8M, manifestaciones del 17M, tienen una trascendencia comparable al “No a la Guerra” del 2003. Constatada la capacidad movilizadora de pensionistas y feministas, así como la impotencia de los partidos de la oposición para enfrentarse de forma conjunta a las regresivas medidas sociolaborales de la derecha, los sectores más vulnerables y oprimidos de la sociedad toman conciencia de su fuerza y reclaman sus derechos con firmeza. No es casual que el movimiento de pensionistas haya apoyado públicamente las acciones del 8M y que el feminista haga otro tanto el 17M.
Las manifestaciones del 17 de marzo confirman la dinámica de cambio social. Se trata de movilizaciones intergeneracionales transversales donde diferentes mentalidades comparten motivaciones comunes. Tal es la característica fundamental del movimiento en defensa de las pensiones públicas, conforme se constata analizando los índices de participación. El ejemplo más significativo es el de Bilbao, donde una plataforma unitaria y plural, sin protagonismo político ni sindical, logra agrupar a 115.000 personas. El caso opuesto es Madrid, con dos manifestaciones que compiten entre sí, pese a coincidir las consignas.
¿Y ahora qué? En cualquier país de democracia consolidada el 17M provocaría una crisis de gobierno. Aquí es diferente, habrá que esperar a la cita con las urnas, salvo que el PNV considere que apuntalar la corrupción ha dejado de ser rentable y Rajoy opte por huir hacia adelante. De todos modos, los pensionistas volverán a concentrarse los lunes, al sol o bajo la lluvia, preparando las condiciones para dejarse oír a las puertas de La Moncloa. Será una jornada más de orgullo, reclamando sobre todo respeto y dignidad. Eso significa pasar de la indignación a la insurrección rechazando el 0,25%.
Si los pensionistas persisten en su lucha y castigan al PP en las urnas, el gobierno del cambio que no fue posible a través de la unidad de la izquierda tal vez se haga realidad en base a un compromiso de regeneración democrática y de progreso social que incluya la derogación de medidas que afectan a las condiciones de jubilación y estabilidad de las pensiones públicas. Es más, dado el creciente peso de las pensiones en el conjunto de la economía, convendría considerar la revalorización de las pensiones y la economía de los cuidados como factores de desarrollo sostenible. Es decir, un keynesianismo basado en la rentabilidad social, no en el gasto en infraestructuras. Pero esa es otra historia.
*Luis Alejos es sociólogo y pensionista
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