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Un golpe judicial

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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La decisión del Gobierno de desbloquear vía reforma legislativa el Tribunal Constitucional ha obligado a mover algunas piezas sobre el tablero. El PP habla de ataque al estado de derecho, pero su único movimiento ha sido acudir al Constitucional. Una decisión lógica y entendible: si crees que una norma es inconstitucional, está la opción de recurrirla. Vox y Ciudadanos hablan de golpe de Estado y han optado por presionar para una moción de censura. Es normal: si crees que hay que cambiar el Gobierno, la vía para hacerlo es una votación en el Congreso.

Pero hay otro actor en esta historia que se ha visto forzado a desvelar su estrategia y que está lejos de los cauces que establece el estado de derecho para frenar aquello con lo que no se está de acuerdo. Son los nueve vocales del Poder Judicial elegidos a propuesta del PP, con el mandato caducado desde hace cuatro años, y decididos a enfrentarse al Gobierno hasta el último minuto.

Esos vocales llevan meses dilatando su obligación de nombrar a su candidato para el Constitucional. Les corresponde poner un nombre sobre la mesa a ellos y otro al sector progresista. El acuerdo inicial era que cada uno vote al suyo y ambos asciendan al tribunal de garantías.

Pero los conservadores primero dijeron que necesitaban tiempo, luego que había que fijar bien las reglas de las negociaciones, después pidieron esperar a una Europa que no les respalda como ellos esperan y por último, cuando los progresistas hicieron público su candidato, dijeron que querían examinar a más aspirantes. Tres meses sin que se hayan sentido concernidos por una ley que les obligaba a tener esos nombramientos listos el pasado 13 de septiembre.

Entre tanto, esos vocales han seguido un doble juego. Durante estas semanas se han sentado a comer constantemente con diversos periodistas para filtrar, siempre de forma anónima, sus verdaderas intenciones. Que no les gustaba el candidato progresista, que creían que era cercano al Gobierno, que preferían otro, que querían forzar un pleno para los nombramientos o que si el presidente interino del CGPJ no lo hacía podían querellarse contra él.

Ninguna de esas intenciones se hace explícita en público, donde mantienen su imagen de hombres y mujeres de Estado, adoptan una pose institucional y hablan de los estándares europeos para la separación de poderes o lamentan las interferencias entre “la clase política y el poder judicial”.

Pero el movimiento del Gobierno les ha dejado sin opciones y han tomado una decisión que destapa su estrategia. Los vocales conservadores quieren que se celebre un pleno para forzar los nombramientos antes de que entren en vigor las nuevas normas. Y pretenden que en ese pleno se nombre a los dos candidatos que ellos quieren, dejando fuera al de los progresistas.

Ya están las cartas sobre la mesa. La estrategia soterrada de reservados en restaurantes al fin se revela a la luz pública. Los vocales conservadores se han visto obligados a mostrar que su única intención todos estos meses (incumpliendo la ley) ha sido impedir que los progresistas nombren a quien quieran para tratar de imponer a sus candidatos. Ahora, intentando eludir los efectos de una ley acordada por los socios de Gobierno y que previsiblemente será avalada por una mayoría del Congreso.

Sortear una iniciativa legislativa que sale de un parlamento votado en las urnas mediante maniobras como las de estos días acerca a esos hombres y mujeres con traje de estadista a la figura de unos golpistas bien vestidos. Detrás subyace el convencimiento de algunos de ellos de que están llamados a proteger el estado de derecho, aunque en esa particular batalla lo hagan saltar por los aires.

Entre los que se han convencido de que son caballeros templarios ungidos para luchar contra el peligroso Gobierno socialcomunista no solo están estos vocales. Hay algunos jueces que desde hace años rumian la idea de que ellos, desde sus despachos, también tienen que sumarse a una batalla judicial contra un Gobierno elegido en la urnas.

Estos días hemos vivido un ejemplo claro. Un juez de lo Mercantil y que tuitea desde una cuenta con candado decía este miércoles que era “Tiempo para la épica” y que él estaba dispuesto a “dar la batalla, con honor y sin miedo” frente a quienes “colonizan y degradan las instituciones”.

Como él piensan algunos más aunque no tengan el arrojo de vociferarlo en las redes sociales. A veces son palabras huecas porque poco se puede hacer desde un juzgado de lo Mercantil, pero en ocasiones quienes tienen ese afán están al frente de juzgados que abren investigaciones prospectivas contra un partido del Gobierno, o sentados en el Consejo General del Poder Judicial para intentar saltarse las leyes. O en el Constitucional, para convocar un pleno a toda prisa y decidir si se para una ley incluso antes de ser aprobada.

Batallar desde juzgados e instituciones como el Poder Judicial o el Constitucional contra un Gobierno salido de las urnas tiene un nombre: es un golpe judicial.

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