La dignidad y el valor de un funcionario público comprometido con la democracia

Por fin la Sala II del Tribunal Supremo justificó la condena del Fiscal General del Estado, mediante una sentencia que es objeto de todo tipo de comentarios y que se sitúa en el centro de lo que se está convirtiendo la sociedad española: en dos polos al parecer irreconciliables desde que algunos se negaron a reconocer la legitimidad de un gobierno nacido de las urnas y están llevando a una imparable degradación de las Instituciones democráticas. Ahora es el turno de la justicia, a la que se suma la Sala Segunda con la instrucción de un proceso incomprensible contra el ya exfiscal general y con una sentencia decepcionante y alarmante para quienes durante muchos años desempeñamos la función pública en el Ministerio Fiscal.

La sentencia es, y será, objeto de multitud de comentarios, algunos aplaudiendo la seriedad de su formulación y la valoración de los indicios, y otros, todo lo contrario. Propio de los diferentes modos de vivir la realidad social en que se encuentra la sociedad española. A nuestro juicio, desde la atalaya de la jubilación y los años de servicio público y ejercicio del derecho, la sentencia es decepcionante y, también, alarmante. La falta de prueba de la filtración –únicamente apoyada en conjeturas particulares en contra del reo y con desprecio de pruebas concluyentes en sentido contrario aportadas por los periodistas a los que se dice creer para no hacerlo– y la consideración de una divulgación punible en la nota de prensa que asumió el propio fiscal general para desmentir una información mentirosa que insultaba al Ministerio Fiscal y que ya divulgaba lo que ahora es prueba de cargo, todo esto hace de la sentencia un modelo contrapuesto a los principios elementales del derecho penal, como ponen de manifiesto las magistradas discrepantes en su contundente voto particular. En definitiva, una desgracia de sentencia que supone una desgracia para el Estado de derecho.

La decisión de la Sala Segunda es objeto de análisis y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Pero hay una cuestión tan importante como todo esto, si no más, y es la situación injusta en que esta desgraciada sentencia coloca a la Institución del Ministerio Fiscal y particularmente a Álvaro García Ortiz. El factor humano siempre presente en todas las circunstancias sociales.

Porque Álvaro García Ortiz ha sido víctima de una injusticia que ha desembocado en una sentencia injusta, y lo ha sido por una cuestión fundamental: porque ha defendido con dignidad una Institución constitucional de la democracia como es el Ministerio Fiscal. La ha defendido no solo con la publicación de la nota que un instructor y un Tribunal, humana y jurídicamente insensibles, consideran punible, sino con su permanencia en el cargo a través de la incomprensible y absurda instrucción y de las vejatorias sesiones de juicio oral.

Y aquí podemos hacer otra reflexión sobre el papel del Poder Judicial, papel que es fundamento de la democracia y que siempre ha de tener en cuenta los principios constitucionales, en particular aquel que establece en el artículo 117 que la justicia emana del pueblo, que no es propiedad de nadie; ni, por supuesto, de los funcionarios judiciales que la han de aplicar y que han de ser conscientes de que sus decisiones son determinantes para la estabilidad democrática y para el estado de derecho, sin el que no existe libertad ni democracia. Relativizar los principios del derecho penal son factores peligrosos de inestabilidad.

La alternativa a la digna decisión de Álvaro García Ortiz de no dimitir, en lugar de hacerlo como se lo pedían tanto enemigos como también amigos, hubiese sido humanamente comprensible. Ahora bien, esa decisión hubiera trasladado a la sociedad un mensaje muy peligroso, ya que bastaría que un malintencionado delincuente, y los hay muy poderosos también en la política, dirigiera una querella contra cualquier fiscal que ejerce su función pública –no olvidemos que en defensa del interés público y promoviendo el interés social como dice la Constitución– para intimidarlo hasta conseguir apartarle de su función. Una persona digna y consecuente con su cargo no podía dar semejante paso. Y por esa dignidad García Ortiz ejerció en todo momento sus funciones y asumió la responsabilidad de desmentir una información falaz que trataba de debilitar a una Institución del Estado; precisamente esa actitud, la de defender la democracia, le ha llevado a la condena. Y esa actitud digna también le ha llevado a una situación dolorosa en lo personal y, no lo olvidemos, en lo familiar.

Álvaro García Ortiz ha sido, y es, un digno defensor de la democracia. La injusticia legal se corregirá, no nos cabe duda, pero el daño a la persona, y a su familia, solo se puede reparar con reconocimiento y afecto. Reconocimiento y afecto que deseamos le llegue de todo corazón por parte de todos los que reconocemos en Álvaro un defensor de la democracia y del pueblo, para el que siempre procuró hacer un Ministerio Fiscal promotor del interés social. La democracia tiene una deuda con él y con su familia.

El acto de la toma de posesión de Teresa Peramato no deja de ser un momento doloroso por la injusticia que lo genera, pero, a la vez, es una puerta abierta y llena de esperanza, porque sabemos, con certeza, que la nueva fiscal general participa de la misma dignidad personal, capacidad jurídica y compromiso con los valores constitucionales del Ministerio Fiscal que su antecesor ha mantenido durante su mandato al servicio del pueblo del que emanan los poderes del Estado.