El levantamiento de enero en Irán y el colapso de la ilusión reformista

El levantamiento nacional que sacudió Irán a comienzos de enero de 2026 marcó una ruptura decisiva en la confrontación entre la sociedad iraní y la teocracia gobernante. Lo que empezó como protestas contra el colapso económico, la pobreza y la represión se transformó rápidamente en un desafío directo a los fundamentos del poder clerical. La respuesta del régimen —especialmente brutal los días 8 y 9 de enero— reveló no solo la magnitud de la violencia que está dispuesto a ejercer, sino también la imposibilidad estructural de cualquier transición pacífica o negociada dentro del sistema actual.

Durante esos dos días, las fuerzas de seguridad emplearon fuerza letal en numerosas ciudades. Vídeos verificados, testimonios y datos médicos confirman disparos contra manifestantes en plazas públicas y barrios residenciales, incluso mientras intentaban dispersarse. Los hospitales se vieron saturados por heridos de bala, muchos con impactos en la cabeza y el torso superior, lo que indica disparos deliberadamente mortales.

Esta violencia no fue accidental ni fruto de excesos locales. Los indicios apuntan a órdenes procedentes de las más altas instancias del poder, acompañadas de apagones de internet, detenciones masivas y procedimientos judiciales acelerados. Todo ello formó parte de una estrategia coordinada destinada a sofocar cualquier contestación organizada.

Estos hechos explican por qué el cambio político en Irán no puede seguir el modelo europeo de las llamadas “revoluciones de terciopelo”. Dichas transiciones presuponen límites a la violencia estatal, fracturas en las élites gobernantes o la neutralidad de las fuerzas de seguridad. Ninguna de estas condiciones existe en Irán. La teocracia obtiene su legitimidad de una supremacía ideológica sostenida por la coerción, y su aparato represivo es un pilar central de la supervivencia del régimen.

En este entramado, los Guardianes de la Revolución ocupan una posición clave. Actúan como fuerza militar, servicio de inteligencia, conglomerado económico y herramienta de represión política. No existen para defender a la nación en un sentido convencional, sino para preservar el dominio clerical. Las protestas masivas son percibidas como amenazas existenciales, no como demandas políticas, lo que hace inviable cualquier expectativa de reforma negociada.

El levantamiento de enero también puso de relieve la importancia de la resistencia organizada para sostener una movilización nacional bajo una represión extrema. Frente a la imagen de protestas puramente espontáneas, los indicios muestran una coordinación significativa entre ciudades y provincias. Redes vinculadas a la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI o MEK), conocidas como “unidades de resistencia”, desempeñaron un papel relevante al conectar acciones locales en un movimiento nacional con demandas explícitas de cambio de régimen.

La propia retórica del régimen refuerza esta lectura. Altos cargos han acusado reiteradamente a la OMPI de estar detrás de las protestas, una admisión reveladora en un sistema que ha eliminado partidos independientes, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, la existencia de una resistencia estructurada a escala nacional no puede considerarse marginal.

El panorama político se vio además alterado por una decisión clave de la Unión Europea. El 29 de enero de 2026, la UE incluyó a los Guardianes de la Revolución en su lista de organizaciones terroristas, reconociendo su papel central en la represión interna y la violencia organizada. Al calificarlos no como una institución militar convencional, sino como una entidad terrorista, la UE asumió implícitamente que oponerse a ellos es una respuesta legítima frente a una brutalidad institucionalizada.

Para la oposición iraní, esta decisión confirmó una realidad esencial: la resistencia a los Guardianes de la Revolución es inseparable de la lucha por los derechos políticos y por un cambio estructural. Al mismo tiempo, debilitó la narrativa que presenta al régimen iraní como un interlocutor reformable mediante el diálogo.

El levantamiento también reactivó el debate sobre las alternativas políticas. El intento del hijo del Sha derrocado de presentarse como figura nacional plantea serias dudas: carece de un mandato interno verificable, no ofrece mecanismos creíbles de rendición de cuentas democráticas y se apoya en una autoridad heredada más que en la soberanía popular. No es casual que en las protestas se rechazara tanto el régimen clerical como el retorno de una autoridad dinástica.

Frente a ello, Maryam Rajavi ha planteado un marco estratégico alternativo, conocido como la “tercera opción”, que rechaza tanto el apaciguamiento de la teocracia como la intervención militar extranjera. Este enfoque defiende que el cambio duradero en Irán debe surgir de una resistencia organizada desde dentro del país y desembocar en una transición democrática: una administración provisional, elecciones libres, separación entre religión y Estado, igualdad de género y abolición de la pena de muerte.

El levantamiento de enero evidenció algo que años de diálogo no habían conseguido: si se quiere un verdadero cambio interno en Irán, Europa debe abandonar un enfoque complaciente y reconocer de manera realista la presencia de una resistencia organizada en el país.