Una Ley de Memoria en el buen camino

Hace ya más de un año, en julio de 2020, que desde Izquierda Unida y Podemos escribimos un artículo reclamando de forma urgente la necesidad de una ley de víctimas del franquismo que garantizara, de una vez por todas, su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral. Pasados apenas dos meses, el Gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley Memoria Democrática, iniciando el camino legal que culminará con la aprobación de la Ley en el Congreso de los diputados y su posterior publicación en el BOE.

Como no podía ser de otra de manera, en ese momento nos felicitamos por el paso dado y por los claros avances que recogía este anteproyecto respecto a la ley de Memoria aprobada en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. El anteproyecto recogía muchas de las medidas que se encontraban en propuesta de ley que nuestro Grupo Parlamentario registró durante la XII legislatura, pero entendíamos que todavía quedaba margen para mejorar el texto y para ello nos emplazamos.

Esta semana, por fin, se ha cerrado en el Congreso el plazo de enmiendas al articulado de esta proposición de ley. Por el camino han pasado los preceptivos informes necesarios para convertir el anteproyecto en proyecto, alguno de ellos con polémica incluida, como el del Consejo General del Poder Judicial, como no puede ser de otra manera en un órgano que lleva más de 1000 días caducado en lo formal y caduco en cuanto a sus pronunciamientos otro tanto o más. No faltaron tampoco los exabruptos habituales de la derecha y la ultraderecha durante el debate de toma en consideración en el Congreso, anticipo de lo que podemos esperar de este bloque durante su trámite parlamentario.

Mientras tanto, desde Unidas Podemos se ha venido haciendo un trabajo constructivo, trabajando en unas enmiendas coherentes y realistas para mejorar el texto y para atraer a la otra pata del Gobierno, el PSOE, hacia las posiciones más avanzadas. Con el acuerdo alcanzado y el registro conjunto de 30 enmiendas se introducen importantes avances en comparación con el proyecto de ley registrado en julio de este año.

Nunca hemos dudado de que uno de los aspectos de mayor importancia de esta ley sería conseguir acabar con la impunidad de los crímenes franquistas. Con las enmiendas introducidas a la exposición de motivos y al artículo 2 se va establecer que todas las leyes del Estado, incluida la Ley de Amnistía de 1977, tengan que ser interpretadas de conformidad con el derecho internacional humanitario, según el cual “los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. Esto supone un punto de inflexión histórico que debe permitir juzgar los crímenes del franquismo porque La Ley de Amnistía no podrá ser utilizada nunca más como una excusa.

Esta medida está acompañada de la creación de una oficina de víctimas de la dictadura para informar, asesorar y acompañarlas en la reclamación de sus legítimos derechos, también se recogen medidas para evitar el bloqueo de exhumaciones de manera arbitraria y se amplía la regulación del banco estatal de ADN de víctimas para hacerlo más operativo. Además, se precisa que el fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática abordará la investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del golpe de estado, la guerra y la dictadura, todo ello en aras de la justicia y el fin de la impunidad de los crímenes del franquismo.

Como no puede haber justicia si no hay, en la medida de lo posible, una reparación, introducimos un párrafo en el articulado de la ley en el que se establece que las víctimas de la dictadura tienen derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del estado. Asimismo, se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas para lo que se emplaza al Consejo de Ministros a crear una comisión técnica para que, en el plazo de un año, elabore una propuesta sobre las medidas de reparación de carácter económico para las víctimas de la dictadura

Pero las mejoras son muchas más y no menores. El propio ámbito de aplicación de ley se amplía por estas enmiendas en tres aspectos que desde Unidas Podemos siempre hemos considerado esenciales: reconocimiento de las víctimas hasta el 31 de diciembre 1982, que el censo de víctimas incluya a las personas supervivientes y que se amplíe a los descendientes de los brigadistas internacionales la posibilidad de solicitar la nacionalidad española.

Hay buenas noticias también para los investigadores y docentes puesto que, con las modificaciones introducidas, se garantiza el derecho a la investigación histórica de los crímenes del franquismo frente a posibles alegaciones sobre el “derecho al honor” de personas ya fallecidas que hubieran participado en la comisión de los mismos; se añade una referencia a la necesidad de introducir contenidos sobre Memoria en los libros de texto y materiales curriculares y se recogen interesantes propuestas de archiveros profesionales sobre el tratamiento de la documentación relativa a los crímenes del franquismo, para garantizar el acceso libre y gratuito a los archivos, tanto públicos como privados y, muy importante, la recuperación de archivos de la dictadura en poder en este momento de entidades privadas.

Finalmente, se recogen otras medidas que, a pesar de su carácter simbólico, o precisamente por eso, no son menos importantes, como es el el cambio de denominación de Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros, recuperando la toponimia original, o la mejora del procedimiento para la revocación de las distinciones honoríficas en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la supresión de los títulos nobiliarios concedidos a 33 personajes del régimen franquista.

Desde Unidas Podemos hemos realizado un esfuerzo para acordar lo esencial. Creemos que todavía hay margen de mejora, por ejemplo, en la concreción del procedimiento para la declaración de nulidad de las sentencias represivas del franquismo o el desarrollo reglamentario de las medidas que se contemplan. Nuestro grupo parlamentario trabajará para llegar a un amplio acuerdo con todas las fuerzas progresistas que permitan una puesta en práctica ágil y eficaz. Nos comprometemos a seguir trabajando con quienes apoyaron la investidura para que el texto se convierta en ley cuanto antes.

Conscientes de la urgencia de desarrollar las políticas públicas de memoria, creemos que de momento se avanza con paso firme por el buen camino hacia la consecución de una Ley que esté a la altura de la dignidad de las víctimas del franquismo.