La seguridad sanitaria de España ante los rebrotes requiere actuar con celeridad mediante una co-gobernanza ejecutiva, coordinada y eficaz

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Aun cuando los incendios sanitarios más significativos provocados por la COVID-19 se concentren en estos momentos en Cataluña y Aragón es importante tener claro que la seguridad sanitaria de toda España está en riesgo. Lo que ocurre en una comarca, en una provincia o en una Comunidad Autónoma, cuando se generaliza la transmisión comunitaria, no es un asunto local, entraña una amenaza potencial de afectación de todo el territorio nacional puesto que concluido el Estado de Alarma no hay restricciones a la movilidad entre los territorios. Además, las fronteras dentro del espacio Schengen y con otros trece países se han reabierto desde hace varias semanas.

La situación epidemiológica que actualmente presenta la pandemia por la Covid-19 se caracteriza por un incremento en el número de casos en las últimas dos semanas, con cada vez más brotes puntuales que afectan a todas las Comunidades Autónomas. Pero la situación no es uniforme en todo el territorio nacional. Las cifras dadas a conocer el viernes 17 de julio por el Ministerio de Sanidad muestran una incidencia acumulada (IA) media para España en los últimos 14 días de 19,4 por 100 mil habitantes y de 12,11 para los últimos 7 días (9,234 y 5,695 casos respectivamente).

Es decir, una incidencia superior a la que había el 8 de mayo. Sin embargo, es importante desagregar el análisis por territorios para visualizar con claridad que el problema se concentra en Cataluña, Aragón y Navarra con tasas de incidencia acumulada muy superiores a la media. Es ahí donde se ha producido una situación de trasmisión comunitaria sostenida que ha llevado a la explosión acelerada del número de contagios.

En Cataluña se registraron en los últimos 14 días 4.836 casos lo que supone una incidencia acumulada (IA) de 63,01 y en los últimos 7 días de 2.880 casos, lo que implica una IA de 36,1, tres veces mayor que la media para España. En Aragón las cifras son de 1.297 casos y una IA de 93,8 por cien mil en los últimos 14 días y de 1.004 casos y una tasa de IA de 76,10 en los últimos siete días, seis veces mayor que la media. Y en Navarra las cifras son de 231 casos y una tasa de IA de 35,3 en los últimos 14 días y de 135 casos, y una tasa de IA de 28,28 en los últimos siete días, dos y media veces más que la media.

Pero lo que hoy esta limitado a ciertos territorios en tres Comunidades Autónomas que han tenido que poner en práctica decisiones de confinamiento y restricciones de la movilidad de diversa intensidad en Aragón y Cataluña, puede fácilmente extenderse al resto del país, especialmente en el verano cuando se produce un importante trasiego interterritorial de personas. Lo sucedido el viernes pasado en Barcelona, cuando tras la petición de restricción voluntaria de movilidad por parte de las autoridades se produjo un importante éxodo de ciudadanos hacia segundas residencias y otros destinos turísticos, muestra bien a las claras de qué estamos hablando. Es evidente que  tras entrar en la nueva normalidad se ha producido una cierta relajación ciudadana de las medidas de protección, especialmente las relativas a mantener la distancia física, al uso de la mascarilla y al evitar aglomeraciones, especialmente entre los jóvenes, incrementándose la transmisión silenciosa por positivos asintomáticos. Al mismo tiempo, las labores agrícolas de temporada han aumentado la movilidad, casi siempre en condiciones precarias, de trabajadores temporeros muchos de ellos migrantes. Se trata de circunstancias que debían haber sido previstas. Desde hace semanas se ha venido insistiendo en la necesidad de   redoblar las medidas anticipatorias para evitar nuevos brotes, extremando las acciones de vigilancia epidemiológica para detectar precozmente a personas infectadas que pueden ser transmisores y rastreando, y haciendo pruebas diagnósticas a todos sus contactos y a los contactos de los contactos. Esto no se ha hecho con la celeridad y la extensión requeridas. Además, se requería disponer de una co-gobernanza coordinada y eficaz de todas estas actuaciones de forma que, llegado el caso, pudieran ser aplicadas al conjunto de España.

El jueves pasado, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el Plan de Respuesta Temprana en un Escenario de Control de la Pandemia por Covid-19 que establece diversas medidas para afrontar diferentes escenarios epidemiológicos y  plantea estrategias tanto en lo que se refiere a la creación de una reserva estratégica de productos para afrontar con garantías cualquier recrudecimiento de la pandemia, como en lo referente a la gobernanza de las decisiones, a la comunicación, a las acciones de control en los puertos, aeropuertos, empresas, centros sociosanitarios y  prisiones. El plan ofrece asimismo los elementos clave para un inicio seguro del curso escolar y las medidas a adoptar para la vacunación frente a la gripe en la próxima campaña.

Este Plan, que define tres escenarios epidemiológicos específicos y las estrategias generales para hacerles frente, es un punto de partida necesario que puede permitir una gestión eficaz de los esfuerzos para contender con las fases futuras de la pandemia. El Plan es un buen comienzo y el hecho de que se haya acordado en el Consejo Interterritorial es un signo positivo. Sin embargo, debemos verlo como una línea basal a partir de la cual habrá que elaborar desarrollos adicionales para que no se vea rebasado por el desarrollo de la situación epidemiológica. Así, en relación con la vigilancia epidemiológica y el refuerzo de las actividades de seguimiento y rastreo de casos se requiere asegurar con indicadores explícitos (por ejemplo, número de personas dedicadas al rastreo por cien mil habitantes) de que se dispone de los recursos necesarios y de las capacidades y destrezas adecuadas para cumplir esta tarea. Algo que, a raíz de lo visto en algunas Comunidades, y pese al tiempo transcurrido desde la finalización del estado de alarma, de forma incomprensible, parece no estar sucediendo todavía. Sería conveniente el aprendizaje cruzado entre Comunidades Autónomas compartiendo buenas prácticas basadas en la experiencia acumulada. Y no estará de más articular una estrategia de comunicación para contribuir a la concienciación de la ciudadanía con campañas y otras acciones dirigidas de manera específica a segmentos de población predeterminados. 

Pero, sobre todo, las autoridades sanitarias deben anticiparse a situaciones de riesgo fácilmente previsibles (campañas agrícolas, celebraciones y fiestas, aglomeraciones en lugares de ocio y recreo, protección de colectivos especialmente vulnerables, etcétera). El análisis de lo sucedido con muchos de los brotes de Aragón y Cataluña demuestra lo importante que es actuar así.

Además, en el caso de que se deban afrontar situaciones de transmisión comunitaria que requieran la adopción de medidas de confinamiento que impliquen la limitación de libertades y derechos individuales regulados por la Constitución, lo que ya ha ocurrido en amplias zonas de Aragón y Cataluña, no quedará más remedio que acudir a la declaración del estado de alarma, incluso para una parte limitada del territorio de una Comunidad y, desde luego, si afecta a más de una Comunidad Autónoma. La posibilidad de desarrollar un nuevo marco normativo que supere las supuestas limitaciones de la legislación sanitaria vigente necesitaría amplios acuerdos parlamentarios y un tiempo considerable para su aprobación. Además, puede no ser factible incorporar en esta legislación la limitación de derechos fundamentales que solamente puede hacerse por el Gobierno con el posterior control del Congreso de los Diputados.

Por eso, más allá de lo que se haga o se pueda hacer en materia de nueva legislación sanitaria para la gestión de alertas sanitarias como la actual por la Covid-19, si se necesita adoptar medidas de confinamiento intenso y obligatorio para afrontar niveles inaceptables de transmisión comunitaria la declaración del estado de alarma sigue siendo la mejor solución para ofrecer eficacia a dichas medidas y seguridad jurídica a la sociedad. Y nada impide que una vez decretado el estado de alarma parcial se delegue en el gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva la gestión de las medidas adoptadas. La ley lo contempla y lo permite.

Por otra parte, es probable que los controles en frontera requieran una continua revisión y evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas para asegurar la máxima capacidad posible de control evitando el ingreso no controlado de personas infectadas. En nuestra opinión, reforzar las medidas actuales con la realización de PCR a una muestra de viajeros a la salida y a la entrada, aportaría mayores garantías para el objetivo de protección de la salud y de reactivación paulatina de la economía.

Asimismo, el abordaje de la estrategia de vuelta a la actividad académica en el próximo curso, la formulación y organización de las campañas de vacunas de gripe y (en su caso) de Covid-19 o la preparación del sistema sanitario para la paulatina recuperación de la actividad programada, son ejemplos de áreas de acción que se pueden beneficiar de un trabajo coordinado entre las administraciones sanitarias central y autonómica cuyo fundamento técnico se debería nutrir de informes emitidos por un grupo de expertos al servicio del Consejo Interterritorial que ayudaría a disponer de indicadores y respuestas ante cada una de las materias que suponen y supondrán retos comunes al sistema sanitario y a la sociedad española.

La clave del éxito del Plan acordado el jueves pasado será el seguir generando elementos de consenso técnico que puedan traducirse en políticas eficaces de protección de la salud. Estas decisiones deben caracterizarse por la acción coordinada de las instituciones y tener como fundamento el máximo acuerdo político entre Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas para una gobernanza eficaz en la que el Consejo Interterritorial debe seguir jugando un papel esencial.

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20 de julio de 2020 - 22:14 h

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