Trump, en guerra contra los Estados Unidos

“Observar el comportamiento humano confirma que, para algunos entre nosotros, la pérfida codicia de poder absoluto y la imposición de la crueldad en su búsqueda no conocen límites y carecen de toda decencia humana (…) Y que se vaya al diablo el Estado de derecho”. Magistrado Fred Biery, juez del Tribunal oeste de Texas.

Resolución ordenando la puesta en libertad del niño Liam Conejo. 31 enero 2026.

Estados Unidos (EEUU) ha sido mucho tiempo un modelo político para el mundo. El primer país en aprobar una Constitución (1787), un ejemplo de democracia sólida y respetuosa con los derechos humanos. A pesar de su permanente injerencia en otros países y de su siempre escaso estado social, esa es la imagen que durante décadas nos han transmitido. Pero desde hace años la mayoría de la población estadounidense tiene una visión negativa de su sistema político y social, al que consideran poco representativo e inequitativo, en gran medida por la permanente degradación de las condiciones de vida de las clases populares, un malestar que ha ido creciendo durante la presidencia de Biden y que ha ayudado al autócrata a volver a la Presidencia a pesar de haber intentado acabar con la democracia incitó al único asalto que ha sufrido el Congreso de los EEUU en su historia, sin ninguna consecuencia para el autor mediato. Al carecer de políticas para frenar el empobrecimiento de la clase trabajadora estadounidense, Trump ha optado por hacer responsables a migrantes y otros colectivos de los problemas de EEUU.

Trump entiende que el mundo se rige por la fuerza, incluso a la paz se llegaría a través de la fuerza, se indica en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de los EEUU publicada en septiembre de 2015. Comenzó su segundo mandato ignorando los principios de la división de poderes, legislando mediante decretos ejecutivos que excluyen al legislativo, incumpliendo las resoluciones de los jueces e incluso ordenando su detención en ocasiones en las que habían resuelto frenar algunas de sus arbitrarias e ilegales decisiones. Está sustituyendo las leyes internas sobre derechos civiles y libertades públicas por un férreo sistema de excepción, dónde no hay más ley que la arbitrariedad de su voluntad. Modifica las funciones de las fuerzas armadas y policiales, restringe al máximo los derechos fundamentales y en especial la libertad deambulatoria de los extranjeros y nacionales de origen extranjero, con la ayuda del Tribunal Supremo al autorizar detenciones por perfil racial. Señala a sus adversarios políticos como enemigo interior, tilda de terroristas a personas que defienden los derechos humanos o a quienes considera de izquierdas, o denuncian el avance del fascismo, o simplemente se oponen a sus arbitrariedades. Así hizo con Renee Good y Alex Pretti, víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Minneapolis a las que calificó como terroristas empujados por la izquierda.

La guerra de Trump contra el enemigo interior reproduce el modelo y las fases de implementación de la doctrina que bajo el nombre de guerra contrainsurgente se aplicó a partir del final de la II Guerra Mundial contra la población de territorios que aspiraban a su independencia de metrópolis coloniales. Iniciada por el ejército francés en Indochina y Argelia, posteriormente fue reconvertida en Doctrina de la Seguridad Nacional por el ejército de los EEUU Fue aplicada en Centro y Sudamérica desde final de los años 50 del siglo XX hasta la década de los 80, por dictaduras militares que causaron decenas de miles de muertes y desapariciones de personas que eran consideradas disidentes políticos. Nunca hasta ahora se había aplicado esta doctrina dentro del territorio de los EEUU.

Según la estudiosa de la doctrina contrainsurgente Marie Monique Robin, las características de la guerra contra un enemigo interior son principalmente:

•1.– Un extenso grupo de la población civil es considerado el enemigo interior a combatir, toda vez que es entre la población civil como se camufla el enemigo difuso calificado como disidencia o subversión.

•2.– La eliminación de garantías jurídicas es condición sine quanon para abordar con éxito esta guerra. La legislación de excepción se convierte en arma esencial para alcanzar el objetivo de eliminar al enemigo interior.

•3.– En el combate al enemigo interior se utilizan tanto a cuerpos policiales como a ejércitos regulares o grupos paramilitares que se encarguen de realizar las tareas más comprometidas –léase ilegales– de esta guerra.

•4.– La acción de inteligencia –acceso a información– sobre los colectivos de civiles a combatir se convierte en un arma de esa guerra.

•5.– Es necesaria la acción y guerra psicológica para el control efectivo del territorio y la población. Para ello el territorio se divide en zonas de intervención sobre la población civil.

Las acciones de Trump coinciden más con la doctrina de la guerra contrainsurgente descrita por Robin, que con la doctrina del enemigo difuso utilizada durante la denominada guerra antiterrorista iniciada por la administración Bush tras el 11–S con la aprobación de la Patriot Act de 2001. En aquella ocasión, se trataba de combatir a enemigos exteriores de los EE. UU. que, de forma excepcional, podían atacar dentro del país. El enemigo había entrado en casa, pero doctrinalmente no se consideraba que fuera parte de la sociedad estadounidense. Para Trump, el enemigo ya no es ni difuso ni externo, sino concreto e interior, y actúa camuflado, vestido de civil. La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump señala con toda claridad a la invasión migratoria y la subversión cultural como los enemigos interiores en los EEUU. Hoy es una parte de la población civil la considerada enemiga a combatir. Un enemigo camuflado entre la sociedad estadounidense, conformado por grupos sociales considerados subversivos, disidentes o dañinos para la identidad cultural de EEUU.

Respecto a la segunda característica señalada por Robin, Trump viene aprobando sistemáticamente una legislación de excepción a través de decretos ejecutivos, a la vez que trata de impedir que el legislativo y el poder judicial realicen sus funciones constitucionales. En enero de 2025 aprobó una declaración de emergencia que considera la emigración una invasión, acordando expulsiones aceleradas y una ley –Laken Riley de 29 de enero– que permite la detención de extranjeros por acusaciones de delitos menores. Para la restricción de libertades públicas y de derechos humanos básicos Trump utiliza la designación como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) de cualquier organización criminal común, grupos de traficantes o pandilleros juveniles. Ha utilizado legislación de excepción para la detención de estudiantes extranjeros que, aunque en situación legal, se han opuesto al genocidio del pueblo palestino. Abusando de la excepcionalidad, Trump ha aplicado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para realizar deportaciones, ley que solamente se había utilizado en casos de guerra y que ha seguido aplicando incluso después de que su actual utilización haya sido declarada ilegal por la justicia estadounidense. También recurriendo a normas de excepción Trump ha abierto campos de detención al margen de la legalidad interna o internacional, donde son internados extranjeros de todas las edades –incluso residentes legales en EEUU o estadounidenses de origen extranjero– sin el debido control judicial, sin acceso de observadores independientes o de organismos humanitarios como el CICR y durante tiempo indeterminado e ilimitado. A los numerosos centros de detención de extranjeros abiertos en EEUU hay que añadir los extraterritoriales. Mas de 30.000 inmigrantes han sido enviados desde EEUU a la base estadounidense de Guantánamo (Cuba) o al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de Bukele, en este caso pagando a El Salvador por cada deportado, un nuevo tráfico de seres humanos. Esta profusa utilización de la legislación de excepción es la causa de que la tensión entre los principios de la libertad y los de la seguridad interna, se esté resolviendo mayoritariamente a favor de la seguridad y en detrimento del disfrute de libertades civiles.

Trump no comete simples excesos en el manejo del orden público, sino que aplica una estrategia de shock para el control de esa parte de la sociedad a la que ha señalado como enemigo interior, imponiendo un estado de excepción en el que fuerzas militares, paramilitares y policiales se ocupan del orden público y la seguridad interior. Esta actuación coincide con la tercera característica señalada por Robin. El 30 septiembre 2025 Trump convocó a los generales de las FFAA, en Quántico (Virginia) para ordenarles expresamente combatir al enemigo interior Según explicó el presidente, EEUU estaría sufriendo una “invasión interior”, organizada desde dentro, “más difícil de combatir que un enemigo externo porque no llevan uniformes”. En la reunión, el ahora secretario de Guerra, Pete Hegseth expuso el papel a desempeñar por las Fuerzas Armadas (FFAA.) en esta guerra interior contra la disidencia política: enfrentarse al enemigo interior antes de que la situación “quede fuera de control”. Previamente, en sus primeras semanas en el cargo, Hegseth había cesado al jefe del Estado Mayor, general C. Q. Brown, el primer afroamericano que llegaba a ese puesto, por considerar que sus posiciones eran demasiado progresistas. También cesó a mujeres que desempeñaban altos mandos, por el mero hecho de ser mujeres, como hizo con la jefa de Guardacostas Lisa Franchetti,. Y ha ido cesando a los jefes de los departamentos jurídicos de las distintas ramas de las FFAA. que habían advertido de la ilegalidad de acciones militares, como el ataque a lanchas en aguas internacionales del Caribe y el asesinato de sus tripulantes. En junio de 2025 Trump desplegó en Los Ángeles a la Infantería de Marina como fuerza de reacción rápida. También ha desplegado a la Guardia Nacional, a pesar de que la misión de esta es intervenir en catástrofes naturales en EEUU –bajo mando de los gobernadores de los Estados– y solo excepcionalmente en operaciones militares en el exterior. Como un ejército de ocupación de su propio país, la Guardia Nacional ha sido utilizada reiteradamente en funciones policiales bajo control presidencial, en ciudades de voto mayoritariamente demócrata – Chicago, Portland, Washington, Memphis, o Los Ángeles–, con la finalidad de perseguir al enemigo interior, a los colectivos de migrantes y a sus opositores políticos, a los que considera grupos disidentes. A esta tarea Trump también ha destinado a la policía de fronteras –US Border Patrol–, actuando en funciones de control del orden público en lugares donde no existe frontera alguna. En el año 2025 multiplicó por ocho el presupuesto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), hasta convertir a este cuerpo paramilitar en la primera fuerza policial del país. Un cuerpo de seguridad bajo órdenes de la Casa Blanca que prescinde en sus actuaciones de cualquier respeto a las leyes internas o a los derechos humanos. El año con más muertes en custodia de ICE en más de dos décadas de existencia fue 2025, 32 muertes acreditadas, además de las ejecuciones extrajudiciales de Minneapolis.

La utilización de la inteligencia sobre los grupos civiles considerados el enemigo interior es la cuarta característica de la guerra contrainsurgente que señala Robin. LaUS Border Patrol ha realizado una inquietante acción de inteligencia mediante el monitoreo a una parte importante de la población, extrayendo patrones de conducción de los automovilistas en un país donde los vehículos privados son el principal medio de transporte. Una gran red de cámaras está siendo utilizada para vigilar masivamente movimientos de vehículos, identificar matrículas y detectar rutas anómalas. Esto requiere gran capacidad de captación y análisis de datos de forma simultánea e inmediata. Quienes son relacionados con un comportamiento considerado sospechoso atendiendo a distintos parámetros, son detenidos con cualquier pretexto, interrogados y en su caso registrados sus vehículos. Una práctica que vulnera la Constitución de EEUU que exige una causa probable para la detención, prohibiéndola por decisiones aleatorias. En julio pasado el Gobierno anunció un contrato con el gigante tecnológico Palantir para control predictivo de inmigración a través de inteligencia artificial, una alianza entre Trump y el oligopolio tecnológico para generalizar políticas autoritarias de control policial de la sociedad. Palantir ya había diseñado aplicaciones de inteligencia artificial para el análisis masivo de datos para las FFAA y cuerpos policiales. Se comenzó realizando análisis predictivos sobre los movimientos del enemigo exterior, para a continuación proceder también al análisis predictivo de los movimientos del enemigo interior dentro del territorio de los EEUU, sin que exista regulación legal ni mecanismo de control de estas prácticas. Para impedir cualquier control Trump ha emitido una orden ejecutiva que prohíbe expresamente a los Estados aprobar normas de regulación de la inteligencia artificial.

La quinta característica del modelo de Robin es la acción y guerra psicológica para el control efectivo del territorio y la población sobre la que se quiere intervenir. También son características que se aprecian en la actuación de Trump. Ha seleccionado colectivos civiles a perseguir –migrantes, y opositores– y ciudades o territorios de intervención preferente. Ha puesto en marcha estrategias de terror, persecución y amedrentamiento psicológico de tal magnitud que la población migrante permanece encerrada en sus domicilios sin acudir a trabajar, sin enviar a los niños a los colegios o sin acudir a recibir atención médica, como está ocurriendo de forma generalizada con mujeres embarazadas. Ha desplegado al ejército y a grupos parapoliciales en operaciones intensas en espacios territoriales delimitados, con la finalidad de acosar a los colectivos a los que ha decidido combatir.

Robin identifico algunas características más en la aplicación de la doctrina de la guerra contra el enemigo interior. Concretamente la utilización de la tortura como arma contra la población civil, las ejecuciones extrajudiciales –éstas han sido utilizadas de forma sistemática contra las tripulaciones de lanchas en el Caribe y esporádicamente en Minneapolis, casos Good y Pretti– y las desapariciones forzadas. Aún puede ser pronto para afirmar taxativamente la aplicación sistemática de éstas, pero comienzan a observarse preocupantes patrones de implementación de las dos primeras.

Trump es un peligro para el mundo, pero incluso lo es más para los EEUU. Es el único presidente que se ha atrevido a aplicar la Doctrina de la Seguridad Nacional dentro de su país, a su población civil. Sus decisiones indican que su intención es acabar con un amplio grupo social y con la democracia. No oculta su objetivo de intervenir e incluso suprimir los procesos electorales. El pasado 2 de febrero pidió al Partido Republicano que tomara “el control de las elecciones en al menos 15 lugares”, cinco días después de ordenar una operación policial de registro e incautación de materiales electorales de las elecciones de 2020 en oficinas electorales de Georgia. No es un secreto que pretende intervenir tanto en las elecciones legislativas de noviembre de este año como en las presidenciales de 2028. “No deberíamos tener elecciones”, dijo el pasado 20 enero, tras difundir el bulo replicado en España por Feijóo, sobre el intento de fraude electoral que atribuye a sus adversarios mediante el imposible voto de inmigrantes.

Todo esto que parece una exageración, una distopía cinematográfica, está ocurriendo a velocidad de vértigo.