La vivienda como arma política en la Comunidad de Madrid

El artículo 47 de la Constitución Española indica que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (derecho además avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Pero a la derecha que gobierna la Comunidad de Madrid no parece importarle este hecho y con sus políticas pone de manifiesto que no dispone de intención ni voluntad alguna para reducir la brecha de desigualdad existente.

El Gobierno encabezado por Isabel Díaz Ayuso protagonizó la semana pasada una semana “negra” con sus decisiones en materia de vivienda. Comenzábamos la semana con la noticia de que ha dejado a más de 4.000 personas sin ayudas al alquiler, pese a cumplir con los requisitos exigidos en la convocatoria. Desde Equo Madrid denunciamos que los recursos actuales del Ejecutivo regional para fomentar el acceso a la vivienda son insuficientes para nuestra población. Es necesario habilitar el presupuesto necesario para garantizar que estas ayudas lleguen a todas las personas que cumplan los requisitos y que estos criterios de “descalificación” se hagan públicos para poder actuar en consecuencia.

Continuamos la semana con la resolución del Gobierno de Ayuso de recurrir la decisión del Supremo de no admitir el recurso de casación que declaraba nula la venta a fondos buitres de casi 3.000 viviendas protegidas, por parte del expresidente del PP Ignacio González, en 2013. Todas las personas afectadas por este proceso sufrieron modificaciones leoninas en sus contratos, que se tradujeron en subidas del alquiler inasumibles para las condiciones económicas de estas familias, muchas de las cuales fueron “expulsadas” de sus casas por los fondos buitres y algunas aún se encuentran en procesos de desahucio.

Es incomprensible que se gaste dinero público en la defensa jurídica de un proceso que cuenta con sentencias que confirman su nulidad y que vulneran los derechos fundamentales de las personas. Una mala gestión de la derecha cuyas consecuencias recaen en aquellos colectivos vulnerables que disfrutaban de viviendas de protección y promoción social.

Pero eso no fue todo. Terminamos la semana negra de la vivienda con la afirmación del Gobierno regional de mantener “la firme voluntad” de no limitar el precio de los alquileres al considerarlo una medida “absolutamente contraproducente”, una decisión que desde EQUO criticamos duramente. Nuestra Comunidad está sumergida en una nueva burbuja inmobiliaria y los precios de la vivienda siguen subiendo, acercándose a máximos históricos. Es preciso regular estos importes, ya que la actual tendencia de subida hace que los alquileres alcancen casi la renta per cápita, en algunos municipios de la región.

El Ejecutivo autonómico no debe escuchar sólo al lobby inmobiliario sino que debe atender las necesidades de los usuarios, sobre todo teniendo en cuenta que existe un Sindicato de Inquilinos en Madrid. La mayoría de los desahucios se producen por impagos de alquileres, que han subido a un ritmo vertiginoso mientras los salarios se han quedado congelados y muchos de ellos están por debajo de las cifras del umbral de la pobreza.

Esta situación pone de manifiesto la necesidad de trabajar, con el mayor consenso político posible, hacia la implantación de una renta básica universal, en la que en primer lugar se promocione y proteja a las personas mayores de 65 años con rentas por debajo de este umbral y a los jóvenes con mayor dificultad de acceso a un empleo digno y a una vivienda. Es hora de dejar de utilizar la vivienda como arma política en beneficio de intereses partidistas y de tomar decisiones políticas encaminadas a mejorar las cifras de pobreza y exclusión en nuestra Comunidad.