El capitalismo de grandes empresas navega con viento a favor
“Mazazo de Almunia a España”. “Almunia condena a los astilleros”. “Almunia asfixia a los astilleros”. Los titulares declaran la guerra al comisario europeo siguiendo esa vieja tradición española que dice que hacer cumplir la ley es una actitud sospechosa. La Comisión Europea ha decidido que es ilegal el sistema de ayudas al sector naval a través de desgravaciones fiscales a otras empresas cuya aportación permite reducir el precio de los barcos. Empresas –y este no es un detalle menor– que no tienen nada que ver con la industria naval y que recibieron un regalo del Gobierno que no tardaron en aprovechar.
El impacto laboral real de esta medida se desconoce, pero puede ser grave en un sector que lleva 20 años perdiendo empleo. Los sindicatos temen que la cartera de pedidos se reduzca al mínimo.
A estas alturas no debemos sorprendernos demasiado que un Gobierno español conceda privilegios fiscales de dudosa legalidad a las grandes empresas. Pero al igual que hay que lamentar con los delincuentes torpes, al menos se espera que la ejecución del delito no sea tan chapucera.
Este sistema de ayudas se puso en práctica en la época del Gobierno de Aznar, que no creyó necesario comunicarlo a Bruselas, como destacó ayer Almunia. Estos apaños funcionan durante un tiempo, pero el Gobierno de Zapatero mantuvo la ficción de que podían continuar. Supongo que confiaba en que algún contacto discreto con otros gobiernos europeos permitiría a España salirse con la suya. Es lo que hizo él cuando concedió a Gordon Brown en una presidencia española de la UE su deseo de que se bloqueara la aprobación de la norma con la que regular los 'hedge funds'. Todos los países estaban de acuerdo, menos Londres. Era marzo de 2010 a dos meses de las elecciones británicas y a Brown no le convenía sufrir esta derrota en la defensa del sector británico. Así hacen las cosas algunos gobiernos en los temas europeos. Yo miro para otro lado en tus temas, y tú en los míos.
No siempre funciona.
Lo que no falla nunca es el trato de favor a las grandes corporaciones, esa élite empresarial elogiada constantemente por los gobiernos y a la que nunca se pide cuentas por el lamentable estado de la economía española. Pero si se tratara sólo de retórica, no sería un problema tan grave. Lo ocurrido con el sector naval y los favores fiscales a empresas como Banco Santander, Inditex o Ikea por sus inversiones en la construcción de barcos no es una excepción. Hay otra historia reciente que también tiene que ver con la Comisión Europea y que supone deducciones fiscales ilegales. Bruselas ha reclamado al Gobierno que deje de conceder ayudas fiscales multimillonarias a sus grandes empresas, en este caso por amortizaciones fiscales del fondo de comercio. Otra investigación pendiente por algo por lo que compañías como Telefónica aspiran a pagar menos impuestos.
Quién puede sorprenderse de que estos favores tengan que ver con reducir la factura fiscal de las empresas (y son las grandes las que obtienen más beneficios). En el mundo oficial, el tipo máximo del impuesto de sociedades es del 30%. En el mundo real, el tipo efectivo es del 17,7%. Esperemos que sea cierto que Montoro tiene la intención de reducir esa diferencia.
Como explica Bernardo de Miguel desde Bruselas, la Comisión Europea no carece de responsabilidad en la situación creada en el sector naval al haber tardado demasiado tiempo en anunciar su veredicto, que aún puede ser recurrido ante los tribunales. La mayor responsabilidad reside en los últimos gobiernos españoles. En vez de apostar por la reestructuración de un sector que debe mejorar su tecnología y competitividad, prefirió apostar por un subterfugio ahora cuestionado. Nuestra política industrial en los astilleros consistía en intentar engañar a Bruselas y a los socios europeos (sin descartar que otros países hicieran lo mismo).
El relato de la crisis que hace el Gobierno no para de recordarnos lo importantes que son las pymes y los autónomos, ahora llamados emprendedores. La realidad es muy diferente. España continúa siendo una jungla para los pequeños proyectos empresariales y una autopista perfectamente asfaltada de ocho carriles para las grandes sociedades. La típica maraña burocrática española es una pesadilla para las compañías de menor tamaño, pero no supone un obstáculo tan grande para las corporaciones que cuentan con abogados, contables y consultores suficientes como para orientarse en ella.
La ausencia de competencia real y los favores oficiales producen grandes beneficios y elevadas tarifas para el consumidor o usuario (no hay ninguna conexión entre ambas cosas, ¿no?), incluidos aquellos antiguos monopolios públicos que se convirtieron en empresas privadas con un control garantizado del mercado.
La falta de productividad se achaca a los salarios, y nunca a los beneficios empresariales ni a la falta de formación del personal. Por no hablar del aspecto que más incide en la productividad, la innovación tecnológica. Los años anteriores a la crisis pueden ser definidos como una década perdida en este punto.
Los más grandes empresarios son recibidos con todas las atenciones en Moncloa por el presidente (y con cuidado, las únicas imágenes son del fotógrafo oficial de Presidencia), como también lo fueron por el anterior. Nadie cuestiona la necesidad de un cambio de cultura empresarial como un requisito fundamental para salir de la crisis.
Es mucho más sencillo atizar al muñeco –en esta ocasión, Almunia– y avisar a los trabajadores de que se van a quedar sin sus empleos porque Bruselas nos impide estafarnos a nosotros mismos por una doble vía: no hacer nada ante el futuro del sector naval que sea legal y privar al Estado de unos ingresos que le corresponden. Así funciona nuestro capitalismo de las empresas en el que unos siempre ganan y otros pierden por partida doble.
