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¿Catalunya? ¡Chupito!

El líder del PP, Pablo Casado, en un desayuno del presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva,

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En ocasiones ve etarras. En ocasiones ve castellanoparlantes perseguidos. Y en ocasiones ve esparcidos por el aire pedazos de España a modo de piroclastos como los que aún salen por la boca del volcán de Cumbre Vieja. Pablo Casado es de esos líderes que tiene sus propios fetiches: ETA, el uso del catalán, el independentismo, la ruptura del Estado... Todo se resume en una misma obsesión: que España sea una, grande, libre, religiosa y monárquica. Lo demás, no cabe. Esté o no en la Constitución que tanto invoca y tanto abraza. 

No toda, claro. Depende de los artículos de la Carta Magna y si se adecúan o no a su ideario político. ¿Que el 47 dice que les corresponde a los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda, incluso regulando la utilización del suelo para impedir la especulación? Se siente. El presidente del PP se perdió aquella clase, y otras muchas, cuando pasó por la facultad de Derecho. ¿Que el 3.3 establece que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España son  un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección? Pues, tampoco. No pasó del primer párrafo: “El castellano es la lengua española oficial del Estado”.

Es escuchar Catalunya y pide otra ronda. ¡Chupito! Lo mismo que con ETA, esa banda terrorista que desapareció afortunadamente de nuestras vidas hace diez años y que él saca a pasear en cada intervención parlamentaria. Nada lo frena, ni siquiera que su partido sea una fuerza residual en Euskadi y también en Catalunya. Su incapacidad para conectar con sus electorados parece ya una enfermedad incurable en la derecha española. Y aun así, vuelve por sus fueros. En la política, como en la vida y en la escritura, hay errores que son persistentes y el del PP con estos territorios es uno de ellos. El abismo de desconexión lo ha agrandado a base de encadenar errores. 

En Catalunya, primero fue el Estatut; luego, el uso del catalán como arma arrojadiza; después, el procés; el 155, la ofensiva contra los indultos... Y ahora vuelve por sus fueros al pedir un 155 educativo y acusar al Gobierno de Sánchez de incurrir en un ilícito penal si no obliga a la Generalitat a cumplir con una sentencia del TSJC que insta a la administración regional a impartir el 25% de las clases lectivas en castellano.

Lo malo es que a Casado le ponen un micrófono delante y se embala. Habla, declara, declara, habla, y pareciera como si lo que dice no lo pensara. O sí. Depende. Ambas hipótesis en todo caso son graves en quien aspira a ser alternativa de gobierno. Si pensara o estudiara, sabría que no es al Gobierno, sino a los tribunales, a quienes corresponde decidir sobre la ejecución de una sentencia. 

Él va a lo suyo y encadena una patraña tras otra: que si el castellano no se enseña en Catalunya, que si las familias no pueden elegir la lengua en que estudian sus hijos, que si la persecución al castellanoparlante… Ni ha leído la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, un tratado de 1992 al que el Estado español se adhirió en 2001, cuando gobernaba con mayoría absoluta su exjefe, José María Aznar, ni conoce los resultados de las evaluaciones sobre el español que año tras año se hacen a los estudiantes catalanes, siempre en la media del resto de alumnos españoles en cuanto al conocimiento y uso de la lengua oficial, y muy por delante de los de muchas Comunidades.

En Catalunya no hay un problema con la lengua, la inmersión lingüística ha sido un modelo de éxito y de cohesión social, aunque la derecha se haya empeñado desde hace décadas en hacer de ella materia de enfrentamiento y motivo de afirmación nacional esta vez a cuenta de una resolución del Supremo que, por cierto, ha decidido quitarse de enmedio y no entrar en el fondo del asunto al inadmitir el recurso de la Generalitat contra la sentencia del TSJC de diciembre de 2020. Al fin y a la postre, el debate estaría del todo superado con la nueva  ley educativa, la LOMLOE, más conocida por el apellido de la anterior ministra, Isabel Celaá, que obliga a los alumnos y alumnas a conocer perfectamente el catalán y el castellano cuando terminen la etapa secundaria obligatoria. Nada nuevo, sino la realidad del día a día. Nadie sale de la escuela catalana sin un pleno dominio de ambas lenguas. Sostener lo contrario es tan falaz como decir que a la democracia española le queda mucho para derrotar el proyecto político de ETA, algo que aún se escucha en las filas populares.

¿Y aún se preguntarán por qué son una fuerza irrelevante en Catalunya? La respuesta está en su discurso. Y esto pese a que no hace tanto Casado reconocía que no se puede tener un proyecto de España sin entender las necesidades y los problemas de Catalunya. Claro que eso lo dijo durante la campaña de las últimas elecciones catalanas en las que su partido se quedó con sólo tres escaños en el Parlament, un 3,8% de los votos y sin representación alguna en Girona, Tarragona y Lleida. Con su 155 educativo y su empeño en el error de azuzar el enfrentamiento, en las próximas elecciones lleva camino de convertirse en partido extraparlamentario. Y entonces ya no habrá ocasión para más chupitos.

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Publicado el
25 de noviembre de 2021 - 22:32 h

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