El escándalo Pegasus

La noticia de que el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa fueron también espiados ha dado un giro espectacular al caso de los seguimientos con el sistema Pegasus, que hasta ese momento se circunscribía a los círculos del independentismo catalán. La pregunta ahora no es si el espionaje a Sánchez y Robles contaba con autorización judicial, pues se trata evidentemente de una operación ilegal, sino si los seguimientos se efectuaron desde el exterior –las hipótesis apuntan a Marruecos- o desde sectores descontrolados de la inteligencia española que accedieron al programa, posibilidad que barajan algunos analistas.

Cualquiera de los dos escenarios es grave y deja en muy mal lugar al presidente Sánchez. En el caso de que el espionaje hubiera partido de Rabat, el jefe del Ejecutivo deberá hacer muchas acrobacias para explicar algo que ya resultaba muy difícil de digerir para muchos españoles: cómo entregó la soberanía del Sáhara al régimen de Mohamed VI, que, para colmo, 10 meses antes le estaba infectando el teléfono y robándole 2,7 gigas de información. Y si el espionaje partió de círculos del CNI desafectos al Gobierno, la situación sería incluso más grave, pues estaríamos ante una inquietante quiebra en una de las instituciones clave para la seguridad nacional. El enfrentamiento entre la ministra de Defensa y el secretario de la Presidencia por cuenta de este escándalo –por ahí andan tirándose la pelota sobre quién es responsable de que la infección del teléfono del presidente se detectara con un año de retraso- refleja el enorme daño que este asunto está causando al Ejecutivo.

Pero la trascendencia de esta información no debe relegar a un segundo plano lo ocurrido con el seguimiento a los independentistas catalanes. Desde el Gobierno han intentado zanjar este caso con el argumento de que este espionaje contó con la preceptiva autorización judicial, lo que, desde su punto de vista, garantizaría por sí solo la legalidad de la operación. Y no es así. La autorización judicial es un requisito para llevar a cabo la intromisión en la privacidad de ciudadanos, pero la legalidad también depende de cómo se ejecuta la acción, si está debidamente justificada, si se circunscribe a las instrucciones impartidas por el Ejecutivo, si se extralimitan los objetivos, etc. Las explicaciones que ha dado hasta ahora el Gobierno al respecto resultan insuficientes… salvo para la derecha y la extrema derecha, que no ven ningún reparo al espionaje realizado contra los independentistas y han vetado junto al PSOE la creación de una comisión de investigación en el Congreso para clarificar lo ocurrido.

En todo este embrollo hay además algo llamativo: la empresa que licencia el programa Pegasus –la israelí NSO Group- sostiene que este sistema sofisticado de espionaje, muy invasivo y que no deja trazabilidad, fue concebido exclusivamente para combatir el terrorismo y el crimen organizado. En su Informe de Transparencia y Responsabilidad publicado en junio de 2021, establece lo siguiente: “Como parte del acuerdo contractual, los clientes deben comprometerse a utilizar los sistemas NSO para la prevención legítima y legal y la investigación de crímenes serios y terrorismo. Si no está claramente definido por las leyes nacionales, o si las leyes nacionales no son consistentes con las normas internacionales, nosotros asumimos la definición de actividades criminales y terroristas con base en las definiciones de los instrumentos internacionales para que nuestros productos investigativos puedan ser utilizados”. Más allá de lo que cada cual piense del independentismo catalán, y sin desconocer el desafío que lanzó en 2017 contra la Constitución, ¿encaja este en las categorías de terrorismo o crimen organizado del derecho internacional? ¿Vulneró el CNI el contrato con NSO al utilizar el programa Pegasus contra los independentistas? ¿La faltó esta información al juez que autorizó la operación? Por otra parte, ¿retirará NSO la licencia a España si comprueba que se ha producido una vulneración del acuerdo, tal como se compromete en su informe de transparencia? No parto de la asunción de que NSO sea un faro moral; simplemente me atengo a lo que informa sobre sus contratos.

Exigir explicaciones sobre la intromisión del Estado en la privacidad de los ciudadanos, así tenga autorización judicial, no es atentar contra las instituciones, como sugiere la derecha. A finales de los años 90, El Mundo reveló que el Cesid, antecesor del CNI, había interceptado durante al menos 10 años, sin autorización judicial, comunicaciones del rey Juan Carlos, de los ministros socialistas de Interior, Justicia y Exteriores, del entonces presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, del empresario Ruiz Mateos, de directores de medios y otras personalidades. El entonces titular de Defensa, Julián García Vargas, salió en defensa del Cesid alegando que este había obtenido la información “de forma aleatoria en el espacio radioeléctrico”. Nadie le creyó. Es más: terminó cayendo junto al ministro de Defensa, Narcís Serra, y el director del Cesid, Emilio Manglano. Fue un tsunami político y mediático, pero la democracia, lejos de resentirse, se fortaleció. Como se fortaleció al salir a la luz la existencia de la denominada ‘Policía patriótica’, una especie de cuerpo paralelo de agentes policiales de la confianza del ministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz (2011-2016), que se montó para hacer trabajos turbios de clara vinculación política.

Ahora estamos con el famoso Pegasus, que más que al hermoso caballo alado de Zeus, se parece, por el estropicio que está causando, al caballo de Troya. Y, una vez más, lo mejor que puede ocurrir a la democracia es que se aclare lo ocurrido.