¿Vamos a seguir cruzados de brazos mientras desguazan el sistema público de salud?

Está pasando lo que sabíamos que iba a suceder y no hemos sido capaces de evitarlo. Hemos estado atareados atendiendo tantos frentes en un mundo cada vez más convulso que no dedicamos a este asunto, la privatización de la sanidad, la atención obstinada que merece. Algunos medios, en particular este, nos esforzamos por mantener el tema en el centro del debate público. Y es cierto que ha habido alguna que otra manifestación contra el desguace paulatino de los pilares del estado de bienestar. Pero, como sociedad, como ciudadanos concernidos, no estamos respondiendo al ataque –no le encuentro otro nombre– con una contundencia tal que atemorice a los agresores y los obligue a renunciar a sus planes.

En un informe muy bien documentado publicado este viernes por nuestros compañeros Raquel Ejerique y Raúl Sánchez, vemos cómo se ha disparado la transferencia de pacientes desde hospitales públicos madrileños a los también públicos pero de gestión privada, merced a una ley que concibió Esperanza Aguirre en 2009 para que las personas pudieran elegir libremente el hospital del sistema sanitario donde recibir tratamiento, sin importar si le correspondía o no por su zona de empadronamiento. Los frutos de aquella jugada los tenemos a la vista: en 2024, los cinco hospitales públicos madrileños gestionados por la compañía Quirón –con la Fundación Jiménez Díaz como mascarón de proa– y el Hospital de Torrejón, administrado por Ribera Salud, consiguieron captar 250.000 pacientes de la sanidad pública. Y eso significa mucha pasta. Cientos de millones.

Quirón: la que recibe dinero a espuertas de la Comunidad de Madrid mientras el novio de la presidenta ha visto dispararse sus contratos con la compañía. Ribera: la de los escandalosos audios en que el CEO del hospital daba instrucciones para anteponer las ganancias económicas a la salud. Además del canon fijo que les paga la administración por atender a los pacientes que les corresponden por zona, los dos grupos se llevan un plus por cada paciente que captan fuera de su radio de acción. La Jiménez Díaz, que fue la que más pacientes atrajo (91.134, frente a menos de 20.000 una década antes), tiene un acuerdo singular con el Gobierno de Ayuso, mediante el cual cobra por los servicios que presta.

Isabel Díaz Ayuso suele alardear de que la Comunidad de Madrid tiene el mejor sistema sanitario público de Europa, basándose en interpretaciones personales de informes que se saca cada tanto de la manga. Lo que yo sé es que es que en el prestigioso ranking ‘Los mejores hospitales del mundo’ que publica cada año la revista Newsweek destacan en 2025-26 La Paz (puesto 49) y el 12 de octubre (puesto 52). Que, miren por dónde, fueron los que más pacientes perdieron en el saldo neto de entrantes y salientes: 40.129, el primero, y 26.171, el segundo. La Fundación Jiménez Díaz, la más beneficiada de este zoco en que se está convirtiendo el sistema sanitario madrileño, ocupa el puesto 198 en el listado de Newsweek.

Se equivocan quienes crean que esto es un problema madrileño. Para empezar, algo parecido está sucediendo en Andalucía bajo el gobierno de Juanma Moreno. La salud es hoy uno de los pasteles más en todo el mundo, entre otras cosas por ser un mercado cautivo, y los inversionistas están buscando con desesperación nuevos yacimientos para rentabilizar su dinero a medio o largo plazo. Lo que estamos viendo en Madrid o Andalucía, por muy grave que sea, es apenas un aperitivo de que puede seguir si nos descuidamos: la privatización total de la salud. Los grandes capitales seguirán presionando –y no les faltan medios económicos para ablandar voluntades– con el fin de ampliar cada vez más su bocado del pastel. Sospecho que si no van a por todas es porque les conviene tener el respaldo de las administraciones públicas (es decir, de nuestros bolsillos), por si en algún momento vienen mal dadas y hay que recurrir a esa “pequeña ayuda de mis amigos” a la que cantaba Joe Cocker y de la que se benefició la banca en la crisis financiera de 2008.

Luchar contra este proceso de privatización de la sanidad es muy difícil. Y puede salir caro. No hay que ser un lince para ver en el calvario judicial que sufre Mónica Oltra, en una causa que ha sido archivada ya dos veces, un nexo con su decisión y la de Ximo Puig, cuando ejercían como vicepresidenta y presidente de la Generalitat Valenciana, de revertir la privatización del Hospital de Alzira. Un modelo pionero en este tipo de trasvases de lo público a lo privado, gestionado, como no, por Ribera Salud.

La derecha y los grandes capitales van de la mano en la ofensiva privatizadora. Pero no basta con señalarlos con dedo acusador. Hay que movilizarse contra este saqueo disfrazado de libertad de elección. Exigir en serio explicaciones sobre qué se cocina tras bambalinas y en los despachos con nuestro sistema sanitario. Aunque las encuestas pronostiquen que Ayuso y Bonilla volverán a ganar las elecciones en sus comunidades, es preciso volcarse en las urnas y exhibir el descontento. Otra victoria aplastante de ambos les serviría para reafirmarse en la supuesta popularidad de sus políticas, cuando ellos saben muy bien lo que sucede cuando la izquierda se moviliza: la autora de la ley de sanidad de 2009 lo vivió en sus carnes y tuvo que recurrir al tamayazo para gobernar. El Gobierno central, que todavía está en manos del progresismo, no puede permanecer impasible con el argumento de que las competencias en salud están transferidas. Ignoro qué puede hacer, pero me gustaría al menos saber que está buscando una alternativa a este desenfreno privatizador. Los partidos progresistas deben poner la sanidad en el centro del debate público y dejar clara su posición, más allá de transmitir la idea que –nunca mejor dicho tratándose de hospitales– la cura del problema puede resultar peor que la enfermedad.

Lo que nos jugamos como sociedad es bastante serio. Y esta ofensiva contra lo que es de todos puede ir a más. Los buitres no descansarán hasta quedarse con la presa, si lo permitimos.