Poco estamos hablando del escándalo de las VPO en Alicante

Entre las muchas cosas que llaman la atención del escándalo de las VPO en Alicante, quizá la que más sea el momento en el que la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, se sentó en su despecho, se cruzó de brazos y pensó: “Oye, pues me voy con una vivienda pública, este recurso escaso —en Alicante, de hecho, es la primera promoción en 20 años— que existe para quienes no tienen alternativa posible, porque nadie va a sospechar de que me caiga una a mí. Y a mis suegros otra”. En qué pliegue de conciencia una persona que ocupa un cargo público comienza a convencerse a sí misma de que puede urdir una trampa tan obscena, cuándo se cruza esa última frontera en la que el pudor deja de ser un freno en la política. Hay algo casi fascinante —en el peor sentido de la palabra, claro— en esa fe ciega en la impunidad que tienen algunos políticos y sus allegados.

Pero claro, el escándalo ha ido sumando capítulos, cada cual peor que el anterior, y ya lo de la concejala casi que ha quedado en un segundo plano. Los compañeros de Información —que están haciendo un trabajo excelente— publicaban hace unos días el vídeo de la lujosa reforma de unos pisos que, también casualmente, fue a parar a manos de un hijo de una concejala del PP de San Vicente. “Esta era una simple de vivienda de promoción sin alma y hoy respira un carácter propio”, dice el diseñador, que apunta que ahora el pisito además de carácter propio tiene aspecto neoclásico luminoso, todo muy beige y de catálogo de revista. 

También hay interventoras de la Generalitat agraciadas pese a sus sueldos de 70.000 euros anuales, o familias con hasta cinco beneficiados, aquí las juntas de vecinos pueden funcionar ya como cenas de Navidad, que se bajen los langostinos y el cava y eso que se llevan. O existen buzones repletos de cartas y publicidad porque en algunos pisos no vive nadie, mientras se amontonan también los testimonios de personas que aseguran que en alguna inmobiliaria les han pedido pagar hasta 450.000 en negro por acceder a uno de esos pisos, pese a tratarse de viviendas protegidas y no poderse venderse, salvo excepciones regladas, antes de 30 años.

El precio medio del alquiler en la ciudad Alicante se sitúa por encima de los 1.300 € mensuales, más o menos. Concretamente, en enero de este año el precio estaba ya en 12,8 euros por metro cuadrado, una subida anual del 8,9% respecto a enero de 2025, según Idealista. Vamos, el alquiler en Alicante está por las nubes, como en casi todo el país, pero aquí añadiendo el extra de la presión turística. El alquiler siempre ha sido el refugio de quienes no podían comprar, pero podían llegar a ahorrar para hacerlo. Ahora, muy lejos de ser un refugio, el alquiler es precisamente lo que imposibilita la compra de vivienda porque dificulta cualquier capacidad de ahorro para la entrada de un piso. En este paisaje tan frustrante y desolador, la vivienda social sí es ya el último parapeto. Si el alquiler ya no protege y la compra es inalcanzable, la vivienda social debería estar absolutamente blindada. Por eso resulta especialmente hiriente que también aquí se hayan practicado trapicheos políticos con semejante grado de obscenidad, impudicia y sinvergüencería.

Cabe preguntarse si estas viviendas sociales situadas en una urbanización de lujo con piscina, pistas deportivas y vistas al mar hubiesen sido también del interés de los hijos de, los amigos de o los conocidos de (categorías con identidad propia en España) si hubiesen estado en un descampado cualquiera sin una mísera pista de pádel en la que poder practicar las voleas. Suponemos que no porque el sentimiento de impunidad no se suele corresponder con la sensación de miseria.