El juicio a Begoña Gómez y la política de las emociones

Hay días en los que la política parece escrita por un guionista empeñado en subrayar las coincidencias. Apenas unas horas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara la ley de amnistía, desmontando los argumentos jurídicos en su contra, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que Begoña Gómez deberá sentarse en el banquillo por dos presuntos delitos. Dos resoluciones de signo opuesto, el mismo día, sobre los dos frentes judiciales que más han desgastado y sostenido el relato político de esta legislatura.

La tentación de leer ambas noticias como un empate técnico –Bruselas da una alegría al Gobierno, la Audiencia le da un disgusto– es comprensible, pero engañosa. No hay tal empate. Que la mujer del presidente vaya a comparecer ante un jurado popular es un triunfo para la derecha y la extrema derecha, que llevan dos años señalando a Gómez como símbolo de una trama de favores conyugales y ven ahora confirmado ante un tribunal lo que hasta hoy era un relato construido a fuerza de repetición mediática. Es también la culminación del empeño de un juez, Juan Carlos Peinado, cuya instrucción fue corregida varias veces por la propia Audiencia y que, pese a ello, mantuvo el pulso hasta el final, alimentando la sospecha de que buscaba algo más que impartir justicia: dejar huella en la historia reciente de la Justicia de este país.

En una democracia madura, los tiempos de la Justicia y los tiempos políticos rara vez coinciden, y cuando lo hacen, la percepción suele imponerse sobre la explicación jurídica: en la política contemporánea, esa lectura pesa a menudo más que los propios hechos. Esa primacía de lo simbólico no es un accidente pasajero, sino el síntoma de una forma distinta de entender la política.

La competición electoral lleva años sin girar solo en torno a programas o balances de gestión: vivimos en una democracia gobernada por las emociones, donde el voto ya no responde solo a intereses materiales, sino a sentimientos de pertenencia, agravio o miedo. La politología lleva más de una década describiendo este fenómeno como polarización afectiva: la distancia emocional, más que ideológica, que separa a votantes de distinto signo y que Shanto Iyengar, politólogo y profesor en la Universidad de Stanford, situó en el origen del antagonismo democrático. Entre esas emociones, la indignación ocupa hoy un lugar central para un sector amplio del electorado socialista y progresista, que percibe en el caso Gómez el epítome de una judicialización sistemática de la vida pública.

Da igual que la Audiencia Provincial haya depurado la instrucción de Peinado, descartando dos de los cuatro delitos y levantando las medidas cautelares más severas: para ese electorado, que el proceso siga vivo, que haya jurado y juicio, confirma una intuición previa, que la instrucción de determinadas causas se comporta como un actor político más, con calendario propio y capacidad de desgaste que ninguna sentencia absolutoria podrá compensar.

Lo que estos dos fallos certifican, más allá de su contenido legal, es hasta qué punto los tribunales son ya el escenario del combate político español. No porque los togados busquen ese protagonismo (la sentencia del TJUE, breve y sobria, parece sustraerse al ruido), sino porque la política, incapaz de zanjar sus conflictos en el Parlamento, ha encontrado ahí el escenario donde litigarlos.

La paradoja final es que ni el aval europeo a la amnistía ni la apertura de juicio a Begoña Gómez alteran la aritmética parlamentaria de esta legislatura. Pero el juicio a la mujer del presidente sí alimenta, más que ninguna otra causa abierta, la sensación de agravio que hoy pesa más que cualquier programa electoral, tanto entre quienes lo celebran como una victoria moral y quienes lo viven como un ensañamiento. En una democracia donde la emoción ha sustituido a la deliberación como combustible político, ayer Madrid no solo dio más combustible que Luxemburgo: dejó la sensación de que en esta partida no gana nadie. Cuando la indignación se convierte en uno de los motores de la política española, retrocede la calidad democrática.

No es la primera vez que la política española vive en un estado de excepcionalidad permanente, donde cada episodio parece definitivo y cada decisión promete cambiarlo todo. Casi nunca ocurre. Lo que sí cambia, poco a poco, es cómo los ciudadanos leen las instituciones. Ese puede ser el verdadero efecto de esta jornada: no tanto mover la posición electoral de los partidos, como reforzar una convicción cada vez más extendida en ambos bloques: que los árbitros ya no son neutrales, sino un terreno más de la confrontación.

Y cuando la ciudadanía deja de confiar en que esos árbitros actúan solo como árbitros, la polarización deja de librarse entre partidos para convertirse en una pugna entre legitimidades. Ese es el desafío democrático que deja un día en el que dos resoluciones distintas han alimentado una misma batalla.