El particular proceso constituyente del Partido Popular

Hace tiempo que sabemos que la Constitución no es un texto sagrado, que puede ser modificada sin que ello suponga un cataclismo, y que muchos le practicarían, incluso, una eutanasia sin dudarlo. Lo que quizá no teníamos tan claro es que iba ser el PP quien se ocupara de semejante tarea y que aprovecharía su paso por el Gobierno para lanzar su particular proceso constituyente.

Probablemente, el desmantelamiento constitucional empezó ya en septiembre de 2011 con la precipitada reforma del art. 135 de la Constitución, un momento austericida que abrió la puerta a bandidos y asaltantes, y que facilitó el expolio definitivo de nuestro ya debilitado modelo social. A partir de ese fatídico instante y con el posterior impulso del apoyo mayoritario, el PP decidió autoerigirse en Asamblea Nacional Revolucionaria y ahí comenzó el asedio y el asalto al poder desde las instituciones. Un clásico de ayer y siempre al que, sin embargo, no acabamos de acostumbrarnos.

Puede decirse que el PP le ha dado la vuelta al texto constitucional eliminando, con mano de hierro, una buena parte de nuestro sistema de protección y garantía de derechos fundamentales y que, para prevenir la reacción, ha reaccionado fabricando su propia profecía autocumplida. Ha abordado una reforma del Consejo General del Poder Judicial con la que pretende alejarse del contrapoder de los jueces, ha asegurado su influencia ideológica en el Tribunal Constitucional y ahora pretende empoderar a la policía y la Guardia Civil para que, llegado el caso, tengan el valor de hacer lo que haya que hacer. Todo atado y bien atado, combinando buenas dosis de discrecionalidad gubernamental con resabios de tricornio y orgullo patriótico. Ni división de poderes, ni seguridad jurídica.

Para los que tengan ganas de organizar la contrarrevolución, el PP ya ha preparado la violación sin complejos del derecho de reunión, manifestación y huelga (arts. 21 y 28), así como un buen número de sanciones administrativas tan desproporcionadas que podrían llevar subsidiariamente a la privación de libertad y violar, de este modo, el artículo 25 de la Constitución (nada en comparación con lo que sucederá cuando el futuro Código Penal se haga carne y habite entre nosotros).

Por supuesto, el límite al derecho de huelga (art. 28.2) se establecerá en clara sintonía con la siempre insatisfecha patronal. Los empresarios están disconformes con esa reforma laboral que no nos ha acercado suficientemente a la esclavitud y que, sin embargo, la Sra. Botella ha considerado como un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad.

Eso sí, de los demás derechos de los trabajadores no se dice mucho. Aunque el artículo 35 de la Constitución regula el derecho al trabajo, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades de uno y de su familia, si las cosas se ponen feas, ni medidas de conflicto colectivo (art. 37.2), ni nada. Lo que se aconseja es resignación y silencio. Sin duda, esta es la manera que tiene el Gobierno de velar por la distribución equitativa de la renta, y de realizar una política de pleno empleo (art. 40).

Para más desgracias, el régimen público de la Seguridad Social, que pretendía garantizar asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo (art. 41), tampoco está de buen año, y el recorte al sistema de atención a la dependencia conllevará la pérdida de más de 1.000 millones en 2014. Un tajo a la promoción de los servicios sociales que recoge el artículo 50 de la Constitución y que perjudica especialmente a la tercera edad y a las personas con discapacidad, cuya integración se prevé en el artículo 49. El artículo 50 pretende garantizar también pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes, pero será obviado, una vez más, con la reforma de las pensiones que entrará en vigor en 2014. Hoy por hoy, para vivir en España, hay que estar sano y, preferiblemente, ser joven.

En todo caso, ante este panorama, si no se quiere recurrir a la “movilidad exterior” ni formar parte de las buenas mayorías silenciosas, siempre se pueden iniciar esos carísimos procesos judiciales con los que se viola nuestro más elemental derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales (art. 25).

Lo que sí es cierto es que, como todos sabemos, la mejor movilización es la que no se produce. Más vale prevenir que curar. El Gobierno ha orientado el derecho a la información (art. 20) y el derecho a la educación (art. 27) a profundizar en esta política de prevención. Por un lado, RTVE, una vez modificado su régimen de administración, se ha empleado a fondo en ocultar y manipular la información más sensible (art. 20). En un momento en el que no hay dinero para promover el acceso a la cultura (art. 44.1), y una vez que la SGAE ha certificado el coma de nuestra industria cultural en lo que afecta, sobre todo, a la música, al teatro y al cine, la televisión podría ser la única alternativa.

Por otro lado, la ley de educación no ha escatimado en eslóganes patrióticos y doctrinas religiosas, si bien no parece la mejor manera de garantizar el libre desarrollo de la personalidad y del juicio que contempla el artículo 27.

Evidentemente, también se prepara ya el gran salto al espacio universitario, asegurando a políticos y banqueros un trozo de la tarta educativa, en forma de inversiones, créditos e influencias. En una Universidad hambrienta y al borde de la inanición, será fácil eliminar tanto la autonomía universitaria (art. 27) como la libertad de cátedra (art. 20 c), que hoy se perciben como engorrosos impedimentos para la promoción de la ciencia y la investigación en beneficio del “interés general” (art. 44.2).

En fin, no he querido ser exhaustiva. Los 23 recursos de inconstitucionalidad que ha presentado el PSOE en estos dos últimos años hablan por sí solos, y no son ni serán los únicos. Se ha recurrido la amnistía fiscal, la reforma laboral, las tasas judiciales, la ley antidesahucios, la ley de costas, la modificación del régimen de administración de RTVE, la privatización del Canal Isabel II, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, el euro por receta, las medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, las que pretenden garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico o la sostenibilidad del sistema nacional de salud, la privatización de hospitales públicos en la Comunidad de Madrid, el reglamento de las Cortes en Castilla-La Mancha, o la gestión de la radio y la televisión en la Generalitat Valenciana.

Pero no sufran ustedes por estas cosas, aún quedan muchos derechos por vulnerar. Por lo que parece, el proceso constituyente del Partido Popular no ha hecho más que empezar.