Las razones “eugenésicas” de Gallardón

En todas las declaraciones sobre la futura ley de aborto que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, insiste en que va a eliminar el supuesto de aborto por malformación, el llamado aborto eugenésico, y que eliminar ese supuesto es uno de los motivos para hacer este cambio en la Ley. Así en su reciente entrevista en El País, Gallardón explica que a pesar de que el Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad de la posibilidad de abortar por motivo de malformaciones en el feto, hay que retomar el asunto porque España suscribió después, en 2008, el convenio de la ONU para la protección de los derechos de personas con discapacidad, y parecería, tal como lo utiliza Ruiz Gallardón, que este convenio prohíbe el aborto en el supuesto de fetos con malformaciones.

La discriminación que sufrimos en este país las personas con discapacidad es histórica. No solo los poderes públicos, sino la sociedad, los partidos de izquierda o los movimientos sociales adolecen aquí de un endémico desinterés por la discapacidad que jamás es considerada como un motivo grave de discriminación o de exclusión, y nuestra igualdad social jamás es considerada un objetivo “serio” de ninguna lucha por la igualdad. No pasamos de ser merecedores de ayudas sociales en el mejor de los casos. Solo así, en este desinterés, y ahí tiene razón Gallardón, se explica que en España conviviéramos tanto tiempo con la Ley de aborto de 1985 y su supuesto eugenésico, éticamente inconcebible.

El tercer supuesto de la ley 9/1985 permitía el aborto siempre que “se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas”. Era un supuesto contra el que se rebela la ética básica. ¿Qué son taras? ¿Qué son graves? Si a un feto le falta, por ejemplo, una pierna, ¿es eso motivo de aborto? Las asociaciones de personas con discapacidad y los y las activistas de la misma hemos manifestado siempre que prohibir el aborto en general o dificultarlo y, al mismo tiempo, hacer excepciones solo en caso de que la persona por nacer tenga algún tipo de discapacidad es lo mismo que afirmar que la vida de una persona con discapacidad es inferior en valor a la de una persona sin discapacidad. El aborto no puede servir para proteger a las futuras personas con discapacidad de sus propias vidas, ni la ley es quien para considerar que tener un hijo con discapacidad es tan malo que es mejor permitir un aborto en esos casos. Que el Tribunal Constitucional declarara legal un supuesto con ese nivel de vaguedad respecto a la discapacidad solo indica que ésta es una sociedad subdesarrollada en lo que se refiere a la comprensión de la discapacidad y la comprensión del igual valor y dignidad de todas las personas.

Sin embargo, nos hace trampa Gallardón cuando afirma que quiere eliminar ese supuesto porque éticamente es indefendible. Estoy de acuerdo, es indefendible, solo que el supuesto de malformación o tara del feto ya se eliminó, afortunadamente, en la ley 2/2010 que es mucho más específica y en la que el aborto eugenésico solo se permitía en aquellos casos en los que “se detecten anomalías incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves o incurables”. Ya no hablamos aquí de discapacidad, sino de situaciones incompatibles con la vida. Así que el problema ético de Gallardón -que también era el mío antes de 2010- está solucionado si es eso lo que le preocupa.

Claro que el problema no es ese. Por eso le pedimos que no utilice la discapacidad para restringir un derecho de las mujeres. La discapacidad no puede ser una excepción para permitir el aborto en un contexto de prohibición porque el aborto debe ser considerado como un derecho de las mujeres, sin excepciones ni necesidad de motivación ninguna. Que el feto tenga “taras” o malformaciones debe ser indiferente para la ley, cuya función es la de garantizar la igualdad para todas las personas, sean como sean, así como la de remover los obstáculos que dificultan esta igualdad.

Y, al mismo tiempo, la mujer gestante debe poder abortar sin necesidad de dar razón a nadie de sus motivaciones; solo ella sabe si quiere afrontar un determinado embarazo o no, eso es cosa suya. La discapacidad o tara de un feto debe darle igual a la ley, pero puede no darle igual a la mujer gestante, que tiene todo el derecho para tomar, respecto a su embarazo, la decisión que considere oportuna.

Por último, le pediría a Gallardón que no utilizara tampoco la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad para restringir derechos porque dicha Convención se refiere, como su nombre indica, a las personas con discapacidad y no a los fetos, ni con discapacidad ni sin ella. Una convención que recoge derechos de personas nacidas con discapacidad y en la que, por ejemplo, se exige a los gobiernos firmantes que las personas con discapacidad “tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia (…)”, que exige a los gobiernos “garantizar su acceso a la educación con los servicios personalizados necesarios”, “favorecer y potenciar su acceso al empleo”, etc. Todos ellos, y muchos más, derechos que se iban cumpliendo con dificultades pero a los que el gobierno del PP ha dado una patada al vaciar la Ley de Dependencia; al vaciar de recursos la educación pública o la sanidad, al no velar por el cumplimiento de la cuota de personas con discapacidad en las administraciones, al no proteger en absoluto el empleo de estas personas…

Las personas con discapacidad estamos con el gobierno del PP más discriminadas y desasistidas que nunca. No nos tome el pelo y no nos utilice como excusa para recortar derechos de las mujeres, que de eso se trata.