Lawfare y la doctrina del shock

A lo largo del siglo XX, América Latina fue uno de los grandes campos de prueba de la intervención política y económica exterior. Allí se ensayaron formas de disciplinar gobiernos, sociedades y proyectos de emancipación que unas veces operaron de forma subrepticia y otras de manera brutalmente explícita, como bien simboliza el destino de Allende en Chile. La doctrina del shock, los golpes militares, la presión financiera, la tutela exterior y la criminalización de movimientos políticos de izquierda formaron parte de una misma lógica: impedir que determinados países decidieran soberanamente su modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, así como sus alianzas internacionales. La periodista Naomi Klein describió este fenómeno en La doctrina del shock, donde mostró cómo las crisis, los conflictos y las situaciones de conmoción colectiva han sido utilizadas en numerosas ocasiones para imponer transformaciones políticas y económicas que difícilmente habrían sido aceptadas en condiciones normales.

Durante décadas, ese mecanismo fue relativamente visible. Había golpes de Estado, juntas militares, desapariciones, bloqueos, operaciones encubiertas y apoyo externo a élites locales. Pero el mundo ha cambiado. La intervención directa tiene hoy un coste reputacional más alto, y las sociedades democráticas reaccionan con mayor sensibilidad ante los atropellos del derecho internacional. Eso no significa que hayan desaparecido las formas de injerencia. Significa, más bien, que se han refinado.

Aquella lógica de intervención propia del siglo XX parece haberse desplazado hacia mecanismos más sofisticados: la judicialización de la política, la deslegitimación reputacional del adversario, la presión mediática, la utilización selectiva del derecho penal, la diplomacia de doble rasero y la fabricación de estados de opinión que convierten al adversario político en enemigo existencial. A algunas de estas prácticas se las ha denominado, con mayor o menor precisión, lawfare: no la mera actuación de los tribunales, sino la utilización estratégica del derecho como instrumento de combate político. Como ha señalado el filósofo Jason Stanley al analizar las dinámicas contemporáneas del autoritarismo, la erosión de las democracias no suele producirse únicamente mediante la fuerza, sino también a través de mecanismos institucionales y narrativos que vacían de contenido las garantías democráticas mientras preservan su apariencia formal.

El problema no es que los dirigentes políticos sean investigados. En democracia, nadie debe estar por encima de la ley. El problema surge cuando el derecho deja de funcionar como garantía general y se convierte en herramienta selectiva; cuando unos actores son sometidos a una presión constante mientras otros gozan de indulgencia; cuando la sospecha sustituye a la prueba; cuando el procedimiento se transforma en pena anticipada; cuando la acusación pública produce ya el efecto político de destruir reputaciones, erosionar liderazgos y alterar mayorías democráticas.

Tras la guerra de Irak, la retirada de las tropas españolas ordenada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero adquirió un valor simbólico que todavía resuena. Aquella decisión marcó una ruptura con la lógica de subordinación automática a la estrategia estadounidense y proyectó la imagen de una España capaz de defender una política exterior propia. No es extraño que figuras políticas que encarnan esa autonomía resulten incómodas para determinados equilibrios internacionales, especialmente cuando cuestionan la idea de que Europa deba alinearse siempre, de modo acrítico, con la agenda estratégica norteamericana.

Algo parecido ocurre, en otro plano, con la posición del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a Gaza. La defensa del derecho internacional humanitario, el reconocimiento del sufrimiento palestino y la crítica a la actuación de aliados tradicionales de Estados Unidos han situado a España en una posición incómoda dentro del bloque occidental.

La batalla de nuestro tiempo no es solo entre izquierda y derecha. Es también una batalla por el significado del Derecho. O el derecho vuelve a ser un límite frente al poder, o acabará convertido en una de sus armas más eficaces