¿Cuál es el nivel de satisfacción social con el Estado Autonómico?

Desde que el Presidente Carles Puigdemont anunciara el pasado 9 junio la decisión de la Generalitat de convocar un (nuevo) referéndum de autodeterminación, poniendo como fecha el 1 de octubre, la metáfora del choque de trenes ha cobrado un gran protagonismo en el debate político y mediático. Apenas unas horas después del anuncio, el portavoz del gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, garantizaba, en una rueda de prensa, que el referéndum no se celebraría por ser ilegal y que se utilizarían todos los instrumentos del Estado de derecho para impedir su celebración.

Del temido choque institucional ya hemos asistido a varios episodios. El primero, se produjo a principios de septiembre, con la aprobación, en el Parlamento catalán en un polémico y cuestionado pleno, de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana. El segundo, el pasado 20 de septiembre cuando se produjeron las detenciones, por orden judicial, de altos cargos de la Generalitat por su participación en la organización del referéndum.

Avanzando en una peligrosa espiral de acción-reacción que ha activado la protesta social en Catalunya y la tensión política en otros territorios, el conflicto institucional parece haber adoptado una peligrosa dimensión de conflicto social. La (no) jornada electoral del 1 de octubre puede convertirse en una masiva jornada social por el derecho a decidir. Aún no sabemos en que acabará la colisión institucional y hasta donde pondrán llegar los maquinistas, de un lado y otro, en su decisión de seguir adelante, sin activar el freno.

El conflicto parece tan enconado, tras siete largos años de enquistamiento político, que la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Catalunya se perfila, a corto plazo, como el mejor de los escenarios posibles tras el 1 de octubre. Un escenario (más favorable) en el que no tendría cabida una potencial declaración unilateral de independencia por parte del gobierno o del Parlamento catalán. Tampoco tendría cabida, en ese escenario, la suspensión de la autonomía catalana por parte del gobierno central. Ni la eclosión de un Movimiento Catalán de Indignados 1-O u “otoño catalán”, similar al del 15-M que llevó, en la primavera de 2011, a las acampadas en la Puerta de Sol de Madrid durante casi un mes.

En todo caso, más tarde o más temprano, cuando la confrontación política quede rebajada y/o haya unos nuevos interlocutores que permitan la normalización de las relaciones Catalunya-España, será necesario plantear los instrumentos del diálogo y la negociación para tratar de poner fin a esta etapa de conflicto institucional. Desde ese planteamiento, la Mesa del Congreso de los Diputados aprobó, a propuesta del PSOE, el pasado 21 de septiembre la creación de una comisión de estudio sobre el estado autonómico.

Más allá de que el conflicto catalán y las aspiraciones soberanistas del País Vasco pueden acelerar el debate, cabe plantearse la necesidad de evaluar el funcionamiento del Estado Autonómico cuarenta años después de su implantación, y abordar una posible reforma. Una reforma que podría conllevar, entre otros, cambios de calado en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía, en el modelo de financiación autonómica o en la configuración del Senado.

En este contexto podemos preguntarnos hasta qué punto están los ciudadanos (in)satisfechos con el actual modelo de organización territorial y en qué sentido querrían que se hicieran cambios. Del análisis de los datos del CIS se obtienen las siguientes conclusiones:

1) En el conjunto de España, y de acuerdo con el último barómetro del CIS correspondiente a julio, predomina la opinión de los ciudadanos (con casi un 41% de respuestas) que se muestran satisfechos con el actual Estado de las Autonomías, esto es, con el nivel de competencias que las Comunidades tienen en la actualidad. Si bien entre los insatisfechos encontramos, por un lado, a cerca de un 18% de ciudadanos que muestra preferencias por un Estado en el que sólo hubiera un gobierno central sin Comunidades Autónomas y un 9% al que le gustaría que las Comunidades tuvieran menos autonomía. Por otro lado, y en el extremo opuesto, encontramos a un 15% partidario de que las Comunidades tengan más autonomía y otro casi 10% a favor de un Estado en que se reconociera la posibilidad de las Comunidades de convertirse en estados independientes.

2) En los últimos siete años, ha crecido el porcentaje tanto de ciudadanos centralistas que prefieren suprimir las Comunidades Autónomas, como de los que, por el contrario, se muestran favorables a que las Comunidades tengan la posibilidad de convertirse en estados independientes.

3) La brecha generacional también es visible en lo que a las preferencias sobre la organización territorial del Estado se refiere. Los electores más jóvenes (18-24 años) son los que se muestran más satisfechos (47%) con el actual Estado de la Autonomías, en comparación con el resto de franjas de edad (25-34 años (39,1% satisfechos); 35-44 (41,9%); 45-54 años (41,8%); 55-64 años (39,8%); 65 y más años (38,0%)). Además, los más jóvenes son los menos centralistas y los que, en mayor medida, se muestran partidarios de que las Comunidades Autónomas tengan un mayor nivel de autonomía. Por el contrario, los electores de mayor edad (65 y más años) son los que tienen una opinión más favorable al centralismo.

4) Si desagregamos los resultados del CIS a nivel territorial y tomamos los porcentajes a nivel indicativo por el reducido tamaño de las muestras, encontramos que las Comunidades Autónomas en las que hay una mayoría de ciudadanos que se sienten satisfechos con el actual Estado de las Autonomías son siete: Cantabria, Extremadura, Andalucía, Aragón, Baleares, Asturias y Galicia. Un grupo al que habría que sumar a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Por otro lado, aquellas Comunidades en las que la opinión predominante es también de satisfacción con el actual Estado Autonómico son La Rioja, Canarias y, aunque con un porcentaje más bajo, la Comunidad Valenciana. Por el contrario, la menor proporción de ciudadanos satisfechos con el actual statu quo autonómico la encontramos en el País Vasco, Catalunya, Madrid y Castilla y León.

5) Las Comunidades Autónomas en las que sus ciudadanos se muestran de forma mayoritaria o predominante a favor de un Estado en el que las Comunidades gozaran de un menor nivel de autonomía o incluso no hubiese autonomías son Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid.

6) Catalunya y País Vasco son las dos Comunidades en las que mayoritariamente sus ciudadanos son partidarios de un mayor autogobierno. En Navarra, el porcentaje de los que se sienten satisfechos con el actual Estado de las Autonomías (40%) es igual al de los que prefieren un mayor nivel de autonomía o incluso que se reconociera a las Comunidades la posibilidad de ser estados independientes (cuyas opiniones suman un 40%). Actualmente, o al menos hace casi tres meses cuando se realizó el trabajo de campo del barómetro de julio del CIS, en el País Vasco el porcentaje de ciudadanos que mostraban un mayor grado de acuerdo con la fórmula de un Estado en el que las Comunidades tuvieran un mayor nivel de autonomía era superior al de los partidarios de un Estado que permitiera a las Comunidades ser estados independientes. Por el contrario, en Catalunya son más los ciudadanos favorables a la posibilidad de que los Comunidades se conviertan en estados independientes, que los que prefieren un mayor nivel de autonomía.

Estos datos corroboran, una vez más, la pluralidad y diversidad de las preferencias que sobre la organización territorial del Estado muestran los ciudadanos en las diferentes Comunidades.

Pero, en cualquier caso, sólo en Catalunya, encontramos, o encontrábamos hace tres meses, como opinión predominante la de aquellos ciudadanos a los que les gustaría que las Comunidades pudieran convertirse en estados independientes. Una opinión que no puede entenderse sin tener en cuenta el conflicto institucional que ha marcado las relaciones entre el gobierno catalán y el gobierno nacional en los últimos años. Siete años antes, en enero de 2010 y antes de que se conociera la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de 2006, el porcentaje de ciudadanos que en Catalunya se mostraban partidarios de un mayor grado de autonomía era ligeramente superior (28,3%), al de los que preferían que las Comunidades pudieran convertirse en estados independientes (25,3%). Como tampoco se puede explicar, sin tener en cuenta el conflicto catalán, el incremento que se ha producido en los últimos años tanto de las opiniones favorables al centralismo como al independentismo.

A pesar de que ahora el modelo autonómico parece desbordado por las hoy crecidas demandas independentistas, su actualización puede ser el mejor camino para tratar de resolver el conflicto catalán y de encauzar las aspiraciones de los territorios que reclaman un mayor nivel de autogobierno, sin mermar las del resto de territorios.

La búsqueda de equilibrios, la aceptación de la singularidad y el reconocimiento de las diferencias hicieron posible en la transición política -y en un contexto político muy difícil- el diseño del modelo autonómico. Esos ingredientes son hoy más necesarios que nunca para afrontar una nueva etapa en el desarrollo del Estado autonómico y de las relaciones entre las Comunidades Autónomas y de éstas con el Estado central. Esperemos, ahora, que la implosión de la crisis catalana constituya una oportunidad para lograrlo.