El debate sobre los aforamientos resucita con el caso Barberá

La negativa de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a dejar su acta de senadora autonómica tras estar encausada en el caso Taula, lo que la mantendrá como aforada, ha reabierto entre los grupos políticos el debate sobre la supresión del blindaje judicial del que gozan todos los parlamentarios. Tanto su propio partido, el PP, como el PSOE se han comprometido a eliminar ese privilegio en los pactos de invesditura que han sellado con Ciudadanos, en donde, pese a las advertencias de Albert Rivera, han decidido que siga 'vivo' por si Rajoy intenta una nueva investidura.

En el punto 94 dentro del Bloque III del acuerdo sobre “Transaparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción”, además de pedir la “separación inmediata  de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción”, PP y Ciudadanos plantean “la eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos”. Pero no concretan nada más.

En España cerca de 18.000 personas gozan de ese privilegio que supone no ser juzgados por los tribunales ordinarios, solo por el Supremo. Entre esas personas, y además de la familia real, de jueces y fiscales, se encuentra un amplio grupo de políticos: Presidentes del Gobierno, ministros, presidentes autonómicos, consejeros de las comunidades autónomas, presidentes del Congreso y del Senado, diputados nacionales y autonómicos y senadores.

Para llevar a cabo la supresión de estos aforamientos se necesita una reforma de la Constitución o, en su caso, de los Estatutos de Autonomía - que para ser aprobada debe ratificar luego el Congreso-, algo que en estos momentos es complicado de abordar. Sobre todo estando aún el Gobierno en funciones y porque se necesita un consenso entre todos los partidos para abrir ese 'melón'.

El PP tumbó en marzo en el Senado una iniciativa del PSOE

Pese a que en el PP dicen estar a favor de la medida, la falta de voluntad política para impulsarla quedó patente hace escasos meses. En concreto, en marzo pasado, durante la anterior legislatura. Entonces, el pleno del Senado, gracias a la mayoría absoluta del PP, rechazó una moción socialista en la que se solicitaba una reforma urgente de la Constitución para la supresión del aforamiento a diputados, senadores y parlamentarios autonómicos. La propuesta contó con el apoyo del resto de la Cámara Alta. Los populares, para tumbarla, se escudaron en que no se podía hacer una reforma express de la Carta Magna y propusieron abrir una ponencia en la Comisión Constitucional, para estudiar el asunto y “revisar el artículo 71 para adaptarla a los tiempos actuales”. Se quedó en el cajón.

El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, adelanta a eldiario.es que su grupo, pese a que el PP sigue gozando allí de mayoría absoluta, “volverá a la carga” con este asunto en cuanto empiece los plenos a finales de este mes. “Vamos a traer la iniaciativa de nuevo para ver la voluntad política que demuestra el Partido Popular. Lo que está pasando con Rita Barberá nos parece un error gravísimo y una torpeza”, afirma.

El portavoz socialista recuerda que tanto Jose Antonio Griñán como Manuel Chaves abandonaron sus actas en ambas Cámaras cuando fueron encausados. Y ahora exigen que la exalcaldesa valenciana haga lo mismo.

También Albert Rivera cree que ha llegado el momento de reabrir ese debate. El líder de Ciudadanos ha endurecido su discurso sobre Barberá y ha opinado que está claro que la exalcaldesa valenciana quiere quedarse con el escaño de senadora para mantener su aforamiento. Por ello, Rivera le ha exigido que deje el acta y cree además necesario replantear el asunto para que tránsfugas e implicados en corrupción política puedan ser apartados de sus cargos y despojados de todos sus privilegios.

El debate, en la campaña gallega y en los parlamentos regionales

Pero el asunto también ha saltado a la campaña electoral. Al menos en Galicia. El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha propuesto acabar con el aforamientos de los diputados, ya que a su juicio “existe en demasía en España” y “carece de sentido”.“No ocurre en casi ningún país; es una excepción en España que queremos reconducir en Galicia”, ha defendido Leiceaga.

En Madrid, la presidenta Cristina Cifuentes, del PP, dio en mayo pasado luz verde al proyecto de modificación del Estatuto de Autonomía, uno de los compromisos que adquirió con Ciudadanos en su pacto de investidura. Dentro de esa reforma se contempla la supresión del aforamiento, la reducción de la cifra de diputados y limitar los mandatos de los miembros del Gobierno regional.

En otras comunidades como Canarias, Murcia, o la propia Comunidad Valenciana, Ciudadanos ha impulsado iniciativas similares. Melisa Rodríguez, diputada por Tenerife de la formación naranja, explica a eldiario.es que van a seguir reclamado un acuerdo a todos los partidos en esa dirección. “Nuestra intención es presionar tanto a los gobiernos como a los parlamentos regionales para que trabajen en la eliminación de estos aforamientos”, explica.

Los de Rivera recuerdan que justamente en les Corts quedó aplazado el tema en la Comisión de Reforma del Estatuto de Autonomía. Allí, la portavoz del partido, Carolina Punset, registró a finales del año pasado una proposición no de ley en la que pedían la modificación  del artículo 23 del Estatuto para eliminar  la figura del aforamiento de los diputados autonómicos.

Cañamero, de Unidos-Podemos, renunció al privilegio ante notario

En el Congreso, el diputado de Unidos Podemos por Jaén, Diego Cañamero, firmó ante notario la renuncia de su aforamiento como diputado,  porque, según dijo, no quiere tener “ningún privilegio respecto a los demás ciudadanos”.

“El hecho de ser diputado no puede suponer tener una categoría superior a la del pueblo porque el pueblo te elige como representante para defenderlo, no para defenderte tú con privilegios, sea de dinero o de posición política”, señalo el jornalero a la salida de la notaría de Sevilla.

Su gesto es simbólico porque el aforamiento solo se pierde al renunciar al acta.

Su grupo acaba de anunciar que van a proponer reformar la ley de senadores territoriales para permitir que los grupos parlamentarios autonómicos puedan revocar el cargo de aquellos senadores designados de este modo cuando “se pierda la confianza” en ellos. Podemos ya registro en abril en les Corts valencianas esta iniciativa que ahora quieren llevar a todos los parlamentos regionales.