Congreso de Perú suspende hasta mañana el debate de interpelación a ministro

El presidente del Congreso peruano, Daniel Salaverry, suspendió hasta mañana el debate de la interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, por los términos del acuerdo de colaboración con la empresa brasileña Odebrecht.

La sesión del pleno se reanudará el viernes, por la mañana, para que concluya con la participación de 14 legisladores, de un total de 130 en el Legislativo peruano que intervinieron en una larga jornada este jueves.

El debate se centró en el papel de los procuradores del Estado Jorge Ramírez y la adjunta Silvana Carrión en la negociación del acuerdo con Odebrecht, que según legisladores de la fujimorista Fuerza Popular y del Partido Aprista pretende proteger a la constructora.

El Congreso, que tiene al fujimorismo como primera minoría, acordó la semana pasada interpelar al ministro sobre los términos del acuerdo y la forma en que se determinó el pago que deberá hacer Odebrecht, ya que se considera que la empresa obtuvo miles de millones de dólares con las licitaciones que ganó en el país mediante la entrega de sobornos.

Sectores políticos opositores al Gobierno, en su mayoría vinculados a personajes investigados por presunta corrupción, cuestionan que se haya aceptado el pago de 610 millones de soles (182 millones de dólares / 160 millones de euros) por los sobornos.

Durante el debate, la congresista de Fuerza Popular, Yeni Vilcatoma, planteó la detención preliminar contra los exdirectivos de la constructora brasileña Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Raymundo Trindade Serra, Reynaldo Rivero y otras 31 personas vinculadas con actos de corrupción de la compañía en Perú.

“De acuerdo con el Código Penal estamos solicitando la detención preliminar judicial al Ministerio Público para que lo formule ante el Poder Judicial una vez aperturada esta investigación”, explicó Vilcatoma.

Sin embargo, la iniciativa de la fujimorista fue considerada un intento de obstrucción de la labor que realiza el equipo especial de la Fiscalía, que firmó el acuerdo de colaboración con Odebrecht y se alista a interrogar a Barata en abril.

La legisladora también planteó la derogatoria de una ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil en casos de corrupción porque el acuerdo con Odebrecht establece un pago de 15 años.

Por su parte, la vocera de la bancada oficialista, Ana María Choquehuanca, cuestionó si la intención de la interpelación es realmente conocer el acuerdo de colaboración o “atacar políticamente al gobierno vendiendo la idea de que se quiere beneficiar a una empresa corrupta”.

“Que quede claro que el gobierno no tiene ese objetivo”, remarcó.

Al inicio de la exposición, en la que respondió a un pliego de 21 preguntas, el ministro Zeballos remarcó que este tipo de acuerdos implica “un proceso autónomo y reservado”, en el que solo han participado la Fiscalía y la procuraduría.

Reiteró que, por ese motivo, los términos del acuerdo se mantienen en reserva, ya que aún deberá ser homologado por un juez e incluso puede ser revocado si la parte colaboradora no cumple con entregar la información a la que se ha comprometido.

Sostuvo, sin embargo, que el acuerdo implica “un reconocimiento de culpa” por parte del colaborador.

El presidente peruano, Martín Vizcarra, dijo este miércoles que en su país hay “cien por ciento de seguridad” jurídica en los acuerdos de colaboración firmados con las empresas implicadas en corrupción, después de que la también constructora brasileña OAS expresó su preocupación sobre ese tema en un comunicado.

El gobernante dijo que en Perú hay “una voluntad de lucha contra la corrupción” y que si OAS quiere colaborar con la Justicia está “seguro que, a través de los canales correspondientes como el Ministerio Público y el Poder Judicial, va a haber las condiciones” para hacerlo.

La investigación del caso Lava Jato en Perú incluye los millonarios aportes y sobornos que Odebrecht dio a políticos y funcionarios peruanos desde 2005, en un período que incluye a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Además, están implicadas en este caso la líder opositora Keiko Fujimori, la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán y el exgobernador del puerto limeño del Callao Félix Moreno.