Crisis en Tucumán suma incertidumbre de cara a presidenciales en Argentina

La crisis política suscitada en la provincia argentina de Tucumán por la anulación de sus comicios para gobernador por presunto fraude potencia la incertidumbre de cara a las elecciones presidenciales que celebrará el país suramericano en octubre próximo.

El litigio político y judicial que sacude a Tucumán, la más pequeña de las provincias de Argentina en cuanto al territorio y la sexta del país por su peso en el padrón electoral, amenaza con convertirse en una muestra de lo que podría ocurrir a nivel nacional si las elecciones presidenciales de octubre se realizan en un clima de sospecha por falta de transparencia.

Los comicios en la norteña provincia, realizados el 23 de agosto, estuvieron teñidos por denuncias de irregularidades en la contabilidad de los sufragios, de entrega de alimentos a cambio de votos y hasta la quema de 42 urnas de votación.

Ello movió al candidato a gobernador por el opositor Acuerdo para el Bicentenario, José Cano, a pedir a la Justicia que se anulara la votación.

Según el escrutinio definitivo de los comicios, que concluyó el lunes último y no es aceptado por la oposición, el candidato del gobernante Frente para la Victoria, Juan Manzur, se impuso con un 51,64 % de los votos, mientras que Cano obtuvo un 39,94 %.

Finalmente, este miércoles un tribunal tucumano le dio la razón a Cano, anuló los comicios y ordenó que se repita la elección, fallo que el oficialismo apeló ante la Corte Suprema provincial.

Los tiempos en Tucumán urgen: convocar a una nueva elección demandaría al menos 45 días, pero el mandato del actual gobernador -que responde al kirchnerismo- caduca el 28 de octubre y el Ejecutivo podría quedar acéfalo, en cuyo caso, el Gobierno nacional podría avanzar con una intervención a la provincia, una alternativa que no se registra desde 2005.

Los tiempos judiciales podrían estirar aún más los plazos si el caso llega finalmente a la Corte Suprema de Argentina.

“Lo que vimos en Tucumán es una escalada de irregularidades que nunca se habían visto y escenas que fueron muy fuertes como la de las urnas quemadas, con un impacto muy profundo, inclusive influenciando a una Justicia que hasta el momento era solo un espectador de las irregularidades que se venían viendo en las últimas elecciones”, dijo a Efe el analista Patricio Guisto.

Además de las irregularidades detectadas en Tucumán, la oposición argentina denunció robo de papeletas y votos no contabilizados en las primarias de la provincia de Buenos Aires el 9 de agosto pasado, mientras que sembró dudas sobre el ajustado triunfo del socialismo en la provincia de Santa Fe.

Según Giusto, de la consultora Diagnóstico Político, la “desconfianza” social “es generalizada” y “la transparencia del proceso está absolutamente cuestionada”.

“Lo que se genera es un efecto incertidumbre porque estamos ante una elección presidencial que es muy probable que se defina por escaso margen si hay o no segunda vuelta y, en ese caso, es muy esperable que la oposición tenga una postura muy similar a la de Tucumán e intente judicializar la elección”, advirtió el analista.

El calendario electoral argentino prevé la celebración de las presidenciales el 25 de octubre próximo y una eventual segunda vuelta el 22 de noviembre, para que el traspaso de Gobierno se realice el 10 de diciembre.

La oposición ha reclamado tanto al Gobierno como a la Justicia electoral medidas para garantizar la transparencia del proceso.

Esta semana, la Cámara Nacional Electoral anunció la adopción de diversas medidas para reforzar “la transparencia y certeza” de los comicios de octubre.