Hacienda impone a la Comunidad Valenciana medidas correctoras por sus plazos de pago

El Ministerio de Hacienda ha comunicado a la Generalitat el inicio de la adopción de medidas de corrección por superar el plazo medio de pago a proveedores, que instan a acuerdos de no disponibilidad de gasto y la autorización del Estado para todas las operaciones de deuda a largo plazo.

Así se recoge en una carta remitida el pasado lunes por el secretario de Estado de Administraciones Públicas en funciones, Antonio Beteta, al conseller de Hacienda, Vicent Soler, en la que pide a la Comunitat Valenciana que incluya en la actualización de su plan de tesorería las nuevas medidas para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad.

Beteta advierte al Consell de que ya envió cartas con fecha 5 y 26 de marzo de 2015 en las que indicaba que debería adoptar medidas cuantificadas de reducción de gastos e incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos que permitieran generar la tesorería necesaria para reducir el plazo medio de pago a proveedores.

Los efectos de esa comunicación, según indica el secretario de Estado, se mantienen hasta que la Comunitat cumpla el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad, “circunstancia que no se ha producido”.

Además, añade que, según la ley orgánica 2/2012, cuando el plazo medio de pago de la Comunidad Autónoma supere en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos, desde la actualización de su plan de tesorería, el Ministerio lo comunicará a la comunidad autónoma.

El Ministerio afirma que, dado que se ha superado durante dos meses consecutivos el plazo máximo de 60 días -según la Generalitat, el plazo está en 73 días-, se comunica el inicio de la adopción de medidas automáticas de corrección.

Estas son que las modificaciones presupuestarias que conlleven un aumento neto del gasto no financiero y no se financien con cargo al fondo de contingencia o con baja en otros créditos, requerirán la adopción de un acuerdo de no disponibilidad de igual cuantía, del que se informará al Ministerio indicando el crédito afectado, la medida de gasto que lo sustenta y la modificación presupuestaria origen.

Además, todas las operaciones de endeudamiento a largo plazo precisarán de autorización del Estado, que podrá ser de forma gradual por tramos, y la Comunitat debe incluir en la actualización de su plan de tesorería “inmediatamente posterior” nuevas medidas para cumplir con el plazo máximo de pago.

El Ministerio evaluará mensualmente si se han adoptado las medidas para reconducir la actual desviación en los plazos de pago a proveedores.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado al ser preguntado por esta cuestión en los pasillos de Les Corts que el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, “continúa amenazando” a la Comunitat con la intervención.

Puig ha argumentado que a 30 de abril el Consell ha recibido 411 millones de adelantos por parte del Estado, frente a los 2.676 millones que percibió en las mismas fechas de 2015.

Según fuentes de la Conselleria de Hacienda, el periodo de pago a proveedores no se ha podido reducir a 30 de abril por problemas de tesorería dada la “insuficiencia” de liquidez por las decisiones “discriminatorias” del Gobierno de Rajoy.