Hungría carga con un impuesto del 25 % a las ONG que apoyan a inmigrantes

El Parlamento húngaro aprobó hoy una ley que introduce un impuesto del 25 % sobre los ingresos de las organizaciones que “apoyan la inmigración” y otra que limita el derecho de reunión.

Las dos nuevas leyes, que se espera entren en vigor el próximo otoño boreal, han sido aprobadas por la mayoría de dos tercios que tiene del gobernante partido Fidesz del primer ministro, Viktor Orbán, nacionalista y conservador.

El texto de la primera determina que “apoyo a la inmigración” es toda actividad “que presenta la inmigración como algo positivo”, que crea redes a favor de la misma o que “participa en campañas sociales o mediáticas a favor de la inmigración”.

No obstante, la ley no especifica qué aspectos de la ayuda que prestan ONG a refugiados e inmigrantes serán considerados como “apoyo a la inmigración”, o si un mero comunicado de prensa de una organización que trabaja en este campo será visto como parte de una “campaña mediática” a favor de los inmigrantes.

“No solo se trata de que el texto de la ley utiliza una terminología absolutamente incomprensible, sino que también es absurdo y peligroso”, advirtió hoy Amnistía Internacional en un comunicado emitido tras la aprobación de la ley.

Los ingresos estatales generados con el impuesto del 25 % que esos grupos de la sociedad civil deberán pagar se destinarán exclusivamente a la defensa de las fronteras del país.

Ya antes de ser aprobada, varias ONG (organizaciones no gubernamentales) habían protestado contra la tasa fiscal extraordinaria.

Para el Comité Helsinki, la medida es “inaceptable”, mientras que la Unión para las Libertades Fundamentales (TASZ) ha denunciado que la ley “se dirige a limitar la libertad de expresión”.

Orbán y su Ejecutivo se oponen radicalmente a la inmigración, de la que dicen que pone en peligro la cultura húngara, cristiana y europea, y han relacionado a los refugiados con el terrorismo.

La segunda medida adoptada este viernes por el Parlamento húngaro otorga nuevas competencias a la policía para prohibir mítines y protestas cuando consideren que afectan al orden y la seguridad pública o que perturban el funcionamiento de tribunales o del transporte urbano.

Otro punto asegura que “la libertad de reunión y de expresión no puede estar acompañada de perjuicio de la vida privada y familiar de terceros”, lo que abre la posibilidad de prohibir protestas en las cercanías de los inmuebles de políticos.

La TASZ criticó la ley por considerar que puede llevar a que “la policía tome demasiadas medidas arbitrarias”.

En este contexto, recordó que las manifestaciones siempre afectan a terceros, pues suelen causar algunos problemas en el transporte público o limitar el libre movimiento de las personas.