La Junta de Castilla y León cifra en un 4,52% el seguimiento de la huelga de funcionarios

La Junta de Castilla y León ha cifrado en un 4,52 % el seguimiento este miércoles de la huelga de empleados públicos autonómicos para exigir la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales, ante lo que los sindicatos, que lo han elevado al 60 %, se que han quejado de unos servicios mínimos excesivos.

Los sindicatos CSIF, UGT y CCCO han convocado a la huelga para este miércoles a los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, después de que fracasaran las negociaciones para aplicar una reducción de su jornada laboral a 35 horas semanales acordada con el anterior gobierno autonómico.

Según los datos ofrecidos por el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, la huelga en los turnos de noche y mañana ha sido secundada por 2.634 empleados públicos de los 58.259 que estaban convocados.

La huelga ha tenido mayor repercusión en la Administración General, un 12,22 %, y menor en sectores como en Educación, que se ha limitado al 1,82 %, y Sanidad, con un 1,92%, de acurdo con los datos de la Junta.

El seguimiento entre los funcionarios y el personal estatutario ha sido del 3,76 por ciento, con 1.923 empleados en huelga, de los 51.189 convocados, y del 10,03 por ciento entre los laborales, con 711 de 7.000.

Pero los sindicatos convocantes han calculado el seguimiento en un 60 por ciento del personal que podía secundar la huelga y se han quejado de que los servicios mínimos decididos por la Junta son excesivos, especialmente en Sanidad.

Han puesto como ejemplo de servicios mínimos “abusivos” el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde en algunas especialidades han trabajado más técnicos de los que hacen en una jornada habitual.

Han calificado de “positivo” el seguimiento, aunque han insistido en que muchos trabajadores no han podido seguir el paro por la “alta” cifra de servicios mínimos fijada, que ha dejado en el sesenta por ciento la participación de los que podían secundar la huelga.

A pesar de ello, fuentes sindicales han asegurado que la huelga ha repercutido en la atención sanitaria y, así, en el Hospital General de Segovia han tenido que cerrar cuatro quirófanos y algunas consultas externas.

Al mediodía se han celebrado concentraciones de empleados públicos ante las delegación territoriales -cerca de un millar en Valladolid- con cortes de calles que han entorpecido el tráfico.

En León, unos 200 funcionarios se han concentrado este mediodía frente a la sede de la Junta de Castilla y León, donde los responsables sindicales han acusado al vicepresidente del Gobierno autonómico, Francisco Igea, de ser el “tonto útil” del Ejecutivo que está impidiendo el acuerdo para reducir la jornada laboral.

El secretario general de Empleados Públicos de UGT en León, Juan Miguel Martínez, ha criticado el modo de actuar del vicepresidente y portavoz de la Junta, a quien ha responsabilizado de que aún no se haya alcanzado un acuerdo con los sindicatos y al que ha calificado de “tonto útil” del Gobierno autonómico.

También en León, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado que “se ha hecho una oferta generosa a los empleados públicos” para aplicar las 35 horas.

La última oferta de la Junta de Castilla y León era volver a esas 35 horas, dos y media menos que en la actualidad, a partir del 1 de abril, aunque los sindicatos reclaman que se cumplan el acuerdo firmado el pasado 21 de mayo que planteaba recuperar esa jornada, una vez superada la crisis, a partir del 1 de octubre, o en todo caso el 1 de enero de 2020.

En una rueda de prensa en Valladolid, el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido que la imposibilidad de llegar a acuerdos con lo sindicatos sobre la aplicación de la jornada de 35 horas semanales “ha cambiado las circunstancias”, pero no la voluntad del gobierno regional aunque haya “un escenario presupuestario distinto”.

Los tres sindicatos han anunciado que acudirán a los tribunales ante el incumplimiento suscrito por la Junta, a la que han atribuido “mala fe” en la negociación para aplicar las 35 horas semanales y han considerado “inasumibles” los planteamientos de la Junta.