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Hacienda autoriza a Justicia a contratar abogados belgas para la demanda de Puigdemont y los exconsellers contra Llarena

La Intervención General del Estado ha autorizado el gasto para la contratación de un despacho de abogados belga que represente los intereses del Estado

Justicia espera terminar los trámites lo antes posible para preparar su estrategia de cara al próximo martes

Aún se está debatiendo si el Estado se persona en la causa o su actuación se limita a no reconocer la jurisdicción civil belga para tratar un asunto que afecta a la soberanía de los tribunales españoles

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La ministra de Justicia, Dolores Delgado EFE

La Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, ya ha autorizado el gasto para la contratación en Bélgica de un despacho de abogados que represente los intereses del Estado frente a la demanda civil del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros contra el instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

El expediente está ahora en manos de la junta de contratación del Ministerio de Justicia, que será la encargada de elegir al bufete de cara a la vista fijada para el próximo martes ante un juzgado civil en Bruselas, han señalado a Europa Press en fuentes del departamento de Dolores Delgado.

Justicia confía en que los últimos trámites burocráticos concluyan con celeridad porque es necesario concretar la estrategia de cara al próximo martes. La actuación será diseñada personalmente por la abogada general, Consuelo Castro, si bien los detalles deben ser concertados con los abogados belgas porque son los que conocen los detalles del procedimiento en dicho país.

Mientras se produce este contratación se han analizado todos los escenarios posibles, que podrían pasar por utilizar como contacto entre Madrid y el bufete belga a los abogados del Estado que tienen su despacho en Bruselas, donde desarrollan diversas labores que tienen que ver con asuntos comunitarios.

Personación o no reconocimiento

Lo que todavía se está barajando es si se produce una personación de España como tal o la actuación se limita a no reconocer la jurisdicción civil belga para conocer de un asunto que afecta a la soberanía de los tribunales españoles. Habría que tener en cuenta, entre otros aspectos, que una decisión en dicho sentido podría vetar que España pudiera recurrir en el futuro una eventual decisión del juez belga ante instancias superiores.

Tampoco se ha decidido si la intervención de España en el procedimiento será de forma presencial, es decir, con la asistencia efectiva de los abogados belgas que se contraten el próximo día 4 en el Palacio de Justicia de Bruselas o si se decide por limitar la actuación a la presentación de un escrito.

El juzgado belga ha fijado una vista, a partir de las 09:00 horas, en el Tribunal de Primera Instancia francófono de Bruselas, con sede en el Palacio de Bruselas, y lo que ya parece claro es que Llarena, cuya presencia no es obligada en este trámite, no tiene ninguna intención de acudir.

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