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Madrid, única delegación del Gobierno que abrió expedientes por concentraciones de preferentistas

El Gobierno ha revelado que el departamento de Cristina Cifuentes ha llegado a abrir seis expedientes en protestas de afectados por las preferentes

Dos diputados socialistas preguntaron hace meses si las delegaciones del Ejecutivo habían incoado procedimientos de este tipo contra este tipo de concentraciones

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La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes

El Gobierno ha informado de que sólo su Delegación en Madrid, que dirige Cristina Cifuentes, ha llegado a abrir expedientes por concentraciones de afectados por la compra de preferentes, concretamente seis, sin que no conste resolución de ninguno de ellos.

Los diputados socialistas Antonio Hurtado y Antonio Trevín preguntaron hace meses si las delegaciones del Gobierno había abierto expedientes por las manifestaciones de protesta de los afectados por la denominada "estafa de las preferentes" y cuántas multas se habían llegado a imponer.

En concreto, a finales del pasado mes de julio pidieron datos de "Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía y el resto de comunidades", así como el detalle de los recursos y alegaciones contra las decisiones del Gobierno.

En su contestación, el Gobierno responde que, "recabada la información a las Delegaciones del Gobierno competentes en la materia, solo la de Madrid ha iniciado procedimientos sancionadores por presuntas infracciones previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana con ocasión de concentraciones-manifestaciones realizadas en protesta por la situación de los afectados por las acciones preferentes".

El Ejecutivo detalla que se trata de seis expedientes pero, según detalla, a finales de julio aún no existían resoluciones dictadas de los asuntos incoados, por lo que no había información sobre recursos, alegaciones y resoluciones.

Los preferentistas llevaron incluso su protesta al Pleno del Congreso, donde tuvieron que ser desalojados de las tribunas de invitados al prorrumpir en gritos contra los diputados, llamándoles "chorizos", "ladrones" y sinvergüenzas" cuando se debatía el decreto ley aprobado por el Gobierno sobre este producto financiero.

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