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Misión de Monitoreo dice que guerrilleros de FARC muertos violaron protocolos
Las FARC incumplieron los protocolos para el desplazamiento de sus integrantes en el caso ocurrido en el norte del país en el que murieron en un choque con el Ejército dos de sus miembros, informó hoy el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego y hostilidades en Colombia.
El organismo, del que forman parte la ONU, el Gobierno colombiano y las FARC, señaló en un comunicado que los miembros de esa guerrilla deben “no hacer presencia por fuera de los Puntos de Preagrupamiento Temporal armados y uniformados sin coordinación previa” con el Mecanismo y las autoridades, pues de hacerlo están “incumpliendo lo establecido en el protocolo”.
El Ejército confirmó el pasado 16 de noviembre la muerte de dos miembros de las FARC en el caribeño departamento de Bolívar durante una operación contra un grupo de personas que realizaba “actividades ilícitas” fuera de la zona de preagrupamiento designada para los guerrilleros antes de su desmovilización.
Luego del choque un tercer guerrillero se rindió y declaró por escrito a la Policía que él y los otros dos guerrilleros pertenecían al Frente 37 de las FARC y que no eran miembros del ELN como inicialmente se pensaba.
El informe del Mecanismo agrega que el Ejército “abrió fuego contra los miembros de las FARC-EP sin mediar otra acción, debido al convencimiento insuperable (para la Fuerza Pública) de que estaban ejecutando una acción contra el ELN” por estar fuera del área establecida.
Los fallecidos fueron identificados “a posteriori” como integrantes de las FARC, conforme a lo establecido en el protocolo en el cual el Gobierno Nacional se comprometió a “no entrar en contacto armado” con las FARC.
El Mecanismo de Monitoreo efectuará las recomendaciones al Gobierno y a las FARC “para que situaciones como esta no vuelvan a suceder”, agrega el comunicado, que recalca que el flujo de información y la comunicación es vital para la coordinación entre las partes.
Igualmente, reitera su disposición de recibir información de la población civil y de organizaciones sociales de manera directa, que contribuya a la labor de verificación del alto el fuego entre el Gobierno y las FARC, en vigencia desde el pasado 29 de agosto.
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