PP de Alicante dice que “no puede lanzarse a una caza de brujas interna” ante imputaciones de cargos públicos

En un encuentro informativo ofrecido este miércoles para analizar el proyecto de la nueva Ley de Educación, a preguntas de los medios de comunicación sobre la imputación de varios cargos públicos del PP en diferentes causas abiertas en la provincia de Alicante, Zaplana ha remarcado que “ante todas estas cuestiones hay que ser muy cauto”.

Así, interrogado sobre el caso concreto del alcalde de Torrevieja Eduardo Dolón y de cinco de sus concejales, imputados el pasado viernes por un presunto delito electoral, el secretario general provincial ha recordado que cuando un cargo público es imputado el Comité de Derechos y Garantías Regional “abre un expediente informativo paralelo al trámite judicial para poder estudiar y saber cuál es la situación”.

“A partir de ahí, si se abriera juicio oral o cualquier cuestión judicial se abriría un expediente disciplinario”, ha indicado, para apuntar la posibilidad de que el Comité de Derechos y Garantías estudie la situación de estos concejales “en su próxima reunión”.

Al respecto, no obstante, ha puntualizado que los hechos que se les imputan a los miembros de la corporación torrevejense están relacionados “más que nada con un tema meramente administrativo” dado que, según ha explicado, “no tiene nada que ver con temas de corrupción” sino “exclusivamente a la autorización de un acto”.

PLAN RABASA

Así mismo, el secretario general del PP en Alicante también se ha referido a la reapertura de las diligencias en torno a presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa, ordenada a raíz de una denuncia presentada en octubre de 2012 por EUPV en la que pedía la imputación de la actual alcaldesa y de su antecesor y diputado autonómico Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, entre otros.

“Ahora se ha vuelto a abrir otra vez, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver por dónde va el juez y vamos a ver qué decisiones se toman”, ha indicado, para recordar que ha habido “temas que se habían archivado”, en los que si el PP hubiera “tomado determinadas decisiones habría tenido que retrotraer las decisiones porque el caso se archivó”.

“Llega un momento en el que el partido tiene que tener la tranquilidad y la cautela suficiente como para esperar las decisiones judiciales, no podemos lanzarnos nosotros a una caza de brujas interna sin, realmente, saber si en verdad hay peso o no hay peso en las denuncias que se tramitan”.

“Este caso particularmente ha estado archivado, ahora se abre otra vez, entendemos que porque habrá nuevas pruebas u otra circunstancia procesal, bueno, pues lo estudiaremos en el caso conveniente y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar”, ha añadido.

ESPERAR A LAS DECISIONES JUDICIALES

Así mismo, preguntado por la imputación de los diputados provinciales Mónica Lorente y Juan Ramón Varó por diferentes delitos, y su permanencia en la institución provincial, Zaplana ha insistido en que “hasta la apertura de juicio oral se está gestionando un expediente informativo” a estos dos diputados.

“Nosotros hacemos coincidir el procedimiento de instrucción dentro del partido con la evolución de la causa judicial, si evidentemente se abre juicio oral” contra Mónica Lorente o Juan Ramón Varó, “el partido y el Comité de Derechos abrirá el pertinente expediente disciplinario”.

“Entiendo que es el procedimiento que el partido debe de tomar, (porque) el partido no toma decisiones antes que los jueces, los jueces están ahí para decidir las cosas, y el partido, a raíz de las determinadas sentencias o aperturas de juicio que supongan la gestión que entiendan que alguien ha cometido algún tipo de error, pues tomará su decisión”, ha insistido.