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El PP Europeo estudia hacer un código ético contra la corrupción para sus eurodiputados y representantes

De la enviada especial de EUROPA PRESS, Clara Bernal

LA VALETA (MALTA) —

Fuentes de la delegación española del PP Europeo han señalado que el partido lo estudiará de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo de 2019. Precisamente, los populares europeos aprobaron este miércoles una resolución para comprometerse a “no aceptar ni tolerar ningún tipo de corrupción” en las filas del partido.

La iniciativa recibió luz verde en el congreso que el PP ha celebrado en Malta, un cónclave en el que el partido ha fijado su posición sobre temas “candentes”, como es el caso de la corrupción. En el cónclave se aprobaron otras 16 resoluciones que servirán de base para los programas de los comicios europeos.

“La corrupción entre las personas que ocupan cargos políticos y públicos es una aberración que debilita la confianza ciudadana en la política, en los políticos y en las instituciones públicas”, señala la iniciativa sobre corrupción aprobada por el PPE. Es más, apunta que los cargos públicos y las administraciones públicas “deberían estar sometidas a las normas más estrictas de la vida pública”.

Esta es la primera vez que el PPE debate y aprueba en un Congreso una iniciativa para reforzar la lucha contra la corrupción en Europa. Según se recoge en el texto, el PPE aboga por una legislación más severa que incluya castigos más estrictos, la asignación de mayores recursos para combatirla, una cooperación más estrecha entre los Estados miembros y el fortalecimiento de las instituciones dedicadas a investigar la corrupción, el fraude o el blanqueo de capitales.

PREOCUPACIÓN POR LOS PAPELES DE PANAMÁ

Los populares europeos aseguran ver “con especial preocupación” la filtración de los papeles de Panamá, que “demostró vínculos” entre altos cargos públicos -también políticos europeos-- con sociedades 'offshore' para evadir impuestos.

El PPE considera que la corrupción sigue siendo uno de los “mayores desafíos” de la sociedad y sostiene que “queda mucho por hacer”, ya que los costes económicos provocados por la corrupción ascienden a unos 120.000 millones de euros al año. Ante estos datos, ve prioritario restablecer la confianza en la eficacia de la lucha contra esta lacra que afecta a todos los países, expresando un “firme compromiso político”.

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