El PP se obsesiona con los abogados de ADADE
El Partido Popular sigue con su cruzada particular contra los abogados de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE). El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha pedido este jueves investigar cómo se financia el grupo de abogados. Los letrados de ADADE fueron los que pidieron que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fuese a declarar este miércoles a la Audiencia Nacional por el caso Gürtel.
Desde la declaración de Rajoy ante el tribunal, diferentes responsables del Partido Popular no han parado de atacar a esta asociación de abogados. Los ataques llegaron a un extremo que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) exigió respeto a la “independencia” del abogado Mariano Benítez de Lugo en el ejercicio de su profesión tras las críticas vertidas por el PP en las redes sociales y en medios de comunicación.
Los ataques no han parado desde que se sabe que las acusaciones populares solicitaron en su momento que también declare Rajoy en una pieza separada del caso Gürtel, conocida como caja B o papeles de Bárcenas, como testigo del ‘dopaje’ financiero con el que el Partido Popular ha concurrido a las elecciones en los últimos veinte años.
El dirigente del PP ha acusado a ADADE de convertir la declaración de Rajoy en la Audiencia Nacional en un “juicio político”, en el que sus abogados vestían “togas rojas” en vez de negras. En su opinión, es una organización “cuasi política” que trabaja al “dictado” del PSOE.
“ADADE no está personada en ningún procedimiento que no sea contra el Partido Popular, lo que es relevante porque ejerce la acción popular de una manera dura y feroz contra el PP”, ha señalado Martínez Maillo.
Por todo ello, ha insistido en que sería “bueno” que esta asociación explicara cuál es su modelo de financiación para que no puedan pensar “mal”. De hecho, ha indicado que en la web de ADADE no han encontrado datos sobre sus cuentas y parece no estar actualizada desde 2004.
Como en otras ocasiones, el coordinador general del PP ha defendido regular la acción popular, aunque en otras ocasiones los populares se han inclinado por prohibir esta figura jurídica.
