Partido gobernante en Sudáfrica ayudará a Zuma a pagar los juicios por corrupción

El Congreso Nacional Africano (CNA), gobernante en Sudáfrica desde la llegada de la democracia en 1994, ayudará al expresidente Jacob Zuma (2009-2018) a pagar los costes legales millonarios de sus juicios por corrupción, después de que la Justicia le retirase la asistencia financiera del Estado.

Según indicó hoy el portavoz en funciones del CNA, Dakota Legote, en una entrevista con la televisión pública sudafricana SABC, el partido recolectará donaciones y prestará apoyo monetario al exmandatario.

“Nos hacemos responsables de este asunto particular. Los miembros del CNA, o con donaciones o de otras formas, darán ayuda al expresidente, tanto en calidad de antiguo líder del CNA como de expresidente de la República. No preveo ningún problema”, señaló el representante del bloque oficialista.

También la sección regional del partido en la provincia de KwaZulu-Natal (este), de donde es originario Zuma, anunció que va a establecer un fondo fiduciario para sufragar la defensa.

La Justicia de Sudáfrica dictó este jueves que Zuma deberá pagar sus propios gastos legales, hasta ahora sufragados por el Estado, en un caso en el que se le acusa de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude.

Los cargos están relacionados con cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas realizadas en relación a un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990.

La imputación siguió un camino judicial muy complejo durante más de una década hasta que, en marzo pasado, el entonces fiscal general de Sudáfrica, Shaun Abrahams, anunció que se acusaba formalmente al expresidente.

Zuma había dimitido un mes antes, forzado por el propio CNA por sus numerosos escándalos de corrupción y su mala imagen.

En virtud de un acuerdo firmado por la Fiscalía y la Presidencia sudafricana antes de que él accediera al poder, el Estado corre con los gastos legales en los casos en los que un alto cargo es acusado de delitos cometidos en ejercicio de su función.

Dado que los costes legales de esta causa se remontan ya más de una década, la oposición -impulsora del proceso judicial para interrumpir la asistencia financiera del Estado- calcula que las arcas públicas aportaron a Zuma unos 32 millones de rands (unos 2 millones de euros).

La Justicia falló a favor de la reclamación opositora y dictó que el expresidente no solo deje de recibir dinero público para pagar su defensa, sino que también deberá devolver los fondos aportados hasta ahora por el Estado.