La Policía exige permiso para “toda movilización” en Nicaragua

La Policía de Nicaragua estableció hoy que “toda movilización” requiere de su permiso y que “tomará todas las medidas necesarias para mantener la seguridad”, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega desde abril pasado.

“Nuestra Constitución Política y la Ley 872 de la Policía Nacional, establecen que toda movilización en cualquier parte del país debe realizarse una vez que los organizadores han solicitado el permiso correspondiente ante las autoridades policiales y que este haya sido otorgado”, informó la institución en una nota de prensa.

“La Policía Nacional ratifica que ninguna actividad puede realizarse sin la correspondiente autorización y cobertura policial a fin de no afectar la vida social, económica, comercial, financiera, religiosa y de recreación del pueblo nicaragüense”, agregó.

Esta es la segunda ocasión en dos semanas en que la Policía nicaragüense emite notas de prensa que, según las organizaciones humanitarias, atentan contra los artículos 53 y 54 de la Constitución de Nicaragua, que “reconoce el derecho de reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo” y el “derecho de concentración, manifestación y movilización pública”.

La Policía de Nicaragua también advirtió que “no se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso”.

Asimismo, agregó que “tomará todas las medidas necesarias para mantener la seguridad, el orden público, los derechos de la ciudadanía a movilizarse y circular en sus actividades normales”.

Nicaragua vive una crisis social y política desde abril, que ha generado varias protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos y más de 300 “presos políticos”, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, además de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

En tanto, el presidente nicaragüense sostiene que sufre un intento de “golpe de Estado”.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social, que dieron paso a una exigencia de renuncia debido a los centenares de muertos durante las manifestaciones.