Sanidad alega que el PSM no tiene “legitimidad procesal” para pedir la suspensión del concurso

La Consejería de Sanidad ha alegado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el PSM no tiene “legitimidad procesal” para reclamar la suspensión cautelar del concurso para la externalización de seis hospitales, al no sufrir “perjuicio directo” ni ser “una parte interesada” en el proceso. El consejero se ha pronunciado así tras la decisión de la Justicia de paralizar el proceso de privatización de seis centros de la región.

Además, Fernández-Lasquetty ha explicado que la corrección del importe de la garantía que deben abonar los licitadores “se publicó el 3 de junio y, cuando el PSM presentó recurso contencioso-administrativo el 12 de junio, la conocía perfectamente”, ya que fue publicada en el BOCM y, sin embargo, “no pidió la suspensión cautelar por este motivo, no se les ocurrió o no lo pensaron”.

Solamente “el 4 de julio, un mes después” es cuando el PSM pide la suspensión “con carácter cautelarísimo”, que según Lasquetty es “una medida muy, muy extraordinaria”, basándose en esta corrección, que “en todo caso, favorecía una mayor concurrencia”, ya que bajaba la garantía del 5% del total del contrato al 5% del importe anual del mismo.

Así lo ha explicado el consejero tras un acto sobre asistencia a infartados, donde ha detallado las alegaciones que la consejería ha presentado hoy, un día antes del plazo límite, en las que asegura que el PSM “sólo tiene un interés político y partidista en el recurso”.

Según Lasquetty, el recurso presentado por diputados y concejales del PSM es similar a otros que han sido rechazados, ya que según la jurisprudencia de los tribunales Constitucional, Supremo y del propio TSJM solo puede pedir la suspensión cautelar “quien tenga un perjuicio directo o sea directamente una parte interesada”.

A juicio del consejero, el Partido Socialista “intenta que los tribunales le hagan el trabajo que corresponde al ámbito político” y que el PSM debía haber hecho en la Asamblea de Madrid y en el debate público.

En segundo lugar, Sanidad alega que el PSM utilizó “durante semanas” una estrategia que empleaba “incluso la intimidación y las amenazas”, con el objetivo de “ninguna empresa se presentara al concurso”.

Sin embargo, ahora el PSM “justifica su solicitud en un deseo de que se hubieran presentado más” empresas, lo que para el consejero constituye una “contradicción evidente en los argumentos del PSM”, que con tal de llevar adelante sus intereses partidistas “es capaz de utilizar primero un argumento y luego su contrario”, lo que “no es admisible”.

En tercer lugar, “se inscribe dentro de una estrategia de acoso procesal por parte del PSM, que ha ido utilizando en cada momento, de manera torticera herramientas del derecho” en función de sus intereses, ha añadido en relación a la corrección del importe de la garantía.

Cuando se corrigió el error “quedaban días suficientes antes del plazo de presentación de ofertas; no se había presentado en aquel momento ninguna oferta”, ha dicho antes de agregar que la publicación de la corrección “no perjudicó a nadie, la mejor prueba es que ninguno de los posibles licitadores recurrió ni en su momento ni ahora”.

Tras considerar que la corrección “en todo caso favorecía una mayor concurrencia”, ha reiterado que el PSM no solicitó en su recurso del 12 de junio “medida cautelarísima de ninguna clase”, y sólo lo hizo “un mes después”, cuando vio que ya se iba a resolver la licitación.

Finalmente, Lasquetty ha recordado que la externalización forma parte de “un esfuerzo de ahorro” que contribuye a la sostenibilidad de la sanidad y que, “mantener suspendida cautelarmente la externalización y el concurso causaría un perjuicio a todos los madrileños”.

El interés del PSM “está en contra del interés público”, ha dicho Lasquetty para quien “a pesar de que el PSOE ponga todos los palos en las ruedas, desate todas las guerras de recursos, de manifestaciones, estamos absolutamente comprometidos con la sanidad pública”, para que siga siendo gratuita y universal “a pesar de la crisis”.

El TSJM deberá pronunciarse dentro de diez días tras la presentación de las alegaciones de la Consejería, aunque sólo se pronunciará sobre la suspensión cautelar y todavía no sobre el fondo de la cuestión.