La batalla por el nuevo juez del Supremo de EE.UU. amenaza a los republicanos del Senado

La batalla entre republicanos y demócratas por la confirmación de Merrick Garland como nuevo juez del Tribunal Supremo de EEUU amenaza la mayoría que ostentan los conservadores en el Senado y que los demócratas tratarán de arrebatarles en las elecciones de noviembre próximo.

“Toda la infraestructura progresista va a estar dando la batalla”, aseguró hoy durante una conferencia telefónica el presidente del grupo Americans United For Change, Brad Woodhouse, quien ha lanzado una campaña para lograr la confirmación de Garland, aprovechando que el Senado está en receso.

Ese grupo progresista, junto a docenas de organizaciones, ha lanzado la campaña “9-9-9” con la que pretenden presionar a los senadores republicanos de nueve estados, durante nueve días para lograr que el Tribunal Supremo tenga los nueve jueces de los que debe estar compuesto.

Actualmente, en el alto tribunal hay ocho jueces, divididos entre cuatro conservadores y cuatro progresistas, debido a la muerte en febrero pasado del juez conservador Antonin Scalia.

“Hagan su trabajo” es uno de los lemas de la campaña con la que organizaciones latinas, sindicales y ecologistas quieren presionar a los republicanos del Senado, encargados de confirmar a Garland, nominado por Obama para el Tribunal Supremo el 16 de marzo.

Encabezados por el líder de la mayoría republicana en la Cámara alta, Mitch McConnell, los legisladores han bloqueado cualquier votación sobre Garland con el objetivo de que sea el próximo presidente, que salga elegido en noviembre, quien nombre a un juez, con la esperanza de que sea más favorable a las ideas republicanas.

En respuesta, los aspirantes demócratas a conseguir un asiento en el Senado han atacado a sus contrincantes republicanos, echándoles en cara que hayan bloqueado la confirmación de Garland.

De esta forma, las organizaciones progresistas detrás de la campaña “9-9-9” centran sus esfuerzos en nueve de estados clave para las elecciones de noviembre, cuando los estadounidenses eligen presidente, renuevan un tercio de la Cámara Alta y la totalidad de la Cámara Baja.

Los nueve estados en los que las organizaciones centrarán su campaña son Nuevo Hampshire, Illinois, Wisconsin, Ohio, Pensilvania, Iowa, Misuri, Carolina del Norte y Arizona, donde se juega el escaño el senador John McCain, que perdió frente a Obama en las elecciones presidenciales de 2008.

En Iowa el senador republicano que preside el Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, pretende ser reelegido, pero se encuentra bajo fuertes críticas por ser el rostro del bloqueo a la confirmación de Garland como nuevo juez del Supremo.

“Hay demasiado en juego como para ausentarse de la lucha”, dijo hoy Michael Brune, director ejecutivo del Sierra Club, una de las organizaciones ecologistas más antiguas e influyentes de EEUU.

Esta organización sigue de cerca los casos sobre protección al medioambiente del Tribunal Supremo, que también tiene pendiente decidir sobre las regulaciones de las clínicas de aborto y las medidas migratorias decretadas por Obama para frenar la deportación de cerca de cinco millones de inmigrantes indocumentados.

En todos estos casos, si se produce un empate, los ocho magistrados tienen la opción de mantener firme el veredicto de la corte inmediatamente inferior o decidir que el caso vuelva a argumentarse ante el Tribunal Supremo una vez que un nuevo juez se haya incorporado a la corte.

En cualquier caso, la decisión de la corte producto de un empate no sienta un precedente a nivel nacional, de forma que si por ejemplo, un caso concierne solo a Texas, la decisión del Tribunal Supremo solo afectaría a ese estado y otras organizaciones o entidades locales podrían desafiar la política en cuestión.

Garland, presidente de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia y con fama de moderado, ha mantenido reuniones en el Congreso con varios legisladores, pero el proceso parece firmemente estancando y los republicanos amenazan con dejar el asiento del Supremo vacío hasta que tome posesión un nuevo presidente.

Por su parte, la Casa Blanca sigue instando a los republicanos a actuar y piden un “trato justo” para el juez.

“No hay absolutamente ninguna razón para que los senadores republicanos nieguen (a Garland) la cortesía de una audiencia y una votación, la misma cortesía que han extendido a otros”, señaló este sábado Obama durante su discurso semanal de los sábados, cuando se cumplieron 45 días desde su nominación.

Este es el tercer juez que Obama nomina para el Tribunal Supremo durante su presidencia, dado que a comienzos de su primer mandato nominó a las magistradas Elena Kagan y la hispana Sonia Sotomayor.